Noticias de Los Tiempos de Cochabamba
54% rechaza la reforma de la CPE para otra reelección de Evo
La mayoría de los bolivianos si inclina por rechazar la
modificación del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para
facilitar la reelección del Presidente y del Vicepresidente del Estado por dos
veces consecutivas, según los resultados de la encuesta de opinión pública
realizada por la empresa Mercados y Muestras SRL en zonas urbanas y rurales de
los nueve departamentos del país.
“¿Ud. está de acuerdo con la modificación del Artículo 168
de la Constitución Política del Estado para facilitar la reelección del
Presidente y del Vicepresidente del Estado?” fue la primera pregunta que se
hizo a 800 personas, 54 por ciento de las cuales respondió que no está de
acuerdo con la modificación del texto constitucional (en septiembre pasado, el
52 por ciento rechazaba la reforma), frente a 40 por ciento que expresó su
aprobación y 6 por ciento afirmó que todavía no tiene una opinión formada, por
lo que se abstuvo de responder.
Según el estudio, esa tendencia es similar tanto en las
áreas urbanas como rurales, aunque el apoyo a la reelección es ligeramente
mayor en las áreas rurales, donde la opción a favor de esa posibilidad tendría
un 42 por ciento, de respaldo, frente a un 38 por ciento en las áreas urbanas.
El rechazo a la reforma constitucional es en cambio mayor en
las ciudades, donde llega a 57 el porcentaje de personas que desaprueba la
reelección, y sólo llega al 50 por ciento la cantidad de gente que así opina en
las zonas rurales. En las áreas rurales es mayor la indecisión, pues 8 por
ciento de la gente afirma que aún no sabe cómo votará cuando llegue el momento
de hacerlo.
Vistas las tendencias de la opinión pública desde el punto
de vista del género de las personas encuestadas, los resultados indican que no
hay variaciones significativas entre varones y mujeres, pues los porcentajes
son los mismos.
La edad, en cambio, aparece como variable importante, pues
entre las personas comprendidas entre los 35 a 54 años es mayor que en los
demás grupos etáreos la aceptación de la reforma constitucional pues llega al
43 por ciento, tres puntos más que el promedio, la cantidad de personas que
aprobaría la modificación propuesta.
La tendencia es muy similar, con muy ligeras variaciones,
cuando en la pregunta se hizo explícita la posibilidad de que la modificación
constitucional propuesta se aplique concretamente a la reelección del actual
Presidente. “¿Ud. está de acuerdo con la reelección del presidente Evo Morales
para un nuevo período?”, fue la segunda pregunta, ante la que no hubo una
variación significativa del porcentaje de personas que rechaza tal posibilidad
(53 por ciento), pero sí llega a ser relativamente importante el aumento de
opiniones favorables (45 por ciento), 5 puntos más que en la anterior pregunta,
mientras el porcentaje de personas indecisas se reduce a sólo el 2 por ciento.
En este caso, es entre las personas más jóvenes, las
comprendidas entre los 18 y 24 años, donde es mayor la aprobación a que sea Evo
Morales el favorecido con la reforma constitucional (49 por ciento). En el otro
extremo, el de las personas mayores de 55 años, es el grupo en el que es menor
la aceptación pues sólo 42 por ciento, tres puntos menos que el promedio
general.
Cuando la reforma constitucional propuesta se asocia
directamente a la figura del Vicepresidente actual, en cambio, tanto en las
zonas rurales como en las urbanas aumenta el rechazo hasta llegar al 62 por
ciento y el 48 por ciento respectivamente.
La encuesta también se propuso indagar en qué medida las
opiniones a favor o en contra de la reforma constitucional varían cuando tal
posibilidad se asocia a los principales líderes de la oposición. Se pidió a las
personas encuestadas que asuman el hipotético caso de que Samuel Doria Medina,
Jorge Tuto Quiroga y Rubén Costas fueran los mandatarios que se habiliten para
una segunda reelección con la modificación de la CPE y en los tres casos fue
considerablemente mayor el porcentaje de personas que se opondrían a tal
eventualidad.
“¿Si Samuel Doria Medina fuera el presidente que busca la
reelección, usted lo apoyaría?” fue la tercera pregunta que se hizo a las
personas encuestadas. Llegó a 72 por ciento la cantidad de personas que dijo
que no apoyaría su reelección, mientras que sólo el 20 por ciento sí lo haría.
La misma pregunta planeada para el hipotético caso de que
fuera Quiroga el postulante a una reelección dio como resultado un 77 por
ciento de rechazo, mientras que sólo el 18 por ciento lo aprobaría.
Rubén Costas, por último, aparece como el líder opositor con
menor resistencia ante el hipotético caso de ser el aspirante a renovar su
mandato presidencial pues no supera el 67 por ciento la cantidad de gente que
se opondría a esa posibilidad, mientras que el 27 por ciento de la población
encuestada manifestó que sí lo apoyaría.
Costas repunta en la oposición; no ven sucesor de Evo en el oficialismo
¿Si en el próximo referendo constitucional ganara el Sí a la
reelección presidencial, quién debería ir como candidato por la oposición? ¿Y
si ganara el No (inhabilitando a Evo Morales), quién por el oficialismo? Son
los dos escenarios posibles que se plantean el elector de cara a la consulta
popular del próximo 21 de febrero.
Para el primer caso, el 28 por ciento de los encuestados
apuesta por el gobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Demócrata Social
(MDS), Rubén Costas, seguido muy de cerca (20 por ciento), por la opción
“ninguno”, lo que devela que de cada 10 consultados no vislumbra a un candidato
potable por la oposición. Más atrás, con el 15 por ciento de apoyo, aparece el
líder de Unidad Nacional (UN), y empresario cementero, Samuel Doria Medina.
Con porcentajes inferiores al 10 por ciento figuran el
actual gobernador de La Paz, Félix Patzi (9 por ciento); el expresidente Jorge
Quiroga Ramírez, y el actual alcalde de La Paz, Luis Revilla (ambos con el 8
por ciento).
Haciendo el análisis por departamentos, Costas registra un
contundente apoyo en su tierra natal con 62 por ciento de la preferencia
electoral y en Pando 33 por ciento. En el resto de los departamentos, su
respaldo es inferior al 15 por ciento, incluyendo Beni, donde el opositor
favorito es Doria Medina con 21 por ciento, sobrepasando incluso al
exgobernador Ernesto Suárez que, en su bastión, sólo conquista el 12 por
ciento, según la encuesta. Doria Medina tiene también apoyo en Tarija, donde el
39 por ciento lo apoya como el candidato de la oposición.
