Noticias de Los Tiempos de Cochabamba
Bolivia avanza 2 puestos en
desarrollo humano
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicó ayer el ranking internacional sobre desarrollo humano, que establece
que Bolivia subió dos puestos entre 2009 y 2014.
El nuevo ranking denominado “Trabajo al servicio del
desarrollo humano”, lanzado en Etiopia, establece que Bolivia ocupa el puesto
119 de una lista que incluye a 188 países y figura en el grupo de las naciones
que tienen un desarrollo humano medio.
Según datos de la ONU, para establecer el nuevo ranking, el
PNUD realizó una minuciosa revisión de datos que permiten medir el nivel de
desarrollo humano de cada país.
El departamento de estadística del PNUD se encargó de
establecer el progreso relativo de cada país entre 2009 y 2014, con un avance
de 2 posiciones para Bolivia, en comparación a 15 puestos para Perú, 7 para
Argentina, 5 para Ecuador, 4 para Uruguay, 3 para Brasil y Colombia y 2 para
Chile.
Según esos datos, un solo país de la región ha retrocedido
en ese ranking: Venezuela que perdió 4 puestos.
Bolivia tiene ahora un índice de desarrollo humano (IDH) de
0.662, basado sobre una esperanza de vida de 68,3 años, una esperanza educativa
de 13,2 años, un promedio de escolaridad de 8,2 años y un producto interno
bruto por habitante de 5.760 dólares, ajustados por la paridad de poder de
compra internacional.
Argentina y Chile son los únicos países latinoamericanos con
un desarrollo humano muy alto.
Los países que están cerca de Bolivia por su clasificación,
según el Índice de Desarrollo Humanos (IDH), son Paraguay y El Salvador, que
tienen una clasificación de 112 y 116 respectivamente.
Bolivia se encuentra por delante de países como Nicaragua
(125), Guatemala (128) y Honduras (131).
Está en la posición 23 de 27 países analizados de América
Latina y el Caribe. En Sudamérica, Bolivia tiene el lugar más bajo.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor
Borda, afirmó ayer que las políticas sociales implementadas por el Gobierno
permitieron a Bolivia subir dos puestos en el ranking del PNUD.
“Ese es el resultado de las políticas que ha planteado
nuestro Gobierno, ahí está el socialismo que tanto hemos reclamado, está
precisamente con una visión hacia el capital humano, hemos mejorado las
condiciones económicas de los bolivianos”, respaldó en contacto con la prensa.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó ayer que
se aprobó un mecanismo de control en el sistema informático de la libreta
digital para evitar la venta o manipulación de las notas, esto impedirá que los
profesores de las unidades educativas modifiquen arbitrariamente las calificaciones
de los estudiantes.
Aguilar explicó que la evaluación bimestral y el sistema de
las libretas digitales obligan al maestro a introducir las notas cada dos meses
para que se reporte y almacene en el sistema del Ministerio de Educación.
“El maestro introduce las notas y quedan registradas en
todos los bimestres, si de pronto se descubre o establece que hay un error y
que en vez de poner 71 se puso 17; para modificar esa nota el profesor tiene
que presentar sus cuadernos pedagógicos de seguimiento al estudiante y con
estos recién se establecería la autorización para el cambio”, dijo.
Aguilar señaló que este proceso de modificación no debe
sobrepasar los 10 días, por lo que los padres de familia y los mismos
estudiantes deben estar atentos a sus notas cada bimestre y no esperar hasta el
fin del año escolar.
“Esto permite que la manipulación de notas o una situación
de corrupción como la venta de notas queden reducidos hasta el mínimo, porque
lo que tendríamos son mecanismos de seguimiento y control directos. Están
además condicionados a cualquier modificación”, indicó.
Aguilar que en esta primera gestión en la que se aplicó las
libretas digitales se registraron en el primer y segundo bimestre 19 mil
accesos de padres de familia. “Esto obviamente nos ha mostrado que el volumen
de toda la población es muy poco, pero obviamente hay una tendencia a acceder ¿Dónde estuvo el
problema? Básicamente en el comentario de que no se podía acceder por la falla
del sistema, pero en realidad no se
habían cargado las notas en las unidades educativas”.
Una segunda falla detectada es que los padres no están
familiarizados con el uso de Internet.
Aguilar dijo que partir del siguiente año se “bombardeará”
con información para que los padres accedan a las libretas y de una forma más
sencilla: sólo se pondrá el nombre del alumno, carnet de identidad o con el
sistema de Registro Único de Estudiante (Rude).
“Para el primer bimestre (del 2016) nuestro objetivo es
llegar a 300 mil padres verificando las calificaciones de sus hijos”, señaló
Aguilar.
Bajo el rótulo de “Una Nueva Oportunidad (NO) para la
democracia, el medio ambiente y la justicia”, un grupo de ciudadanos emitió
ayer un pronunciamiento público en el que manifiestan su desacuerdo con la
reelección por un cuarto periodo consecutivo del actual binomio presidencial.
“Hay profundas razones éticas, históricas, jurídicas y políticas para rechazar
la modificación de la Constitución –por segunda vez– con ese solo propósito”, aseguran.
La nota recuerda que hace apenas dos años, el Gobierno
modificó la CPE con el mismo objetivo, mediante una cuestionada Ley de
Aplicación Normativa que le permitió reelegirse en 2014.
“Y ahora se apresta a prorrogarse en el poder –de 14 a 19
años– siguiendo el camino elegido por la mayoría de las autocracias del ALBA,
que niegan a generaciones de ciudadanos el derecho a una renovación
democrática”.
El grupo ciudadano manifiesta que no basta con oponerse a
esta decisión arbitraria, sino que es necesario promover un cambio del proceso
político, social y económico impuesto por el MAS, caracterizado por el
desconocimiento sistemático de las leyes y de los derechos reconocidos por la
Constitución, el derroche económico y la depredación ambiental, el avasallamiento
de la justicia y la corrupción generalizada. “No es admisible que ese sea el
precio de la equidad y la inclusión social por el que luchamos los bolivianos y
bolivianas”, concluyen.
El manifiesto asegura que está en juego en el referendo del
21 de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones
destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la
vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.
“Aquí y ahora, el No por el que nos movilizamos es
propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (NO) para la democracia, el
medio ambiente y la justicia. Y es, asimismo, un NO rotundo a la corrupción, la
inseguridad ciudadana, la impostura ideológica y el narcotráfico”.
Firman el pronunciamiento unas 100 personas, entre
políticos, analistas, intelectuales, líderes sindicales, constitucionalistas,
artistas, investigadores, defensores de derechos humanos y, en general,
ciudadanos que no están de acuerdo con la reforma a la Constitución Política
del Estado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en lugar de limitar el
tiempo de las transmisiones en vivo de la entrega de obras durante los últimos
30 días antes de la realización del referendo del 21 de febrero de 2016,
debería prohibir al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García
Linera participar de estos actos por ser sujetos de la consulta y principales
interesados en que gane el Sí, afirmó el constitucionalista Williams
Bascopé.
El jurista, especializado en derecho constitucional, dijo
que el TSE rebasa sus propias atribuciones cuando limita la transmisión en vivo
de los actos de entrega de obras a 15 minutos por caso, cuando ese no es el
problema en periodo electoral, sino cómo se utiliza ese tipo de eventos para
fines proselitistas.
“El Tribunal Supremo Electoral debería ver cómo restringir a
los que son sujetos a ser votados para que no participen como el Presidente y
el Vicepresidente, porque ellos no deberían participar en las entregas de obras
(…) No es lo mismo entregar obras en periodo electoral a no hacerlo, eso es muy
diferente. El TSE debe centrar las sanciones y prohibiciones en aquellos que sí
son interesados en que gane el Sí”, aseguró.
Bascopé cuestionó que desde que entró en vigencia el
Reglamento de Campaña y Propaganda, el TSE no derivó un solo caso ante la
Contraloría General del Estado (CGE), lo cual muestra que es muy permisivo.
“Cuando no se centra en sancionar de manera práctica a
quienes transgredan la norma, empieza a desgastar su imagen institucional”,
dijo.
En criterio del constitucionalista, el TSE no goza de la
confianza de la población, pero al menos cuenta con la duda razonable de la
ciudadanía, por lo que debería hacer mayores esfuerzos por demostrar que es un
árbitro imparcial, más aún cuando varios de los vocales fueron señalados de ser
afines al Gobierno.