El oficialismo
Si en la oposición es Costas quien logra superar la nebulosa
del “ninguno”, en el oficialismo esta última posibilidad opaca todas las
alternativas de relevo.
A la pregunta de quién debería suceder como candidato a Evo
Morales en caso de que el No gane en el próximo referendo, el 45 por ciento
responde justamente “ninguno”. Muy por atrás, con porcentajes inferiores al 10
por ciento aparecen el canciller David Choquehuanca (9 por ciento); el ministro
de Gobierno, Carlos Romero, y la actual presidenta de la Cámara de Diputados,
Gabriela Montaño (ambos con el 7 por ciento). La hija del Primer Mandatario,
Eva Liz Morales (una de las opciones de la que también se habló en el
oficialismo), tiene respaldo de 6 por ciento.
No hay grandes diferencias por departamentos en este asunto,
salvo que Choquehuanca tiene más respaldo en La Paz (18 por ciento), mientras
que Montaño parece tener más apoyo en Beni (21 por ciento) y Tarija (18 por
ciento).
Este escenario confirma que la población no ve un sucesor a
Morales, que una vez más se consolida como caudillo de su partido.
Curiosamente, cuando la encuesta pregunta sobre qué debería hacer el Presidente
en caso de que gane el NO, la respuesta con más votos es “Terminar su mandato y
buscar un sucesor” (38 por ciento); muy de cerca aparece la alternativa “dejar
la política” (35 por ciento), mientras que en tercer lugar, aunque con un
porcentaje nada despreciable (22 por ciento) aparece la recomendación de
“intentar por otra vía una nueva reelección”.
En síntesis, la mayoría de los encuestados piden a Morales
que acabe su mandato y busque un sucesor, pero no saben quién puede ser ese
sucesor.
En una análisis por departamentos, los mayores
pronunciamientos por esta alternativa están en el oriente: Santa Cruz (49 por
ciento), Beni (32 por ciento) y Pando (56 por ciento), pero también destaca uno
de occidente: La Paz (35 por ciento). La alternativa de “dejar la política”
aparece con mayor fuerza en los sureños Chuquisaca (52 por ciento) y Potosí (50
por ciento).
Campañas
Ya en otro acápite, la mitad de las personas consultadas por
la encuesta (48 por ciento) cree que la oposición debería involucrarse en la
campaña por el No, mientras que un 35 por ciento considera que debe mantener al
margen de esta campaña.
Nuevamente, son los departamentos orientales los que más
apoyan la participación activa de la oposición por el NO: Santa Cruz (57 por
ciento), Beni (56) y Pando (67 por ciento). Y nuevamente es La Paz el
departamento de occidente que se suma a oriente en esta alternativa (50 por ciento).
En este segmento, aparece también Tarija (66 por ciento) reclamando el
pronunciamiento de la oposición contra la reelección.
Buena nota a la gestión de Evo Morales
Si bien, la mayoría de la población se pronuncia en contra
de cambios constitucionales que posibiliten una nueva reelección presidencial,
la mayoría de los encuestados también asigna una buena nota a la gestión de Evo
Morales.
El 41 por ciento la considera buena y el 15 por ciento,
excelente. Si se sumaran las respuestas a ambas posibilidades, es posible
afirmar que Morales cuenta con un 56 por ciento de aprobación, contra un 30 por
ciento que califica su labor sólo de regular o un 7 por ciento que la ve como
mala y otro 7 por ciento, pésima.
Curiosamente, los departamentos que mayor nota le asignan
son los de oriente, que tradicionalmente no son el bastión del MAS. Así,
sumando “excelente” y “buena”, Santa Cruz asigna 52 por ciento, Beni 59 y Pando
67 por ciento. A estos se suma también La Paz, donde el porcentaje de
aprobación sube hasta el 65 por ciento.
En cuanto a gobernadores, sólo Rubén Costas con su 67 por
ciento de “excelente/buena” en Santa Cruz supera el porcentaje de aprobación
nacional de Morales. El segundo gobernador con mayor puntaje es el pandino,
Luis Adolfo Flores, con 44 por ciento de gestión “excelente/buena”.
Del otro lado, el gobernador con peor nota es el potosino,
Juan Carlos Cejas. El 58 por ciento de los encuestados en ese departamento
califican su gestión como “mala/pésima”.
En cuanto a alcaldes, la mayoría de la población nacional
parece estar contenta con ellos. El 51 por ciento ve su gestión como
“excelente/buena”; el 28 por ciento regular, y el 12 por ciento “mala/pésima”.
Tribunal poco creíble
El actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tendrá a su
cargo la misión de verificar el debido proceso del referendo constitucional
previsto para el próximo 21 de febrero en el país, goza de muy poca
credibilidad entre los encuestados, que expresan sus dudas de que la actual
directiva pueda llevar adelante un proceso imparcial de la consulta.
El 55 por ciento de las personas consultadas consideran al
ente electoral “poco creíble” y el 28 por ciento “nada creíble”, haciendo un
porcentaje negativo de 83 por ciento. Sólo el 11 por ciento de los encuestados
consideran al TSE “muy creíble”, mientras que el 6 por ciento prefiere
abstenerse de responder.
Santa Cruz y Pando (con 60 y 67 por ciento, respectivamente)
son los departamentos donde se registran las mayores expresiones de esa poca
credibilidad.
Asimismo, el que le asigna el mayor porcentaje de “nada
creíble” es Potosí, un departamento en el que sólo el 8 por ciento de su
población considera que puede confiar en el TSE y el 23 por ciento prefiere
abstenerse de responder, según la muestra de la encuesta.
Los porcentajes totales sobre la credibilidad del TSE se
reproducen sin grandes diferencias, cuando se hacen las separaciones entre las
opiniones del área urbana y la rural.
En la encuesta, se consulta también si aprovechando la
opinión sobre la reelección del Presidente no debería hacerse también lo mismo
sobre alcaldes y gobernadores, propuesta a la que el 45 por ciento responde que
sí y el 49 por ciento que no
Investigación expone falencias de la Ley 348
Una investigación revela que la eficacia de la Ley 348
Contra la Violencia a la Mujer está en entredicho porque existen fallas
preocupantes e insensibilidad en las actuaciones policiales, judiciales y
médicas para atender a las víctimas.