“Lo que se dijo del vocal José Luis Exeni, quien fue
consultor de la Vicepresidencia y amigo personal del vicepresidente Álvaro
García Linera, debería quedar en segundo plano y demostrar que es un árbitro
imparcial”, señaló.
El TSE sostiene que, con la aprobación de los reglamentos
referidos a los referendos, busca garantizar la libertad de expresión, la
equidad en el acceso a los medios y abrir mayores espacios de debate con
amplitud democrática e igualdad. En cuanto al TCP, Bascopé dijo que demostró ser “funcional al
Gobierno” y por tanto no se debería tener muchas esperanzas en que se rechace
el recurso de inconstitucionalidad planteado por el ministro Juan Ramón
Quintana.
Vivian González Rioja, jueza de Instrucción Cautelar de
Santa Cruz, fue aprehendida ayer por instructiva de la Fiscalía anticorrupción
y trasladada a las oficinas del Ministerio Público por favorecer con medidas
sustitutivas al coronel Juan Carlos Tapia Mendoza, hallado el viernes pasado en
posesión de droga al interior de su vivienda.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla,
aseguró que la determinación se tomó porque se evidenció incumplimiento de
deberes, prevaricato en el accionar de esa autoridad judicial y resoluciones
contrarias a las leyes y la Constitución. “El informe presentado por nuestros
fiscales establece que la decisión de la jueza no se ajusta al derecho, hemos
presentado todos los elementos de convicción y aun así esa autoridad determinó
beneficiar con medidas sustitutivas al coronel.
Fue un actuar totalmente prevaricador que dejó en desventaja
legal al Ministerio Público y por eso se determinó su aprehensión”, informó.
Padilla sostuvo que también fue arrestada su secretaria con
fines investigativos. “Estamos tomando las declaraciones correspondientes y
vamos a presentar la imputación formal contra la jueza pidiendo la detención
preventiva en el penal de Palmasola”, agregó.
La imputación será presentada ante la autoridad
jurisdiccional para que se fije fecha y hora de la audiencia de medidas
cautelares y se defina la situación jurídica de esta autoridad.
Padilla señaló que se conformó una comisión de fiscales a
cargo de la investigación integrada por Cándido Blanco, Fanny Alfaro y Pablo
Guzmán.
Al respecto, su abogado defensor, Santiago Flores, dijo que
hasta entrada la noche no había visto ninguna orden de detención y que le parecía
raro porque debería estar legalmente emitida, debidamente fundamentada, porque
de lo contrario se estaría conculcando los derechos y violando los
procedimientos. “Si no hay esa orden es un abuso y plantearíamos todos los
recursos que la ley establece para garantizar sus derechos”, señaló.
Tapia Mendoza, comandante del Gacip de El Alto, fue
aprehendido el viernes pasado en su casa en Santa Cruz.
Bolivia tiene uno de los peores niveles de salud y nutrición
de las Américas, y algunos de sus índices son comparables con países africanos,
según el Índice de Desarrollo Humano divulgado ayer por Naciones Unidas. Ocupa
los últimos lugares en ambos aspectos en América Latina y el Caribe.
El índice de mortalidad, por ejemplo, es de 39,1 por cada
mil niños menores de cinco años.
Como comparación, en Chile mueren 8,2 menores de cinco años
por cada mil y en Argentina 13,3. Otras naciones muestran niveles mayores, como
Paraguay, con 21 menores fallecidos antes de cumplir los cinco años, o Ecuador,
con 21,9. Haití ocupa el último lugar con 72 menores fallecidos. Algunos países
africanos, como Cabo Verde, tienen mejores índices que los de Bolivia.
Por otra parte, en cuanto a la desnutrición infantil,
Bolivia se sitúa en el penúltimo lugar, sólo delante de Guatemala. En nuestro
país, el 27,2% de los niños menores de cinco años, es decir uno de cada cuatro,
sufre de malnutrición. Estos son otros países de índice alto de desnutrición
infantil: Paraguay (17,5%), El Salvador (20,6%), Nicaragua (23%) y Honduras
(22%).
Guatemala ocupa el último lugar con 48% de malnutrición.
Haití, en ese aspecto, tiene un mejor resultado que Bolivia, con una
malnutrición del 21% de los niños.
Chile lidera la región con sólo 1,8% de los niños con malnutrición.
Países que tienen un índice de menos de 10% son Argentina, Uruguay, Cuba y
Costa Rica.
En otro aspecto en el que Bolivia marcha a la cola es en
número de médicos: tiene 4,7 doctores por cada 10.000 habitantes, y ocupa el
tercer peor lugar de la región, sólo por delante de Honduras y Nicaragua, que
tienen 3,7 médicos por 10.000 habitantes (en este tema no se menciona los datos
de Haití). Cuba lidera el índice, con 67 médicos por cada 10.000 habitantes, el
más alto del mundo. Uruguay y Argentina tienen más de 30 médicos por cada
10.000, mientras otros 15 países tienen más de 10 médicos por cada 10.000.
El alcalde Bruno Álvarez, del municipio de Caquiaviri (La
Paz), vestido con pollera y manta fue obligado a dar una vuelta por la plaza
del pueblo como una sanción por las irregularidades en la administración de los
recursos económicos.
El diputado Rafael Quispe lamentó que se use a las mujeres y
su vestimenta como una forma de sanción.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el nuevo
Reglamento del Referendo para la Reforma Parcial de la Constitución Política
del Estado (CPE), sobre la reelección del presidente y vicepresidente para el
periodo 2020-2025, en el que otorga facultades al juez electoral para resolver,
sin mayor trámite, los casos de delitos electorales cometidos en
flagrancia.
El reglamento zanja las contradicciones del artículo 249 de
la Ley 026 de Régimen Electoral y le da mayor operatividad al juez electoral
sobre los casos de delitos electorales.
De acuerdo al artículo 16 referido al procedimiento por
faltas y delitos electorales, las denuncias por faltas electorales, su
juzgamiento y resolución serán atendidas conforme al artículo 249 de la Ley 026
de Régimen Electoral. El inciso II de dicho artículo establece que “el juez
electoral que conozca la comisión de una falta electoral en flagrancia, de
oficio podrá resolver el caso en el mismo acto, prescindiendo del procedimiento
establecido en el artículo 249 de la Ley 026, elaborando para dicho efecto el
acta respectiva”.
El juzgamiento de delitos electorales se sujetará al Código
de Procedimiento Penal. Las autoridades electorales que tengan conocimiento de
la comisión de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público bajo
responsabilidad, de conformidad al artículo 239 de la Ley 026.
De acuerdo al artículo 239 de la norma electoral, el
juzgamiento de los delitos tipificados por la ley 026 y/o por el Código Penal
corresponde a la justicia penal ordinaria.
El juez Segundo de Instrucción Cautelar de Oruro dictó
detención domiciliaria contra Katty Isabel Colque, esposa del alcalde de Oruro,
Édgar Bazán, en el marco de un proceso por enriquecimiento ilícito, informó el
Ministerio de Transparencia.
La mujer fue denunciada en febrero de este año porque
incrementó su patrimonio de manera desproporcional.
Según los datos de Transparencia, durante seis años, Colque
adquirió seis inmuebles y dos vehículos con sólo un salario de maestra
jubilada.
La esposa del Alcalde compró a un inmueble en La Paz y
Cochabamba, además de cuatro terrenos en Tarija. Los vehículos que compró son:
una vagoneta Land Cruise y un vehículo Toyota Corolla.
Además de la detención domiciliaria, el juez dictó arraigo y
una fianza de 10 mil bolivianos contra Colque.
El juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de Oruro emitió
la resolución por encontrarse suficientes indicios que la incriminan en el
ilícito.
El alcalde de Oruro, Edgar Bazán Ortega, inició en junio de
2015 su cuarta gestión como autoridad, pues la primera fue en 1996, junto a
Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Asumió como autoridad con su propio movimiento
ciudadano “San Felipe de Austria”.
La ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó ayer que los
Servicios Departamentales de Salud (Sedes) del país deben confirmar en
laboratorio los posibles casos del virus zika, para brindar una información
oportuna y responsable, y no alarmar a la ciudadanía.
“Si es que hubiese un caso confirmado por laboratorio y que
tenga el nexo epidemiológico, pues se dará la información precisa, los Sedes
del país deben de brindar una información oportuna pero responsable”, afirmó en
conferencia de prensa.
En ese marco, la Ministra de Salud aseguró que en el país no
se registró ningún caso de “zika”, después que se reportaron casos en Brasil y
Paraguay.