Las organizaciones privadas Alianza Libres Sin Violencia y
la Comunidad de Derechos Humanos realizaron este año una investigación con una
revisión de 287 casos, encuestas a 483 usuarias de los servicios estatales que
atendieron esos procesos y entrevistas a 81 abogados de 28 municipios del país.
El estudio establece que hay “importantes falencias” en los
servicios públicos que atienden a las víctimas de la violencia.
Las fallas detectadas, según el informe, vulneran los
procedimientos mínimos que el Estado debe garantizar para proteger a las
mujeres cuando sufren violencia, recogidos desde 2013 en la Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Las encuestas realizadas a víctimas de violencia buscaron
determinar si se cumplen los procedimientos estándares internacionales,
protocolos y principios sobre la “debida diligencia” por parte de policías,
fiscales y jueces, explicó la abogada Mónica Baya.
Un 86 por ciento de las víctimas de violencia sexual “no
recibió anticoncepción de emergencia ni tratamiento para prevenir enfermedades
de transmisión sexual en los servicios de salud”, denuncia el informe.
El estudio señala ese porcentaje como “muy preocupante”, ya
que puede agravar la situación de la víctima si ésta queda embarazada y tiene
que recurrir al aborto, cuando esa gestación pudo detenerse.
Las instituciones responsables del informe recuerdan que los
municipios y las gobernaciones son las responsables de dotar de los
medicamentos a los centros médicos para esos casos, pero, además, sostienen que
los médicos no son proactivos a la hora de ofrecer esos tratamientos a las
víctimas.
No hay gratuidad
A pesar de que la ley establece que la atención a las
víctimas debe ser gratuita, un 58 por ciento de las mujeres encuestadas aseguró
que pagó gastos durante el proceso de denuncia, desde fotocopias y otros
materiales hasta el transporte de los policías asignados a su caso.
La falta de capacitación es otra de las piedras con las que
tropieza la aplicación de la ley.
Así, un 86 por ciento de los abogados que asesoran a
víctimas consideran que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia (Felcv) no está capacitado en violencia de género, como tampoco la
mayoría de los fiscales.
La Razón / La Paz
El Estado también podrá apelar en juicios de responsabilidades
Con la modificación parcial de la Ley 044, de Juicio de Responsabilidades
contra Altas Autoridades, no solo se abrirá una segunda instancia de apelación
para el o los acusados, sino también el Estado podrá recurrir a ese recurso
para buscar sentencia.
En noviembre, la Cámara de Senadores aprobó la modificación de
los artículos 15, 18 y 19 de la mencionada norma con el objetivo de adecuar
la ley al Pacto de San José de Costa Rica, al que Bolivia se suscribió en
1969 y que ratificó en 1993, para allanar el concepto de “la doble instancia”.
Se busca garantizar el debido proceso.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS),
explicó a La Razón que así se garantiza la instancia de apelación, solo en caso
de juzgamiento a autoridades y exautoridades del Ejecutivo (presidente y
vicepresidente), que no tengan sentencia ejecutoriada, o por parte del Estado
hacia esas personas.
La autoridad puso como ejemplo el caso del expresidente
Gonzalo Sánchez de Lozada (prófugo en Estados Unidos), procesado por el delito
de “masacre sangrienta” por los hechos de 2003. Gonzales sostuvo que si bien es
el único exmandatario que por el momento podrá acogerse a una eventual
apelación, con la modificación de la Ley 044 también se abre “un paraguas de
protección legal” para el Estado.
Debate.
“Si en este juicio, sin la modificación de la ley, Sánchez
de Lozada resulta ser inocente, el acusador —que es la Fiscalía— no tendría la
opción de apelar el fallo final (...). Empero, con la reforma normativa se abre
paso a que el Estado, a través del Ministerio Público, vaya a una segunda instancia
si es que el expresidente fuera declarado libre de culpa por un juez”, explicó
Gonzales, en el entendido de que Bolivia está obligada a generar la segunda
instancia judicial en correspondencia al artículo 8 del Pacto de San José.
Este tratado internacional, del que Bolivia es signatario,
entró en vigencia en 1978 y se constituye en una de las bases del sistema
interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo,
la oposición en el Legislativo considera que no solo es un beneficio para
Sánchez de Lozada, sino que se busca “blindar” a los actuales mandatarios, Evo
Morales y Álvaro García Linera, de futuros juicios.
“Por encima del beneficio o perjuicio que representa para
Goni (Sánchez de Lozada) u otro exmandatario, lo que se busca es proteger a
Morales y García cuando pierdan el poder, remarcó el diputado opositor Bernard
Gutiérrez (UD). El legislador cree que es posible que se abra una causa en
contra de los actuales gobernantes por la intervención en el hotel Las Américas
de Santa Cruz de la Sierra.
Un grupo de élite de la Policía irrumpió en abril de 2009 en
ese hospedaje cruceño. En el operativo murieron tres extranjeros y otros dos
fueron detenidos acusados de querer asesinar a Morales. El Gobierno denunció un
intento separatista en momentos en los que se discutía la nueva Constitución Política
del Estado (CPE).
“Esas autoridades (presidente y vicepresidente) tienen
responsabilidad penal”, señaló el senador Edwin Rodríguez (UD), quien además
anunció un recurso de inconstitucionalidad abstracto contra la reforma de la
norma, que luego de ser aprobada en el Senado pasó a la Cámara de Diputados
para su consideración.
Ante estas percepciones, Gonzales insistió en que la Ley
044, promulgada en 2010, no contempla una doble instancia y que da lugar a
contradicciones con la CPE, que en su artículo 180 dispone que el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) juzgue al presidente y vicepresidente “en pleno y en
única instancia”, empero, el 256 señala que los tratados en materia de derechos
humanos, que “declaren derechos más favorables a los contenidos en la
Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre
ésta”.
Ruta.
Si el proyecto de modificación no sufre ajustes en
Diputados, será sancionado posiblemente antes de fin de año. El vicepresidente
de esa cámara, Víctor Borda (MAS), indicó que aún no hay fecha para su
tratamiento.
De acuerdo con la propuesta, la segunda instancia se creará
en el mismo TSJ, compuesto por seis vocales, de los cuales, tres se
convertirán en tribunal de sentencia y los otros tres magistrados conformarán
el tribunal de apelación cuando se emita una sentencia judicial, que no sea
ejecutoriada.