“Hasta la fecha casos que sean sospechosos no los podemos
dar como positivos y confirmados, y eso se lo debe realizar a través de las
unidades de epidemiología de los Servicios Departamentales de Salud quienes
están en coordinación con la unidad de epidemiológica del Ministerio de Salud y
de manera conjunta emitir una información precisa y fidedigna”, remarcó.
Campero precisó que una de las sintomatologías que
diferencia esa enfermedad con el dengue y chikungunya es que la persona
infectada no tiene fiebre muy alta; además, presenta conjuntivitis “pero sin
pus”.
El juicio oral por el caso misiles chinos fue suspendido
hasta el 12 de enero a solicitud de ambas partes, así lo dictaminó el Tribunal
Supremo de Justicia y aclaró que los plazos procesales quedan suspendidos
durante ese tiempo.
“Se hace cuarto intermedio hasta las 9:00 del próximo 12 de
enero del 2016 conforme a la petición de ambas partes”, indicó el presidente
del Tribunal del juicio, Antonio Campero.
En la actualidad el juicio está en la fase de ofrecimiento
de prueba por parte del Ministerio Público, que durante la pasada semana
procedió a la lectura de 76 recortes de periódicos sobre los hechos
considerados delitos, informó el abogado del general Marcelo Antezana, Oswaldo
Rojas.
Según la defensa, en las 76 notas realizadas por periódicos
que fueron aportadas como pruebas, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé
admitió haber autorizado la desactivación de los misiles chinos, pero no habría
aprobado su salida del país, por eso la pregunta seguiría siendo quién la
autorizó.
“Hay muchas especulaciones que demuestran que el presidente
Rodríguez Veltzé tenía conocimiento de la salida”, señaló Rojas.
La Razón / La Paz
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideró que el límite
de 15 minutos que fijó para la transmisión por televisión y radio de la entrega
de obras de gestión es constitucional. El Gobierno presentó un recurso en el
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto la
disposición.
“No podemos pronunciarnos sobre un recurso que no conocemos,
pero por nuestra parte mantenemos la defensa de principios que están en nuestro
reglamento que conforman una integridad, no son artículos aislados; y segundo,
nosotros presumimos la constitucionalidad de nuestro reglamento en su conjunto”,
señaló ayer en un breve contacto telefónico con La Razón el vocal del TSE José
Luis Exeni.
El fin de semana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, aseguró que la determinación del TSE, la entidad superior del Órgano
Electoral Plurinacional (OEP), afecta el derecho a la información de la
ciudadanía y expresó su confianza en que pueda “reconsiderarse el tiempo
(límite)” si el recurso legal presentado en Sucre, la sede del TCP, es
aceptado.
Competencia. A principios de noviembre el viceministro de
Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illanes, interpuso un memorial
contra la disposición ante el TSE porque consideró que “limita
discrecionalmente el derecho al acceso a la información e invade atribuciones y
competencias” de otro órgano estatal”, en este caso el Ejecutivo. Éste es el
principal argumento que sostiene el Gobierno para anular el parágrafo II del
artículo 24 del inédito Reglamento para Campaña y Propaganda que entró en
vigencia desde el 6 de noviembre.
“No hemos recibido ninguna notificación. Vamos a esperar que
el TCP tome conocimiento de este recurso y por supuesto somos respetuosos de
los otros órganos del Estado”, apuntó Exeni, quien lideró, como responsable de
la repartición electoral Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático
(Sifde), el diseño y la puesta en práctica de la normativa que ahora cuestiona
el Gobierno y que regirá desde el 21 de enero de 2016, 30 días antes del
referéndum constitucional fijado para el 21 de febrero.
Opositores han criticado la postura del Gobierno respecto de
la limitación. El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD) Wilson
Santamaría aseguró que la postura del Ejecutivo es un “irrespeto a las normas
electorales”. “Lo que llama la atención es la intencionalidad de no cumplir la
norma sabiendo que su espíritu es de equidad y ecuanimidad”, cuestionó. Un
aspecto que va en la línea de uno de los principios de la normativa que
reivindica su pluralismo y equilibrio como “garantía de la presencia equitativa
de los diversos actores y opciones en los espacios de deliberación pública y en
la agenda informativa y de opinión en los medios de comunicación”.
Quintana aseguró que los 15 minutos de transmisión apenas
alcanzarán a cubrir la entonación del Himno Nacional en cada acto. La vocal
Dunia Sandoval había anticipado que el tiempo fijado es “sobreabundante” si los
espacios tienen un carácter informativo y no así propagandístico.
El Gobierno dispuso desde 2006 la transmisión de los actos
de gestión, sin restricciones. En el último tiempo, las estatales BTV y Patria
Nueva también difunden los actos del vicepresidente Álvaro García.
La firma gráfica cruceña Sirena se adjudicó el contrato de
impresión de las boletas para el referéndum constitucional del 21 de febrero.
Tres empresas se presentaron a la licitación pública, pero solo dos de ellas
ofrecieron un precio menor al referencial: Bs 1.400.000. “Se eligió a la
imprenta Sirena, de Santa Cruz, que es una de las imprentas más grandes y
serias del país. La adjudicación fue resultado de una convocatoria pública”,
explicó ayer a La Razón el vocal José Luis Exeni.
Cifra. La vocal Dunia Sandoval indicó que la decisión fue
producto de una revisión técnica. Ahora, la entidad electoral espera la
consolidación del Padrón Electoral que arrojará la cifra oficial de habilitados
para el sufragio y por consiguiente la cantidad de papeletas que demandará el
proceso.
Con datos preliminares, se prevé que la cifra total de
electores tanto en el ámbito nacional como en los 33 países del exterior
alcance a los 6,5 millones. “El número de papeletas se definirá cuando se
termine de consolidar el padrón, incluyendo los nuevos registros. El costo
final también está sujeto a ese número. Preferimos no dar cálculos que pueden
variar”, señaló Exeni.
Bajo el lema “No es No”, un colectivo que agrupa a un
centenar de intelectuales, activistas y artistas de todo el país abrió ayer en
La Paz una campaña proselitista para promover el rechazo a la reforma
constitucional que plantea el oficialismo a través de un referéndum que se
desarrollará el 21 de febrero y que, de aprobarse, habilitaría al presidente
Evo Morales a buscar una segunda reelección.
“Hemos coincidido en que hay una necesidad de poner un alto
a todas las anomalías que existen en estos diez años. Exigimos que (el MAS)
respete la Constitución que ellos han promovido”, señaló ayer Loyola Guzmán,
activista en derechos humanos que llegó a ser parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que
creó el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara a finales de los años
sesenta.
Guzmán, junto con Ricardo Calla, Gloria Ardaya, Jaime
Alcócer, Jhenny Cárdenas, Erika Brockmann, Filemón Escóbar, Saúl Lara, Jorge
Lazarte, René Mayorga, Norca Paz, Sarela Paz, José Antonio Quiroga y Fabián
Yaksic, entre otros, rubricaron un pronunciamiento ciudadano denominado Una
nueva oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia, un texto
que reivindica la construcción de la institucionalidad democrática y la
vigencia de los derechos en el país.
Guzmán, Quiroga y Lara, en 2014, impulsaron el Frente
Amplio, una plataforma que buscó la cohesión de la oposición con miras a las
elecciones generales. A ella se sumó la opositora Unidad Nacional (UN) de
Samuel Doria Medina, pero fracasó. “Se desvirtuó, vio más su interés personal”,
apuntó Guzmán. Ricardo Calla aseguró que el colectivo es ciudadano. “El No es
propositivo, es una Nueva Oportunidad (NO), ésa es la sigla de la campaña”, explicó.
Además precisó que la promoción del No se concentrará en las redes sociales.
“Todos han
confirmado”. Así, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró la presencia
de los nueve gobernadores del país y las delegaciones subnacionales que son
parte del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que trata el pacto fiscal.
En esta oportunidad, por primera vez, las autoridades
regionales electas en marzo participarán del cónclave autonómico. El Gobierno
convocó para el jueves a las 10.00 en el Palacio de Gobierno a la tercera versión
extraordinaria de la cita.
En la segunda versión del CNA, los gobernadores del Beni y
Santa Cruz fueron los principales ausentes. Esta última, a través de su
secretario Roly Aguilera, informó ayer que la gobernadora interina Kathia
Quiroga será la que llegue hasta la sede de gobierno en lugar del titular
Rubén Costas, quien se ausentó a Alemania la semana pasada por invitación de la
canciller Angela Merkel. Además, confirmó su asistencia Félix Patzi.
En la cita, Quiroga planteará el rechazo a la Ley de incentivo
a la exploración hidrocarburífera —una de las temáticas de la cita—, “porque es
una ley de confiscación”. En tanto que Patzi propondrá discutir sobre los
ingresos que provienen del Tesoro General y el diseño de un “pacto de
competencias”. “Ahí está el tema de fondo, es decir, que las gobernaciones
puedan tener su ingreso propio que permita autosostenerse”, explicó Patzi.
Temas. Consultado sobre las temáticas que considerará el
encuentro, Siles explicó: “Vamos a insistir en que las entidades territoriales
autónomas puedan ejecutar leyes que pongan en vigencia sus competencias para
que puedan desarrollar una dimensión productiva, una mayor capacidad de
recursos propios. Es un aspecto medular”. Además se prevé evaluar la ejecución
presupuestaria de los gobiernos subnacionales.
Un fallo judicial declaró nula la elección de la directiva
de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), realizada en junio, por
lo que la actual directiva no tiene representación alguna. Desde la institución
matriz, que es la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), se anunció que
se aguardará la oficialización de esa determinación legal.
“Una elección que nosotros hemos cuestionado (...) y sobre
la cual (…) hemos interpuesto un amparo constitucional, que finalmente ha
tenido en la Sala Civil Primera un fallo positivo a nuestro favor y a favor de
la municipalidad de Bolivia”, informó ayer el director jurídico del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, Fernando Velásquez.
Según Velásquez, ahora ese directorio al mando de Iván
Arciénega (MAS), alcalde de Sucre, ya no tiene representación y “ha cesado en
sus funciones”.
En junio de este año se realizaron las elecciones de la
directiva de la AMB, que representa a las nueve ciudades capitales y El Alto,
comicios que fueron convocados por una concejala que ya había cesado en sus
funciones, además que se denunció otras irregularidades, por lo cual la
Alcaldía paceña presentó el recurso judicial ante un Juzgado Civil.
Respecto al fallo, el director ejecutivo de la FAM, Jerges
Mercado, explicó que aún no se recibió la notificación oficial al respecto.
“Conocimos extraoficialmente el fallo, pero también sabemos que eso fue a
revisión al Tribunal Constitucional (...); vamos a ser respetuosos de las
instancias legales correspondientes y acataremos lo que determine la instancia
judicial”, anunció.
El Gobierno de Brasil ratificó su apoyo y cooperación a la
política de lucha antidrogas de Bolivia, en un contexto de responsabilidad
compartida, señaló la Embajada de Brasil a través de un comunicado.
En el documento reitera que Brasil confía en la llamada
estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos
excedentarios de coca 2011-2015 que “han mostrado expresivos resultados”.
“El Gobierno (brasileño) renueva su disposición de seguir
apoyando y cooperando con el esfuerzo de la política antidroga boliviana en un
contexto de responsabilidad compartida, con pleno respeto y soberanía nacional,
a los derechos humanos y las costumbres ancestrales del pueblo de Bolivia”, se
lee en el comunicado.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, inició ayer una
visita oficial a Cuba al frente de una delegación para intercambiar y estrechar
vínculos bilaterales, informaron medios locales. Ferreira fue recibido por el
viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR), general Álvaro López Miera, y otros jefes militares
cubanos.
“Nuestra delegación lo que busca es estrechar lazos de
amistad y cooperación entre ambos países”, declaró el ministro boliviano, tras
participar en una ceremonia en el mausoleo de “El Cacahual”, donde reposan los
restos del prócer independentista cubano Antonio Maceo y su ayudante, Francisco
Gómez. Ferreira permanecerá en Cuba hasta el jueves.
El Tribunal de Juicio de Responsabilidades citará al coronel
de Ejército (r) Ciro Valdivia en calidad de testigo en el caso Misiles. El
proceso ingresó en receso y se reanudará el 12 de enero de 2016, informó
Oswaldo Rojas, abogado defensor del general (r) Marcelo Antezana.
El 23 de noviembre, Valdivia fue sentenciado a dos años de
cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso Misiles Chinos,
tras someterse a un juicio abreviado en el que el militar aceptó su
culpabilidad en la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes,
resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y revelación de secretos
en grado de complicidad, por la entrega de 37 misiles chinos a Estados Unidos
para su desactivación.
“Hemos solicitado que Valdivia sea convocado como testigo en
el juicio de responsabilidades, ya que él se acogió a un procedimiento
abreviado e indicó que era cómplice, pero hasta ahora no se sabe quién entonces
es el autor de los delitos. En el Tribunal aceptaron que se convoque al militar
cuando se reanude el proceso”, explicó Rojas. Arguyó que el requerimiento se
hizo para que Valdivia revele quién es el verdadero autor del delito, ya que
aceptó tener culpa como cómplice.
Rojas informó que las autoridades del Tribunal de Juicio de
Responsabilidades decidieron dar una pausa en el proceso por las fiestas de fin
de año y también porque algunos de los funcionarios ingresaron en vacaciones.
Por eso, el proceso se reanudará el 12 de enero de 2016.
Valdivia fue incluido en este proceso por haber ejercido el
cargo de jefe de la Subsección Material Bélico del Departamento IV del Gran
Cuartel de Miraflores de La Paz (Estado Mayor) en 2005, cuando fueron
entregados 37 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas
Armadas a la Embajada de Estados Unidos,
para que sean desactivados en ese país, con el argumento de que podían ser
robados y utilizados en acciones terroristas. Los misiles fueron traídos al
país, de retorno, desmantelados en 2006.
Los procesados son: Gonzalo Méndez, exministro de Defensa;
el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Marco Antonio
Justiniano; el excomandante General de Ejército Marcelo Antezana; el general
Gonzalo Rocabado; el exjefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez; el
exinspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; los coroneles Wílber
Sánchez y David Torrico, y el exayudante del Departamento IV del Ejército,
capitán Ernesto Caballero.
Trabajo
Oswaldo Rojas, abogado del excomandante general del
Ejército, Marcelo Antezana, informó que el juicio de responsabilidades está en
la etapa de desfile de pruebas
documentales y testificales.
Proceso
Agregó que su cliente no tiene ninguna intención de querer
someterse a un procedimiento abreviado por el caso de los misiles. “No hay
ninguna expectativa para que mi cliente quiera ir a ese proceso porque no hizo
nada”.
Chile capacitará más especialistas de las Fuerzas Armadas
para desactivar las minas que fueron sembradas en su frontera durante la
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó ayer José Antonio Gómez,
ministro de Defensa.
“Éste es un esfuerzo grande, que requiere de gran
‘expertise’, estamos capacitando más gente de las Fuerzas Armadas para poder
cumplir con nuestro objetivo de terminar con las minas en el periodo
establecido en la Convención” de Ottawa sobre la prohibición de minas
antipersonales establecida en 1997, dijo Gómez en un comunicado del ministerio.
Chile ya ha destruido 123.834 de los 181.814 dispositivos
antitanques y antipersonales que estaban sembrados al momento de sumarse a la
Convención de Ottawa, lo que corresponde a un avance de 69,59%, según se
informó en la XII Reunión Anual de la Comisión Nacional de Desminado que se
realizó en la jornada pasada, encabezada por Gómez.
El ministro aseveró que Chile ha cumplido con los plazos a
los que se ha comprometido para desminar sus fronteras, luego de acogerse a uno
de los artículos de la Convención en 2011 que permite una prórroga para el
retiro total de las minas hasta 2020.
“Es importante recalcar que hemos cumplido los plazos, queda
alrededor del 30% de campos minados. Vamos a cumplir el plazo estipulado que es
2020”, afirmó Gómez, quien además rechazó nuevamente las declaraciones del
ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, quien acusó a Chile en
noviembre de no cumplir sus promesas de desminado.
“Desmentimos claramente lo que dijo el ministro de Defensa
de Bolivia en relación a que no hemos cumplido con nuestros compromisos”,
afirmó Gómez. Durante la dictadura de 17 años de Pinochet se sembraron gran
parte de los explosivos a lo largo de la frontera entre Chile y sus vecinos,
Argentina, Perú y Bolivia.
El Servicio General de Identificación Personal (Segip)
informó ayer que emitió la cédula de identidad número 10 millones, una cifra
que representa un avance en los objetivos institucionales que se ha trazado
esta institución.