El IGM prepara para el martes informe de hitos
Hasta el martes, el Instituto Geográfico Militar (IGM) dará
un informe oficial sobre la presunta remoción de un hito en la frontera con
Chile, ubicado al sudoeste de Potosí, en la provincia Daniel Campos, anunció el
ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
La autoridad aclaró que se trata de un “hito intermedio”
entre el 54 y 55, y que si el estudio confirma la denuncia hecha por comunarios
del lugar de que un mojón fue movido cinco kilómetros de su posición original,
la Cancillería boliviana deberá asumir medidas, de lo contrario el caso se
archivará.
“El lunes llegará la comisión del IGM con el informe y hasta
el martes se procesarán los resultados para tener un informe oficial”,
manifestó Ferreira a La Razón.
El pasada semana, el Ministro de Defensa y el comandante del
Ejército, José Luis Begazo, visitaron cuatro puestos de avanzada en la frontera
con Chile, donde pobladores de la región denunciaron que personal de una
empresa minera, afincada en Chile, movió el hito 55 para obtener agua dulce de
la laguna El Desierto, ubicada en territorio nacional.
De inmediato, ambas autoridades sobrevolaron el lugar para
hacer una inspección preliminar e instruyeron ese mismo día al IGM iniciar un
estudio técnico para evidenciar la denuncia.
Ayer, Ferreira señaló que los denunciantes aclararon que no
se trata del hito 55, sino de un mojón “intermedio” que habría sido removido.
“Por eso se dio la orden de que se haga un estudio de todos los hitos
intermedios entre el 54 y 55, además del 55 y 56”.
Este hecho generó una serie de reacciones en el territorio
nacional. Por un lado, se anunció la construcción de un “cuartel mecanizado” en
el municipio de Llica, capital de la provincia Daniel Campos, para mejorar la
vigilancia de la soberanía nacional y frenar actos ilícitos en la frontera.
Además, una comisión de legisladores viajará la próxima semana a Potosí para
verificar la denuncia sobre la presunta remoción de un hito fronterizo.
Empero, desde Chile se informó sobre hechos ilícitos en esa
región. En noviembre, empresarios denunciaron el robo de un camión cisterna de
la empresa Copec —que traslada combustible— y de dos vehículos de una compañía
dedicada a la topografía, a 65 kilómetros de Llica. Además, informes policiales
dieron cuenta de la detención de 28 personas portando droga en los últimos 10
meses. En ese contexto, Chile llamó a la cónsul de Bolivia en Santiago,
Magdalena Cajías, para quejarse por la “falta de acción boliviana” ante la
inseguridad fronteriza, en un momento en que no existe diálogo político entre
ambos países.
En ese marco es que se elabora un plan para “reforzar” la
frontera y así los puestos militares cuenten con la logística para hacer el
control, afirmó Ferreira.
La frontera de Bolivia y Chile tiene 850 kilómetros. Allí,
el país tiene 20 puestos de vigilancia.
Macri dice que Argentina no prescindirá del gas boliviano
El electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, descartó
que su país vaya a prescindir del gas boliviano y más bien destacó el
“importante rol” que tiene Bolivia para “volver a integrar la matriz energética
de la región”. Admitió que el gas que importa de ultramar es caro y tiene
inconvenientes.
“Tenemos que volver a integrar la matriz energética de la
región, donde Bolivia tiene un muy importante rol para el país del cual no
tenemos por qué prescindir”, dijo Macri tras sostener una reunión el viernes en
Santiago con la gobernante de Chile, Michelle Bachelet, según una nota de
prensa publicada en el diario bonaerense Clarín.
También fue enfático al señalar que su país estudia la
posibilidad de sustituir progresivamente las importaciones del energético que
llega de mercados de ultramar a través de barcos metaneros. “Lo que debemos
hacer es ir disminuyendo las importaciones extrazona que son caras y tienen
inconvenientes”, puntualizó Macri.
Argentina recurre actualmente a tres fuentes para su
abastecimiento de gas natural: producción interna, importaciones de Bolivia y
compras de GNL (Gas Natural Licuado) de barcos metaneros. En este último caso,
el energético es regasificado en puerto e inyectado al sistema de gasoductos
troncales de la nación vecina.
Demanda.
El consumo interno de gas natural en Argentina ronda los 150
millones de metros cúbicos por día (MMmcd). Las importaciones de Bolivia representan
aproximadamente el 10% de ese total. En el último mes, los envíos a ese país
fluctuaron en promedio entre los 15 y los 16 MMmcd.
Antes de concluir sus funciones en el país, el embajador de
Argentina, Ariel Basteiro, declaró el 26 de noviembre que “no hay un futuro
promisorio” para las exportaciones de gas boliviano porque el nuevo gobierno de
su país, encabezado por Mauricio Macri, reducirá las compras y preferirá
hacerlo de mercados de ultramar.
El diplomático, quien fue condecorado con el Cóndor de los
Andes por el Estado boliviano, adelantó entonces que esta política, junto a
otras que prepara la administración de Macri, se aplicarán a partir de este mes
porque sus ministros vienen de empresas multinacionales. Por este motivo,
añadió Basteiro, “no hay un futuro promisorio” para el energético boliviano.
“Las políticas de Macri están más apuntadas a bajar el
consumo de energía en Argentina y, por tanto, la demanda (de gas) va a ser
menor por parte de Argentina. El otro tema es que tiene una visión comercial o
muy de negocios de dónde o cómo comprar el gas y yo expliqué que hay barcos
gasificadores que venden el gas a un precio menor que el que Argentina paga a
Bolivia”, señaló entonces.
Cinco días más tarde, el 1 de diciembre, el presidente Evo
Morales afirmó en una conferencia de prensa que los “contratos se respetan”.
“Hay un contrato (de compra-venta) firmado, un convenio firmado sobre el tema
del gas; si el Gobierno (argentino) plantea revisar los contratos, será (parte
de) la negociación, pero los contratos se respetan”, manifestó.
El contrato de compra-venta de gas natural entre las
estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía
Argentina SA (Enarsa) fue suscrito en 2006 con una duración de 21 años a partir
del 1 de enero de 2007. El convenio establece el envío de un volumen inicial de
7,7 MMmcd durante los tres primeros años, con posibilidad de incrementarse
hasta alcanzar los 27,7 MMmcd, manteniendo este nivel hasta la finalización del
contrato.