El carnet pertenece a Junior Jhony Yucra Avisa, un niño de
seis años, nacido en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. El
menor recibió su documento de identidad del director del Segip Marco Antonio
Cuba en un acto en las oficinas de Identificación de la ciudad de Potosí.
Indocumentados. “Es un significativo acto, porque de esta
forma el Segip avanza hacia el cumplimiento de su misión institucional de
lograr un país libre de indocumentados”, afirmó Cuba, según un boletín
institucional.
Por su parte, el director departamental del Servicio de
Identificación en Potosí, Henry Morodias, convocó a los padres y madres de
familia a que puedan obtener la cédula de identidad en beneficio de sus hijos
menores. El Segip fue creado en 2011 y reemplazó a la Policía Boliviana como
institución encargada de la emisión de las cédulas de identidad y la licencia
de conducir.
El Deber / Santa Cruz
El GPS alerta que su portador atraviesa las aguas del lago
Poopó, pero la realidad es completamente diferente. El vehículo recorre un
terreno agrietado, hasta que se encuentra de frente nada menos que con una
inmensa extensión de totorales, pero agua; nada de nada,
Cerca de la totora que se ha dado maneras para crecer en la
pampa, un bote yace abandonado en medio de la nada, amarrado a un palo. Al otro
lado, la tierra húmeda, agrietada, y con musgos, de esos que se encuentran al
fondo de las superficies acuáticas.
Cuando uno se hace a la idea de que un lago se secó,
inmediatamente se viene a la mente una extensión medible, detrás de la cual
espera ver el paisaje azul, pero lo que ha ocurrido con el Poopó es mucho más
grave, se han perdido kilómetros y kilómetros de agua.
En el horizonte se observa un brillo parecido al líquido,
inevitablemente se siente ansiedad y se apuran los pasos para llegar y al menos
mojarse las manos, pero se comprueba que era solo un espejismo o el efecto que
aparece a la distancia cuando esa superficie se tiñe de algo parecido a la sal.
Un equipo de EL DEBER atravesó la carretera hacia Potosí,
hasta llegar a la población Poopó, ubicada a 60 km de la capital de Pagador, de
ahí ingresó 14 km hasta una población llamada El Choro. Las referencias
indicaban que desde allí se podía llegar siguiendo por Santa María hasta el
lago, o lo que queda de él.
Con la señal del GPS y de una senda marcada por las huellas
de vehículos que pasan por ahí, se sigue la búsqueda. Tras hora y media se
pierde la señal de celular, así que a confiar en Dios. En la ruta, un joven en
su motocicleta sonríe ante la pregunta de ¿dónde es el lago? y responde,
"es allá", dice mientras apunta con el dedo, "aunque no hay
agua, antes sí había, pero se ha perdido", enfatiza.
Más adelante, un niño de ocho años detiene su recorrido en
bicicleta y da una respuesta similar, "todo esto era el lago, mi mamá dice
que había agua, dicen que aún hay más allá pero la verdad no conozco".
La señal del GPS regresa y ubica al equipo, supuestamente en
medio de las aguas. Kilómetros más adelante, efectivamente quedan rastros del
Lago, pero ya es tarde para llegar hasta ahí. El Poopó ya no es ni la sombra de
lo que era, hay un largo recorrido de retorno, el sol se oculta en el
horizonte, así que es inevitable volver sin mojar las manos.
Causó malestar la liberación del teniente coronel de la
Policía Juan Carlos Tapia Mendoza, quien fue aprehendido con 42 kg de cocaína.
Esa acción obligó a la Fiscalía a investigar posibles nexos
del uniformado con policías de alto rango, además de iniciar un proceso penal
en contra de la jueza Vivian González Rioja, que liberó al oficial. El ministro
de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se investigó a Tapia por sus constantes
viajes no oficiales a Santa Cruz.
El último cargo que ocupó Tapia fue como comandante del
Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) en El Alto. Dos oficiales revelaron
ayer a este medio que al oficial “no le interesaba” el Gacip, ya que asistía a
trabajar “muy pocos días”.
Esa versión la confirmó el ministro Romero, quien reveló que
Tapia viajaba constantemente a Santa Cruz vía aérea y sin misión policial.
“Llamó la atención que el coronel Tapia hacía viajes a Santa Cruz que no eran
oficiales; asimismo, había un trabajo investigativo que tenía indicios de que
en un domicilio de Santa Cruz se estaba acopiando droga”, indicó.
Acotó que ya se notificó a Tapia con la baja de la
institución policial y lamentó la decisión judicial de liberarlo. Esta acción,
dijo, obliga a investigar los vínculos que armó Tapia con policías y civiles.
El fiscal de distrito de Santa Cruz, Gómer Padilla, aseguró
que se investigarán los posibles nexos de Tapia con policías de alto rango.
“Ahora tenemos que investigar todo, tenemos que investigar todas las acciones
de Tapia y si existen o no vínculos con (otros) policías”, señaló.
Tapia fue aprehendido el jueves con 42 kilos de cocaína, 22
de los cuales estaban en el techo de su domicilio.
El Consejo de la Magistratura no asumió todavía ninguna
posición respecto a la jueza González y espera que el Ministerio Público
investigue si hay responsabilidad penal de la funcionaria y que acelere la
sanción en contra del imputado por narcotráfico que fue encontrado en
flagrancia con la droga.
El consejero Wilber Choque cuestionó la actuación del
Ministerio Público, que no presentó la acusación inmediata contra Tapia. “No
había nada más que investigar dentro de la responsabilidad penal”, señaló.
Choque dijo que, en el marco de la independencia judicial,
se debe respetar la decisión de la jueza, a quien solo se la puede objetar ante
las instancias superiores del mismo Tribunal Departamental de Justicia, que
pueden confirmar o revocar la resolución de otorgar medidas sustitutivas al
imputado Tapia.
Según el Consejo de la Magistratura, en Santa Cruz hay 683
casos de investigación por narcotráfico y en muchos de estos la Fiscalía puede
pedir la aplicación del procedimiento en flagrancia y lograr sentencia.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, explicó ayer que el
debate del pacto fiscal, en la tercera reunión del Consejo Nacional de
Autonomías, no se limitará a la redistribución, sino a la generación de fondos
económicos.
“Creemos que el debate y el diálogo sobre pacto fiscal, al
incorporar una etapa que tiene que ver con el análisis y la fuente de los
recursos, no solamente contempla una redistribución de los recursos, sino
significa gastar bien, pero también incorporar esta dimensión productiva”,
explicó el ministro Siles.
Sin embargo, ese criterio no es compartido por la
asambleísta opositora de Tarija, María Lourdes Vaca, quien opinó que en ese
encuentro se debe discutir la distribución de recursos económicos para los
gobiernos departamentales.
A esa cita, acudirá el gobernador tarijeño, Adrián Oliva, y
dos asesores. Similar criterio tienen en la Gobernación cruceña, que planteará
el pacto fiscal. Asistirán a la reunión la gobernadora interina Kathia Quiroga
y el asesor general, José Luis Parada.
Página Siete / La Paz
El dirigente de la organización indígena CIDOB, Adolfo
Chávez, analiza junto a sus pares de nueve países, miembros de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas
de la Cuenca Amazónica (COICA), solicitar refugio político o bien retornar a
Bolivia para someterse a la justicia por el denominado caso Fondo Indígena.
"Entre estar preso o refugiado, es mejor estar refugiado. Adolfo Chávez está en Ecuador, está en reunión con los nueve miembros afiliados a la COICA. Él está
esperando la mejor recomendación de los miembros de la COICA”, informó el
dirigente indígena Lázaro Tacoo, quien dijo que entre hoy y mañana se conocerá la decisión del dirigente.
Hace dos meses, la jueza Primera de Instrucción
Anticorrupción de Santa Cruz, Albania Caballero, declaró rebelde a Chávez y emitió una orden
de aprehensión en su contra por no presentarse a declarar sobre un supuesto proyecto
"fantasma” del Fondo Indígena.
Esta decisión es "una clara persecución política”
debido a que la jueza no consideró que Chávez viajó a París para participar en
la Cumbre del Cambio Climático que se realizó en Francia, afirmó Otto Ritter,
abogado del dirigente indígena.
Según Tacoo, "lo más probable es que Chávez solicite refugio a Brasil porque en ese país
aún se respetan los derechos humanos y de los indígenas, pero todo dependerá la
recomendación de los miembros de la COICA”.
La hija del dirigente indígena, Enife Chávez, dijo, con llanto, que ella y sus hermanos
respetarán cualquier decisión que tome su padre, aunque eso signifique su
ausencia.