El Gobierno prevé en el proyecto de Ley de Presupuesto
General del Estado (PGE) 2016 que Argentina demandará el próximo año un
promedio de 14,98 MMmcd del energético, cuando, según la adenda suscrita con
ese país, se establece para el periodo 2016-2017 un volumen mínimo de 19,9 MMmcd
y un máximo de 23,4 MMmcd.
La Prensa / La Paz
Ley antimachista de Bolivia, en entredicho
La eficacia de la ley contra la violencia machista en
Bolivia está en entredicho tras una investigación que detectó fallos
preocupantes e insensibilidad en las actuaciones policiales, judiciales y
médicas para atender a las víctimas en el país latinoamericano con mayores
tasas de violencia contra la mujer, señala un reporte de EFE.
Las organizaciones privadas Alianza Libres Sin Violencia y
la Comunidad de Derechos Humanos realizaron este año una investigación con una
revisión de 287 casos, encuestas a 483 usuarias de los servicios estatales que
atendieron esos procesos y entrevistas a 81 abogados de 28 municipios del país.
El estudio establece que hay "importantes falencias"
en los servicios públicos que atienden a las víctimas de la violencia.
Los fallos detectados, según el informe, vulneran los
procedimientos mínimos que el Estado debe garantizar para proteger a las
mujeres cuando sufren violencia, recogidos desde 2013 en la Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Falta de asistencia.
Las encuestas realizadas a víctimas de violencia buscaron
determinar si se cumplen los procedimientos estándares internacionales,
protocolos y principios sobre la "debida diligencia" por parte de
policías, fiscales y jueces, explicó la abogada Mónica Baya.
Un 86 % de las víctimas de violencia sexual "no recibió
anticoncepción de emergencia ni tratamiento para prevenir enfermedades de
transmisión sexual en los servicios de salud", denuncia el informe.
La investigación señala ese porcentaje como "muy
preocupante", ya que puede agravar la situación de la víctima si esta
queda embarazada y tiene que recurrir al aborto, cuando esa gestación pudo
detenerse en las primeras 48 horas tras la agresión.
Las instituciones responsables del informe recuerdan que los
municipios y las gobernaciones son las responsables de dotar de los
medicamentos a los centros médicos para esos casos, pero, además, sostienen que
los médicos no son proactivos a la hora de ofrecer esos tratamientos a las
víctimas.
A pesar de que la ley establece que la atención a las
víctimas debe ser gratuita, un 58 % de las mujeres encuestadas aseguró que pagó
gastos durante el proceso de denuncia, desde fotocopias y otros materiales.
Falta de capacitación.
Así, un 86 % de los abogados que asesoran a víctimas
consideran que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
(FELCV) no está capacitado en violencia de género, como tampoco la mayoría de
los fiscales.
Esta falta deriva en situaciones de "insensibilidad
absoluta" como lo es el que un 80 % de las mujeres que requerían atención
médica porque llegaron con heridas a la Policía no fueran acompañadas a un
centro médico.
Las encuestas también detectaron que los agentes que
atienden los casos no acompañan a las víctimas a lugares más seguros y si lo
hacen casi siempre es a la misma casa donde puede estar el agresor.
La FELCV tampoco ofrece la atención integral psicológica y
social multidisciplinaria que prevé la norma y las fiscalías sí tienen equipos
de ese tipo, pero son pocos, según Baya.
Tampoco se aplicaron las medidas de protección legales
durante las siguientes 72 horas a la agresión y, en los casos en los que se
aplicaron, los agresores las ignoraron impunemente.
La abogada reconoció que es "imposible" tener a un
policía durante 24 horas al lado de una mujer agredida, pero remarcó que las
autoridades deben valorar si es necesaria la detención preventiva del agresor y
el cambio de domicilio de la mujer.
Un 32 % de las mujeres indicó que fueron ellas quienes,
personalmente, debieron entregar a su agresor la citación policial.
También son recurrentes los casos de cambios de fiscales, lo
que supone paralizar al menos dos meses cada proceso.
Además, hubo casos en los que policías disuadieron a las
mujeres de denunciar y fiscales alentaron conciliaciones o desistieron en la
persecución contra los agresores, con la aquiescencia de los jueces.
En uno de los casos una mujer de la ciudad andina de Oruro
fue asesinada porque la Fiscalía no dispuso medidas de protección a pesar de
que denunció su caso.
En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo registró unos
107 casos de feminicidio, delito que desde 2013 se castiga en Bolivia con
treinta años de prisión sin indulto, la mayor pena recogida en la legislación
del país, aunque según otro estudio citado por las organizaciones privadas hay
jueces que reducen esta condena.
En abril de 2013, el
ejecutivo promulgó la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia sea física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como
en la sociedad.
Establece que las mujeres en situación de violencia reciban
un trato prioritario, digno y preferencial.
169 muertes de mujeres se registraron en 2014, en Bolivia.
De este número 106 fueron feminicidios.
Colegio suspendió a 50 abogados por faltas
Al menos 50 profesionales abogados fueron suspendidos por
faltas graves por el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) entre enero
y octubre de 2015, informó Raúl Jiménez presidente de la institución de
juristas.
De acuerdo con el titular del ICALP, en sus oficinas se
conoció de actos de corrupción y extorsión que fueron indagados y después
sancionados con la suspensión de hasta seis meses de sus funciones.
“Se han visto faltas graves, referidos a la extorsión,
corrupción y otros que fueron denunciados por los litigantes en los primeros
diez meses de este año”.
El presidente del ICALP explicó que debido a la falta de
control hay abogados que ingresan a actos ilícitos en perjuicio de la imagen de
los profesionales afiliados a la institución que cuentan con normas éticas. Los
litigantes afirmaron que de cada 10 abogados siete se dedican a la extorsión,
solicitando distintos montos de dinero para agilizar sus trámites y presuntamente para sobornar a fiscales y
jueces.
Comisión.
Ante este hecho, el presidente de la entidad que aglutina de
a los juristas solicitó conformar una comisión de anticorrupción integrada por
el ministerio de de Lucha contra la Corrupción, de Gobierno, Justicia y el
ICALP.
“Si hallamos a un abogado cometiendo delitos deberá ser
puesto a disposición de la justicia ordinaria y sancionado moral y
disciplinariamente, para eliminar los consorcios y redes de corrupción que
hay”.
Los modernos buses PumaKatari en La Paz
La segunda flota de los 78 buses PumaKatari arribaron a la
zona franca de El Alto provenientes de China, según informes de la Alcaldía de
La Paz.