Consultada sobre su petición al Gobierno, dijo "no puedo pedirles nada porque no tienen
corazón” en declaraciones a la red televisiva Unitel.
Chávez es crítico del
Gobierno, encabezó la movilización contra
la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos a
través del Parque Nacional Isiboro Sécure.
En anteriores oportunidades,
el indígena opositor aseguró que
coadyuvará en las investigaciones del liquidado Fondo Indígena; sin embargo,
calificó este hecho de una persecución política.
Por el caso Fondo Indígena están con detención preventiva en
el penal de San Pedro los dirigentes
campesinos y críticos al MAS Félix Becerra y Damián Condori.
A ellos se suman los exdirectores ejecutivos del Fondo,
Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra; la exministra Julia Ramos y la dirigenta
indígena de tierras, afín al MAS, Melva Hurtado, entre otros dirigentes.
CNN La jefa de
bancada de Unidad Demócrata en la Cámara de Diputados, Jimena Costa, denunció en el canal
internacional CNN que los recursos del Fondo Indígena fueron utilizados para fines de prebenda.
"Los recursos debieron haber
llegado a las comunidades, pero fueron desviados a otros fines, a dirigentes
afines al MAS. Como diputada tengo la
obligación de decirlo al pueblo: este no es un tema de los indígenas, es un
asunto del partido en función de gobierno y no se puede acusar a los indígenas
de algo que han hecho los dirigentes masistas”, afirmó ayer.
Rechazo El ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, afirmó el domingo que el Gobierno no protegerá a nadie por el caso de corrupción en el Fondo Indígena.
El representante del Comité Cívico de Santa Cruz, Jaime
Choque, entregó ayer en La Paz una carta dirigida al presidente Evo Morales en
la que solicita que el Gobierno explique
por qué deben votar por el Sí en el referendo constitucional, previsto para
febrero de 2016. Asimismo, anunció que harán lo propio con la oposición.
"En resguardo de los intereses de los bolivianos,
estamos convocando al presidente Evo Morales con el fin de que nos explique
trascendentalmente porqué debemos votar por el Sí”, informó a los periodistas.
Choque anunció que también pedirán a los partidos de
oposición que expliquen por qué la población debe votar por el No en el
referendo. "El pueblo quiere sincerarse, quiere apelar y hacer preguntas
de por qué debemos votar por el Sí y porqué debemos votar por el No”, dijo.
Choque explicó que después que el Gobierno y las
organizaciones políticas acepten su solicitud, el Comité Cívico organizará un
encuentro con la sociedad civil para que reciban las explicaciones correspondientes.
En todo momento los
nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortan a que la gente, partidos políticos y medios
de comunicación realicen debates sobre las dos opciones.
Los bolivianos irán a las urnas el 21 de febrero para
aprobar o rechazar la reforma constitucional para habilitar o no al presidente
Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García a la elección general de 2019.
Los Tiempos / Cochabamba
El Gobierno rescindió contrato con la empresa china CAMC
Engineering (Camce) por incumplir el cronograma del tramo 1 de la ferrovía
Montero-Bulo Bulo, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
Añadió que cobrarán las boletas de garantía por unos 20 millones de dólares.
Camce construye Misicuni, donde tuvo problemas laborales.
En una conferencia de prensa ofrecida en La Paz, Claros
explicó que tras rescindir el contrato con esa empresa china, “en un par de
semanas”, de inmediato se procederá a contratar una nueva firma para concluir
la obra.
“Tenemos demoras. Estamos procediendo a rescindir el
contrato con la empresa china Camce por incumplimiento de cronograma, estamos
en esa etapa de resolución. Vamos a contratar una nueva empresa”, informó
citado por ABI.
Con la contratación de una nueva empresa, el cronograma será
“ajustado” dijo, según el reporte de ANF, y además reconoció “que depende mucho
de los temas legales”.
La construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo fue
dividida en tres tramos: Montero-Río Yapacaní de 93 kilómetros; Río
Yapacaní-Bulo Bulo de 56 kilómetros; y los puentes sobre los ríos Piraí,
Yapacaní, Ichilo y Bulo Bulo, según fuentes oficiales.
En febrero de este año, el Gobierno rescindió contrato con
la empresa estatal China Railway por incumplir plazos y demorar la construcción
del segundo tramo del ferrocarril Montero-Bulo Bulo.
El tercer tramo está a cargo del consorcio español Yapilo,
que actualmente “está prácticamente concluido”, de acuerdo a Claros.
“A finales de este mes finalizamos las obras”, agregó.
El 2 de junio pasado, el Ministerio, a través de una carta a
la que accedió la ANF, advirtió a la empresa Camce con rescindir el contrato
por el incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución de obras y de
las instrucciones escritas enviadas por el supervisor.
En septiembre de 2013, el presidente Evo Morales inauguró
formalmente las obras de construcción de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, un
tramo de 148 kilómetros que demandará 250 millones de dólares y que será
utilizado para la exportación de productos nacionales, como la urea.
El ferrocarril busca unir las poblaciones bolivianas de
Montero, Santa Cruz, y Bulo Bulo, Cochabamba, y abaratar los costos de
exportación de productos hacia Brasil y Argentina.
En abril de este año, la empresa Camce enfrentó un paro de
los obreros del proyecto Misicuni, quienes denunciaron que no entregaba boletas
de pago ni contratos laborales, descontaba aportes para las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) pero no hacía los depósitos, tampoco brindaba seguro
de salud, no entregaba ropa de trabajo, no contaba con ambulancia y que la
posta de salud no tenía medicamentos.
La firma española Abertis Infraestructura causó al menos
ocho daños al Estado boliviano cuando administraba los tres aeropuertos del
eje, aseguró ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce, en el inicio
de la audiencia oral sobre la nacionalización de Servicios de Aeropuertos de
Bolivia (Sabsa), reportó ABI.
La audiencia se realizó en la Corte Internacional de
Arbitraje de París, donde la firma española interpuso su demanda.
En la presentación de la defensa, Arce alegó que cuando
Abertis administraba los aeropuertos del país existía “ausencia absoluta de
inversiones”, “incumplimiento de su obligación de presentar planes maestros
para el desarrollo de los aeropuertos en condiciones mínimas aceptables”,
“falta de mantenimiento en los servicios de asistencia en tierra” y “estado
deplorable de las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y plataformas,
situación ‘gravísima’ que puso en riesgo las operaciones aéreas en Bolivia”.
Además de la “tercerización injustificada de servicios y
cobros irregulares”, “incumplimiento de normativa tributaria boliviana”,
“incumplimiento de la normativa laboral boliviana” y “abusos incalificables por
sus principales directivos”, como el “escandaloso caso del Señor Anthony
Alicastro”, directivo de esa empresa que ganaba mensualmente más de 20.000 dólares,
10 veces el sueldo del presidente de Bolivia y más de 140 veces el sueldo
mínimo nacional en el país de ese entonces.
El Procurador aseguró que Abertis provocó “deliberadamente”
la nacionalización de sus acciones en Sabsa, en 2013, por sus actitudes negligentes
y contrarias al derecho.
También defendió que la decisión de terminar la concesión de
Abertis fue en estricta observancia del derecho internacional, por razones de
utilidad pública y por razones de
emergencia.
Según un boletín institucional, las audiencias orales se
llevan adelante a puertas cerradas a pedido de Abertis.
Los alegatos de Abertis, representada por el bufete de
abogados Clifford Chance de Estados Unidos, se presentaron la mañana de ayer y
buscan una indemnización de 86 millones de dólares más intereses.
Las audiencias orales durarán hasta el viernes y el ministro
de Obras Pública, Milton Claros, dijo ayer a ANF que, luego de esta ronda, la
comisión tendrá un tiempo más antes de emitir su fallo.
El Gobierno espera concluir hasta esta semana la evaluación
de la liquidez de 20 mil micro y pequeñas empresas (MyPE) para determinar si se
encuentran en condiciones de pagar el segundo aguinaldo, informó ayer el
viceministro de la Pequeña y Microempresa, Martín Bazurco.
El proceso de evaluación se realiza en función al tamaño, al
número de unidades productivas, a sus características, al nivel de ventas y al
número de trabajadores.
“Tenemos hasta esta semana para tener los primeros
resultados concretos”, dijo en conferencia de prensa realizada en esta ciudad.