El comboy de decenas de tráilers que transportan los vehículo ediles que fueron fabricados por
la empresa china King Long y son traídos a La Paz por Fabros Motors SA, fue el
centro de atención de los distintos poblados asentados en la carretera
internacional La Paz-Oruro.
De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el
municipio, la importadora prestará el mantenimiento a la flota por un año o
hasta que los motorizados cumplan 150 mil kilómetros de recorrido, de acuerdo
con la garantía.
Características.
Los nuevos motorizados
-72 con caja mecánica y ocho automática- tienen frenos a tambor y no de
disco como los anteriores. Además de
WiFi a bordo, sistema audiovisual multimedia integrado, torniquetes y
contadores de pasajeros con haz de luz, sensores que detectan y alertan la
proximidad de objetos a los cuatro lados del bus, tanque de combustible con
capacidad de 450 litros y calefacción.
Incluyen además más asientos preferenciales, y el sitio del anfitrión ha sido cambiado de
derecha a izquierda, con el objetivo de acelerar el paso de los pasajeros.
Los flamantes PumaKatari tienen cinco cámaras de seguridad
en circuito cerrado, dos más que la flota en funcionamiento y cuentan con un
sistema de monitoreo y seguimiento por GPS para su control.
Las rutas.
Con la llegada de la flota se implementarán cuatro nuevas
rutas PumaKatari en la Paz.
La primera desde el centro a
Ciudadela Ferroviaria, Kalajahuira, Periférica e Irpavi.
Se espera beneficiar con el nuevo servicio de buses a 50.000
usuarios.
El Deber / Santa Cruz
Exfiscal acusado contraataca y procesa a juez
El exfiscal Humberto Quispe, acusado de haber cometido
varios delitos, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Sucre contra el juez
Roberto Baldivieso, quien habría ordenado su aprehensión y posterior traslado
de La Paz a la capital del Estado, en su criterio, de forma ilegal.
“En contra de este operador de justicia por delitos de
corrupción, porque él ha favorecido a Víctor Vargas Bravo, porque Víctor Vargas
entregó dinero a este juez para que no se pronuncie en mis memoriales (…) Por
eso lo estoy denunciando en este momento”, afirmó Quispe a los medios de
comunicación.
El jueves, la Fiscalía de Sucre emitió un mandamiento de
aprehensión contra el exfiscal y pidió a la Fiscalía de La Paz cooperar con la
detención y posterior traslado a Sucre, porque existía una acusación de Víctor
Vargas en contra de Quispe.
Argumentos
El exfuncionario de la Fiscalía calificó de ilegal el
mandamiento y presentó un recurso de acción de libertad; pero como no obtuvo
respuesta oportuna a su solicitud se entregó a la Policía y fue trasladado el
viernes de La Paz a Sucre. Horas más tarde, un juez de la capital declaró
procedente su acción de libertad y dejó sin efecto la orden de aprehensión.
Quispe quedó libre.
El juez aludido fue denunciado por incumplimiento de
deberes, resoluciones contrarias a la ley, negativa y retardación de justicia
Campaña por el No se revitaliza en un congreso
El segundo congreso nacional del Movimiento Demócrata
Social, realizado ayer, sirvió para impulsar la campaña por el No a la
modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) que, de
concretarse, permitirá una nueva reelección presidencial.
En el congreso se modificaron los estatutos del partido
opositor para elegir a Rubén Costas como el nuevo presidente de Demócratas,
ratificando que no se usará su imagen en la campaña por el No, ya que debe ser
el pueblo el que lidere el rechazo en el referendo del 21 de febrero.
José María Leyes, vocero nacional de Demócratas, manifestó
que no es sano cambiar la Constitución para beneficiar a dos políticos que
buscan perpetuarse en el poder, motivo por el cual toda su estructura política
estará al servicio de los ciudadanos que votarán por el No.
El diputado Tomás Monasterio dijo que el congreso fue el
escenario propicio para instruir que la maquinaria de Demócratas “colabore a
los colectivos ciudadanos que se están articulando para rechazar una nueva
reelección de Evo Morales”.
Kathia Quiroga, secretaria ejecutiva del departamento de
Santa Cruz, indicó que Demócratas trabaja en todo el país explicando puerta a
puerta por qué se debe votar por el No. “No es una campaña ni de Evo ni de
Rubén como quiere hacer ver el MAS, se trata de respetar la CPE, la alternancia
de poder y no postergar a las nuevas generaciones”.
El MAS sale a las calles
Militantes del Movimiento Al Socialismo intensifican su
campaña por el Sí. Ayer repartieron juguetes, poleras y afiches en la rotonda
de la Madre India y en la Plaza del Estudiante buscando el apoyo de la
población
Compras de más de 20 mil con requisito
En compras directas sin licitación que superen los Bs 20
mil, en el marco del plan gubernamental para enfrentar el fenómeno de El Niño,
el proveedor deberá presentar el certificado de Registro Único de Proveedores
del Estado, para formalizar la contratación, y la adquisición no tendrá
obstáculo.
Así lo establece el Decreto Supremo 2618, que se aprobó esta
semana en el Gabinete.
“Los procedimientos, requisitos y demás condiciones para las
contrataciones directas serán aprobadas por las máximas autoridades ejecutivas
de cada entidad”.
Acota que las entidades, tras contratar, deben informarlo a
la Contraloría General del Estado, según su reglamento, y registrar la
contratación en el sistema de Contrataciones (Sicoes).
Página Siete / La Paz
El 56% aprueba la gestión de gobierno del Presidente
Aunque la preferencia por la tercera reelección continua del
presidente Evo Morales no llega al 50%, la gestión gubernamental es aprobaba
por el 56% de los encuestados frente a un 14% que considera "pésima y
mala” la labor que realiza el
Mandatario.
Morales gobierna más de nueve años el país desde el 22 de
enero de 2006 y la gestión gubernamental fue una de sus fortalezas, según
estudios de opinión que fueron publicados en este medio.
Según la encuesta realizada por Mercados y Muestras, el 30%
de los entrevistados califica de
"regular” el desempeño del Jefe de Estado; no obstante, un 41% resalta de
"buena” la gestión gubernamental y un 15% afirma que es "excelente”.
La suma de ambos porcentajes se asemeja al respaldo que tenía en diciembre de 2013;
sin embargo, este porcentaje no se
compara con el 79,7% que obtuvo en julio del año pasado, según los registros de
este matutino.
Para el politólogo Ludwig Valverde, la población respalda
las transformaciones que realizó el Jefe de Estado en el país; sin embargo, no
está de acuerdo con la reelección de Morales.
La pasada semana, una investigación de la Asociación de
Comunicación Política (ACOP) ubicó a
Morales en el segundo puesto de la lista de los presidentes más
populares del mundo en noviembre, precedido por el ruso Vladimir Putin, quien
recientemente se reunió con el Jefe de Estado boliviano en Irán.
La ACOP basó su análisis en los estudios de aprobación que
realizan encuestadoras de cada país. En el caso de Bolivia, utilizó un estudio
del mes de agosto realizado por la empresa española Ipsos, Apoyo, Opinión y
Mercado, según El Deber.
La lista de los 20 mandatarios se inicia con Vladimir Putin,
con el 84% de aprobación seguido de Morales (69%) y la canciller alemana Angela
Merkel (54%).
Entre los logros del Jefe de Estado están el posicionamiento
internacional de Bolivia, la demanda marítima, la recuperación de los recursos
naturales y los bonos sociales.
El respaldo al Primer Mandatario
Pando Según la
encuesta realizada por Mercados y Muestras, Pando es el departamento que da más respaldo a la gestión gubernamental de
Morales con el 67%.
Potosí El Gobierno parece no haber recuperado la confianza
de los habitantes del departamento de Potosí tras el conflicto de agosto. El
36% de los encuestados en esa región reprueba
la gestión.
Fortaleza El MAS confía en el voto rural donde tiene
bastiones electorales fuertes.
Económicos
Los Tiempos / Cochabamba
Fiscalía dice que identificó 49 proyectos fantasmas
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que
se identificó 49 proyectos entre fantasmas y observados en el marco de la investigación
de la corrupción en el ex Fondo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc) y
que sumados representan un daño económico de 46.817.856,39 bolivianos.
Respaldado en estos datos, Guerrero afirmó en referencia a
las últimas aprehensiones y citaciones de implicados dentro de este caso, que
“no hay persecución política, sino que se está persiguiendo delitos de
corrupción” producto de la investigación “objetiva” que viene desarrollando el
Ministerio Público.
“Con toda esa documentación recibida de la Contraloría y de
la Interventora, los fiscales en diferentes puntos del país han venido actuando
y apresurando procesos, en Beni tenemos por ejemplo cinco procesos, hay gente
que está imputada y está siendo investigada, lo propio en Oruro, Santa Cruz y
La Paz”, dijo Guerrero según un boletín de prensa institucional.
En febrero pasado, la Contraloría General denunció la
existencia de 152 proyectos no ejecutados e inconclusos que causaron un
presunto daño al Estado de al menos 71 millones de bolivianos y estableció
responsabilidades contra varios dirigentes e incluso autoridades del Movimiento
Al Socialismo (MAS) en el manejo de esos fondos.
Resultado de ese informe, el Gobierno ordenó la intervención
del Fondo por seis meses. Luego de la revisión de los manejos, la
exinterventora Larisa Fuentes presentó un informe en el que se identifican los
proyectos “fantasmas” y varios inconclusos, con un presunto daño económico de
102 millones de bolivianos.
El fiscal Guerrero dio cuenta en sus declaraciones de sólo
49 obras “fantasma” y observadas, por las que esta semana fueron aprehendidas e
imputadas seis personas, entre ellas la exministra de Justicia Julia Ramos y el
dirigente campesino disidente del MAS Damián Condori.
Según sectores políticos de oposición, estas detenciones
tienen por objetivo encubrir a algunas autoridades de Gobierno y no llegar a la
exministra de Desarrollo Rural y presidenta del Fondioc Nemecia Achacollo,
quien hasta ahora ni siquiera fue citada a declarar.
Guerrero rechazó esas críticas y aseguró que la revisión y
análisis de la información, “que es muy amplia en datos, cifras, desembolsos y
en cuanto al manejo de los recursos del Fondo”, fue realizada por la comisión
de fiscales conformada por Ángelo Saravia y Edwin Blanco con el apoyo de
auditores expertos.
En base a esos datos, señaló que se presentó la imputación
formal por diferentes delitos contra Julia Ramos Sánchez, al senador Jorge
Choque Salomé, Damián Condori, Melva Hurtado, Remy Vera y Felipa Merino.
Anunció que hay unos 10 nombres más que la comisión va a citar en los próximos
días,
“Queremos dejar claramente establecido que aquí no hay
persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, los
delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, es
gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos,
son inexistentes, en algunos casos no se ha presentado los descargos
correspondientes”, sostuvo Guerrero.
Dudan que Chávez retorne
El asesor de la Confederación de Pueblo Indígenas de Bolivia
(Cidob), Lázaro Tacóo, dejó entrever en declaraciones a Oxígeno que el
dirigente Adolfo Chávez, declarado en rebeldía por la justicia, no volverá al
país porque “no confía en la imparcialidad del proceso que se lleva en su
contra por un presunto proyecto “fantasma” del Fondo de Desarrollo Indígena
Originario Campesino (Fondioc).
“Ya don Adolfo Chávez estaba en la mira del Gobierno desde
hace dos años, desde la marcha de la defensa por el Tipnis; como la justicia
boliviana no está actuando en su cabalidad cualquiera la pensaría dos veces
para volver”, señaló el dirigente, en coincidencia con lo expresado el viernes
por el abogado de Chávez.
La juez Albania Caballero, declaró en rebeldía a Chávez y
emitió la orden para su aprehensión porque no se presentó a la audiencia
cautelar. Chávez se encuentra en Francia, participando de la cumbre climática
(COP21).
Evo: Bolivia liderará crecimiento de la región
Panamá liderará en 2015 el crecimiento regional para “un
grupo de empresarios privados”, mientras que en Bolivia el “crecimiento
económico es de los bolivianos para los bolivianos”, comparó ayer el presidente
Evo Morales.
Panamá y Bolivia “vamos a tener los primeros puestos en
crecimiento” regional, dijo Morales, refiriéndose a estudios de organismos
internacionales. Pero entre ambos “hay una profunda diferencia”, resaltó el
mandatario en un acto público en Santa Cruz.
Morales recordó que en 2013 y 2014 Bolivia fue el que más
creció en la región, y que este año, lo hará cerca del 5 por ciento, con 35 mil
millones de dólares de Producto Interno Bruto, según las estimaciones de los
organismos internacionales y del Ministerio de Economía.