La evaluación es realizada por técnicos del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y representantes de la Confederación Nacional de
la Micro y Pequeña Empresa. Se triangulará la información con los datos que se
tenga de las entidades matrices y del Instituto Nacional de Estadística (INE),
explicó.
Las 20 mil empresas representan el 17 por ciento de las MyPE
de los rubros textil, cuero, metalmecánica, alimentos y carpintería, que son
parte de las más de 220.000 pequeñas empresas manufactureras que existen en
Bolivia.
Según Bazurco, el 80 por ciento restante fue excluido de la
evaluación porque tiene como empleados a familiares de los propietarios,
quienes no están bajo la tutela de la Ley General del Trabajo.
Las instituciones que impulsan las actividades de los
emprendedores en Bolivia tienen efectos irrelevantes en sus proyectos, se
dedican más a hacer trabajos de sensibilización (charlas, cursos y similares) y
la mayoría no tiene forma de medir si sus objetivos se cumplieron.
Los datos están contenidos en la publicación Ecosistema
Emprendedor Boliviano, un diagnóstico realizado por Miguel Ángel Figueroa, de
la Fundación Novus y de HUB 7.
La investigación fue presentada ayer en la Federación de
Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), ante representantes de
instituciones y organizaciones públicas y privadas de Cochabamba, como una
forma de aproximarse a la realidad del ecosistema de emprendedores de Bolivia y
buscar soluciones para fortalecerlo.
La investigación, según explicó el autor, tomó en cuenta a
203 promotores (impulsores) que apoyan los emprendimientos en el país
(instituciones públicas, universidades, fundaciones, ONG y otras). Así, el 83
por ciento de estos impulsores no definen indicadores de intervención o
presentan indicadores no pertinentes de resultados.
El 43 por ciento de estos impulsores, se dedica a tareas de
sensibilización (conferencias, seminarios, cursos), que según el autor son
“tareas loables, pero no relevantes” si no se tienen los planes formulados o
los indicadores predefinidos.
Los porcentajes contrastan con las cifras de otros eslabones
de la cadena de emprendimiento. Por ejemplo, sólo el 2 por ciento de los impulsores
se dedica a la incubación de estos proyectos; un porcentaje similar enfatiza en
la aceleración. Algo menos del 8 por ciento se enfoca en el financiamiento.
Además, más del 80 por ciento de los emprendimientos son
estáticos, esto es pequeños y prácticamente informales.
Los municipios del departamento alcanzarán una ejecución
presupuestaria del 60 por ciento en 2015, informó ayer el presidente de la
Asociación de Municipios de Cochabamba, Héctor Arce; mientras que la
Gobernación llegó al 65 por ciento, señaló el gobernador, Iván Canelas.
Arce justificó la baja ejecución presupuestaria para este
año recordando que hubo elecciones subnacionales y las autoridades asumieron el
cargo hace seis meses, recibieron un Plan Operativo Anual (POA) ya ejecutado en
parte y, además, enfrentan varias trabas burocráticas.
“Hay una serie de normas que dificultan de alguna manera y
esa es la realidad que nosotros estamos viviendo día a día, eso ha hecho que al
momento no tengamos la ejecución esperada; sin embargo, se está haciendo los
mayores esfuerzos”, indicó.
Las declaraciones surgieron después de que el vicepresidente
del Estado, Álvaro García Linera, advirtió en un acto público, el domingo, que
los alcaldes deben superar el 80 por ciento en ejecución presupuestaria.
Por su parte, Canelas indicó que, en el caso de la
Gobernación a su cargo, se prevé tener un incremento sustancial hasta fin de
año.
“No es fácil porque nosotros estamos un poco de más de seis
meses ejecutando un presupuesto que lo hemos heredado, pero estamos trabajando
para que nuestra ejecución en la Gobernación sea por lo menos de un 80 por
ciento o sobrepase”, señaló.
Hizo notar que es necesario analizar aspectos que escapan al
alcance de la Gobernación. “Ojalá no nos depositen recursos a última hora
porque eso nos afecta, reduce la ejecución presupuestaria”, explicó.
Arce, alcalde de Omereque,
considera que para el próximo año las ejecuciones presupuestarias de las
Alcaldías mejorarán y, por eso, lo conveniente sería evaluar en esa gestión a
los alcaldes para poder valorar con mayor precisión la gestión que realizan.
“Yo tengo algunos proyectos con la Gobernación que en el
transcurso de esta gestión no se ha podido hacer el desembolso, está
presupuestado; pero no se ha depositado de manera efectiva en la cuentas”,
indicó respecto a los proyectos de coparticipación con el gobierno
departamental.
La presidenta de la Confederación Nacional de Microempresarios,
Martha Gómez, convocó ayer a una cumbre tributaria a realizarse en Sucre, del
25 al 27 de enero de 2016. Dijo que al tratarse de una iniciativa ciudadana
debe ser tomada en cuenta por las autoridades.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación,
Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, René Joaquino, dijo
que las conclusiones del encuentro sólo pueden viabilizarse como una propuesta.
Gómez recordó que, desde hace meses, varios sectores como
los trabajadores con carne, los comerciantes, la Asociación de Avicultores
(ADA) y los contribuidores al Régimen General plantearon modificaciones al
Código Tributario sin recibir una respuesta oficial.
Indicó que las conclusiones a las que se arribe en la cumbre
deberán ser asumidas como las nuevas normas que rijan al país en tema
tributario.
Joaquino explicó que, procedimentalmente, los resultados
deben materializarse en una propuesta técnica ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP).
Sin embargo, reconoció que es necesario realizar una
modificación al Código Tributario porque “es disperso y confuso” para los
contribuyentes. Afirmó que las mayores dificultades se presentan en las
normativas sobre sanciones, fiscalización y demoras.
“Nosotros, en la comisión, hemos recibido muchas denuncias
(sobre tributación), estamos valorando y cuando tengamos los resultados los
vamos a dar a conocer. Hay una necesidad de hacer una reforma al Código
Tributario porque hay varias leyes dispersas, en muchos casos resoluciones del
directorio del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)”, afirmó Joaquino.
En la cumbre se analizará la ley desde la perspectiva
económica, política, social y legislativa en cuatro mesas de trabajo, donde
participarán las organizaciones de contribuyentes. Según Gómez, se envió
invitaciones formales a los ministerios de Economía, Justicia y Presidencia.
Las organizaciones que quieran participar deben acreditarse
hasta el 15 de enero, el requisito es enviar una propuesta de modificación a la
ley tributaria.
La gerente general de la Asociación de Líneas Aéreas
(ALA-Bolivia), Yanela Zárate, ratificó ayer que a partir del próximo 20 de
diciembre las 14 aerolíneas afiliadas a esa entidad iniciarán un paro
escalonado hasta que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) revise la aplicación
de una resolución que dispone la entrega de información de pasajeros y
tripulantes.
“El paro está vigente, no hay otra orden en contrario”,
informó Zárate a tiempo de objetar la imposición de multas de la Aduana que se
elevan a más de 2,5 millones de dólares por contravenciones a esa resolución.
La ANB desarrolló un sistema informático para el envío de
información de los pasajeros y tripulación de los vuelos entrantes y salientes
en el país. La medida se aprobó en 2011, pero el año pasado, según la
presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, las aerolíneas se comprometieron a
“adecuarse” en un plazo de dos meses al sistema y no lo hicieron.
Zárate sostuvo que se debió a dos situaciones. Por un lado
las debilidades y errores en el sistema que no permitían margen de equivocación
en los datos. Por otro lado, la falta de información de los pasajeros y
tripulantes, que se generó debido a la atención por Internet o agencias de
viaje, que evita el contacto personal del pasajero con la aerolínea.
Héctor Castellón, abogado del ex director ejecutivo del
Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Aramayo, dijo a Erbol que
algunas comunidades indígenas que se beneficiaron con los proyectos de esa
institución entregaron a sus dirigentes hasta el 10 por ciento del monto total
de las obras.
“Se ha establecido de que muchos de los dirigentes y muchos
de los palos blancos (...) han extorsionado de cierta manera o han engañado a
la gente. Hay comunidades indígenas que tenían un desconocimiento (...) y
dentro de la buena fe que tienen (...) han creído en sus dirigentes y han
entregado montos de dinero que llegaban hasta el 10 por ciento del total del
proyecto”, afirmó.
El abogado incluso habló de una cifra global estimada. “Son
1.300 millones de bolivianos, (entonces) el 10 por ciento ya se imaginarán”,
sostuvo.