“Imagínense cuánto sería el crecimiento económico de Bolivia
si hubiera conciencia nacional de consumir lo nuestro”, resaltó en referencia
al contrabando.
La Razón / La Paz
Asfi instruye más medidas de seguridad en cajeros
Ante el continuo uso de los recintos para cajeros
automáticos como lugares de descanso de indigentes, la Asfi instruyó a las
entidades financieras implementar nuevas medidas de seguridad. El plazo para
acatar esta disposición es hasta el 31 de julio de 2016.
En un recorrido que hizo La Razón por Miraflores, zona Sur y
el centro de la ciudad de La Paz se pudo evidenciar que los espacios donde
están los cajeros automáticos son utilizados por indigentes para descansar o
pasar la noche.
La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en
Microfinanzas (Asofin) informó que sus siete bancos asociados reportaron que
pasan este inconveniente en sus cajeros automáticos. En tanto, la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indicó que esta situación se da en “casos
aislados”, solo en zonas consideradas de alto riesgo.
En el recorrido se advirtió que el uso indebido de los
cajeros por parte de indigentes se da principalmente en las noches. A la mañana
siguiente, los ocupantes abandonan los recintos dejando algunos objetos como
cartones, periódicos y basura, entre otros.
En un sondeo de opinión realizado a una veintena de
usuarios, una mayoría expresó su disconformidad y molestia ante la falta de
seguridad en los cajeros.
“Sí, es tremendo, yo más de una vez he tenido que dejar de
hacer uso de un cajero porque existían todo tipo de desechos ahí adentro”,
sostuvo Roberto Guillén, vecino de Calacoto, en la zona Sur de la urbe paceña.
Sugirió que los bancos y la Policía deberían utilizar las
cámaras que tienen los cajeros para detener a las personas que hacen uso
indebido de estos ambientes.
Similar posición fue expresada por Eliana Flores, quien se
encontraba realizando trámites por el sector de la plaza Eguino. “Feo olor
dejan, sería bueno que tengan alguna seguridad en la noche, porque uno quiere
entrar y no puede”.
Albergues.
Patricia Herrera, vecina de Calacoto, pidió a las
autoridades preocuparse por las personas que no tienen un lugar donde dormir y
que recurren a estos espacios para hacerlo. “Pienso que deben darles un lugar
transitorio donde pasar la noche, porque a veces esto termina en pelea y es un
riesgo para los mismos indigentes”.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi)
incluyó, en mayo de este año, modificaciones en su Reglamento para Gestión de
Seguridad Física, en la que instruye nuevas medidas de seguridad para cajeros
automáticos.
En lo que se refiere a cajeros externos (que se encuentran
fuera de la entidad), se requirió a las entidades que la puerta de acceso
cuente con un dispositivo de cierre interno que impida el acceso de terceros al
interior cuando el usuario se encuentre operando.
Asimismo, ordenó que los cajeros que se encuentran en zonas
de alto riesgo deben contar con mecanismos automáticos de autenticación
(verificación de identidad) “que restrinjan el acceso de personas no
autorizadas”.
De no ser posible la implementación de esta medida,
continúa, las entidades “deben contar con un informe que identifique y sustente
las alternativas empleadas para impedir el acceso de personas no autorizadas a
los recintos”.+
La Prensa / La Paz
Venta de gas cae en 39% hasta el mes de octubre
El bajón en las ventas supera las expectativas del Gobierno.
En diez meses ya se perdieron 3.580 millones de dólares. El saldo comercial
favorable se reduce.
Bolivia vive del impuesto que genera las ventas de materias
primas, principalmente a los mercados de Argentina y Brasil, lo que significa
que una caída en las exportaciones representa menos recursos para el Estado. La
crisis internacional, que se expresó en la caída del precio de las materias
primas, representó para el país hasta el mes de octubre dejar de percibir
alrededor de 3.580 millones de dólares y la caída en la exportación de gas natural
a los dos principales mercados llegó al 39 por ciento, según un informe del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El 6 de agosto de 2015, el presidente Evo Morales había
previsto que la caída de las exportaciones llegaría a los 2.500 millones de
dólares, pero al mes siguiente, su ministro de Economía Luis Arce estimó que
las exportaciones del país caerán en la presente gestión hasta 3.000 millones
de dólares respecto a 2014, pero que la
economía del país continuará en crecimiento. Hasta el momento, ambas
proyecciones se equivocaron y la Comisión Económica para América Latina (Cepal)
señala que el valor de las exportaciones de Bolivia sufrirá este año una
contracción del 29 por ciento, mientras las importaciones bajarán un 12 por
ciento.
El informe del INE a diez meses señala que las exportaciones
registraron una caída del 31,7 por ciento y las importaciones apenas bajaron en
9,8 por ciento.
El informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) señala que a octubre las exportaciones bolivianas alcanzaron a 7.465
millones de dólares, mientras las importaciones redujeron 851 millones de
dólares. El saldo comercial fue deficitario en 409 millones de dólares,
mientras que en el mismo período del 2014 el saldo comercial registraba un superávit
de 2.320 millones.
Al décimo mes de 2015, las ventas a los tres principales
mercados registraron disminuciones significativas. Las ventas externas a Brasil
bajaron un 36 por ciento comparadas al mes de octubre del 2014, mientras que a
Argentina fueron 41 por ciento menos y a Estados Unidos la caída representa un
45 por ciento menos.
Esto representa que la caída de las ventas hacia Brasil
alcanzaron los 1.180 millones de dólares, mientras que a Argenina representó un
bajón de 978 millones de dólares. Entre ambos mercados la caída significa un
total de 2.158 millones de dólares que el país dejó de percibir hasta el mes de
octubre de 2015, en relación a similar período de 2014.
Cabe destacar que pese a la notable caída de las
exportaciones, Bolivia tuvo un saldo comercial positivo con los tres
principales socios: con Brasil representó un saldo favorable de 804 millones de
dólares; con Argentina unos 438 millones de dólares; y con Estados Unidos un
saldo favorable de 89 millones de dólares. En tanto que los mayores déficits
comerciales bilaterales se registraron con China, que hasta octubre llegó a
1.034 millones de dólares; con Chile el déficit alcanzó a 271 millones de
dólares; y con Perú llegó a los 240 millones de dólares, entre los principales
socios comerciales.
Las ventas a China subieron de 353 a 386 millones de
dólares, pero el déficit se mantiene.
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