Asimismo, dejó entrever que algún porcentaje de ese total
podría haber llegado a algunos que formaban parte del directorio del Fondo
Indígena, teniendo en cuenta que ellos designaban a sus técnicos.
Para esclarecer estas presunciones, Castellón pidió al
Ministerio Público convocar a unas 4.400 personas que supuestamente tuvieron un
conocimiento más claro del manejo del dinero destinado para proyectos.
La construcción de la Planta de Amoniaco y Urea, que encara
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, registra un avance global de 85
por ciento y el inicio de operaciones está previsto para el segundo semestre de
2016.
Se tiene un avance global considerable que involucra la
ingeniería, procura y construcción de la Planta de Amoniaco y Urea que se
construye en Bulo Bulo, provincia Carrasco de Cochabamba, señala la nota de prensa
de la estatal petrolera.
Este complejo será el primer mega proyecto petroquímico que
consolida la industrialización del gas natural para generar ingresos con mayor
valor agregado, indica.
La planta producirá 1.200 toneladas métricas día (TMD) de
amoniaco, materia prima para producir 2.100 toneladas métricas día (TMD) de
urea. El 20 por ciento promedio de la urea se destinará al mercado interno y el
80 por ciento al internacional.
El 13 de septiembre de 2012 YPFB y Samsung Engineering
suscribieron en la ciudad de Cochabamba el contrato para la construcción de la
Planta de Amoniaco y Urea, que demanda una inversión de 877 millones de
dólares.
En el último periodo, la construcción generó más de 3.000
empleos directos.
A mediodía de ayer, el Ministro de Hidrocarburos, Luis
Alberto Sánchez, posesionó a Luis Alberto Poma Calle como viceministro de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos y a Óscar Javier Barriga Arteaga
como viceministro de Industrialización, Comercialización Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos.
En el acto agradeció el aporte realizado por las autoridades
salientes, Eduardo Alarcón y Álvaro Arnez.
“Es momento de darle un nuevo impulso al sector
hidrocarburífero que afronta un momento trascendental en su paso hacia la
industrialización y el proceso de incrementar las reservas hidrocarburíferas y
poner en acción la ley de incentivos y esa es la tarea que tienen las nuevas
autoridades”, dijo citado en un boletín institucional.
También posesionó a Silverio Chávez Ríos como director
general ejecutivo del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear
(Ibten).
“El programa boliviano nuclear se ha convertido en uno de
los proyectos más importantes del país. El Ibten es fundamental porque es
regulatorio, va a dar la garantía de que el proyecto (...) se lleve a cabo de
acuerdo a las normas y procedimientos internacionales. El Dr. Chávez va a ser
quien dirija la entidad que regule (ese proyecto”, señaló Sánchez.
La Razón / La Paz
Los 1.858 beneficiarios del ex Fondo Nacional de Vivienda
Social (Fonvis) deberán pagar hasta abril de 2016 sus deudas por concepto de
aporte propio y saldo de capital del 12,5%, para evitar que sus inmuebles sean
revertidos al Estado.
Con el pago del 12,5% respecto al valor que tenía la
vivienda o el terreno, los beneficiarios podrán acceder a su minuta y a la
declaratoria de derecho propietario. El plazo fijado es en cumplimiento de la
Ley 678, informó ayer el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales.
“A partir de la aplicación de esta ley no habrá más
posibilidades para los beneficiarios del ex Fonvis para que puedan regularizar
su situación legal con relación a sus terrenos o a sus viviendas porque vence el
30 de abril de 2016. De lo contrario, de acuerdo con la Ley 678, la vivienda
pasará al Estado para que podamos hacer (nuevas) reasignaciones”, advirtió la
autoridad.
Según Morales, el monto promedio que deben pagar los 1.858
adjudicatarios es de Bs 7.000 por la vivienda o terreno con que se beneficiaron
del ex Fonvis y que en su momento tenía un valor entre $us 5.000 y $us 13.000.
Además, pidió a los favorecidos con una casa hacer un esfuerzo para pagar la
deuda y que su vivienda no sea revertida al Estado.
El viceministro explicó que los interesados deben llamar a
las líneas telefónicas 2146327 o al 2148828 para coordinar con los funcionarios
de la Unidad de Titulación el día y la hora para que se desplace un equipo
móvil de dicha entidad hasta sus viviendas y se autorice la cancelación de los
adeudos. En los próximos 10 días se
implementará un proceso acelerado para legalizar el derecho propietario de unas
300 viviendas, aprovechando el pago de los dos aguinaldos, manifestó.
Al menos 1.368 interesados se registraron para acceder a uno
de los 1.033 inmuebles que AEvivienda anunció que hará entrega en El Alto y
Santa Cruz. El plazo para anotarse fenece mañana. El viceministro de Vivienda y
Urbanismo, Bony Morales, dijo que después de la etapa de registro, se procederá
a realizar una evaluación social y financiera de los postulantes a una casa.
“Para la comunidad urbana Wiphala hay 871 registros; en
Santa Cruz, para la comunidad Tekohá hay 85 postulantes, para la comunidad
Santa Ana 293, comunidad Numito 119, haciendo un total de 1.368 postulantes en
El Alto y Santa Cruz”, explicó.
El miércoles, La Razón informó de que AEvivienda lanzó la
convocatoria a familias de El Alto y Santa Cruz que deseen adquirir una unidad
habitacional a crédito y a 20 años plazo. Entre los requisitos están ser
boliviano de nacimiento y tener un ingreso mínimo de Bs 5.000.
Los cívicos de la provincia Germán Busch de Santa Cruz y los
gremios de ingenieros y arquitectos exigieron a la Empresa Siderúrgica del
Mutún (ESM) y al Ministerio de Minería transparencia para elegir a la firma que
se adjudicará las obras del complejo siderúrgico.
“Exigimos responsabilidad y seriedad a nuestras autoridades
para que la adjudicación sea otorgada a la empresa más responsable, que
garantice a futuro el fiel cumplimiento del contrato, sin poner en riesgo la
continuidad del proyecto”, refiere el documento firmado el domingo por
representantes de los comités cívicos de Puerto Suárez, Arroyo Concepción y
Puerto Quijarro, de Santa Cruz.
El Ministerio de Minería informó el jueves que se declaró
desierto el proceso de licitación para la construcción de la planta siderúrgica
en el Mutún, en el que las chinas
Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. y Henan Complan Mechanical
participaron.
“La comisión concluyó que ninguna de las empresas cumplía
con las especificaciones técnicas, declarando desierto el proceso”, explicó en
esa ocasión el gerente administrativo de la ESM, Jesús Lara. Ese mismo día, el
ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, manifestó que se planificará
un nuevo cronograma para que “en el menor tiempo posible se pueda firmar el
contrato”. Según el pronunciamiento de los comités cívicos, Henan no dispondría
de respaldo técnico, económico y experiencia, a diferencia de Sinosteel que sí
la tendría.
Similares observaciones las hicieron el Colegio de
Arquitectos de la provincia Germán Busch y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia
en una carta que remitieron a los
directores de la ESM, en la que sugieren considerar la trayectoria y
experiencia de las empresas para la elección.
“Sugerimos la presentación de las dos empresas (chinas) en esta
zona para conocimiento de nuestras
organizaciones sociales, profesionales y población en general”, señala el
pronunciamiento.
Sobre el tema, el exgerente de infraestructura de la ESM,
Juan Mostajo, denunció que existe una parcialidad en el proceso a favor de la
empresa Henan, aspecto que fue rechazado por el presidente de la firma estatal,
Alberto Padilla, y el director Rolando Ibáñez. “La denuncia presentada por
Mostajo no tiene respaldo”, dijo Padilla.
Desde enero de 2016 rige el recorte del 12% del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH) que irá con destino al fondo de incentivos
para promover las inversiones en exploración y explotación hidrocarburífera.
Este porcentaje corresponde a los ingresos de gobernaciones, alcaldías,
universidades públicas, Tesoro General de la Nación (TGN) y Fondo Indígena.
El artículo 12 de la Ley de Promoción para la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera da cuenta que el Fondo de Promoción
a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH),
financiado con el 12% del IDH antes de su
distribución a los beneficiarios, “se aplicará sobre los recursos
percibidos a partir de enero de 2016”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana informó
el domingo que el presidente Evo Morales firmó la Ley de Incentivos con lo cual
ya está promulgada. “Ya la ley ha sido firmada por el Presidente. Ley firmada
es ley promulgada y, por lo tanto, eso se acata. No hay margen de discusión, de
deliberación”, afirmó.
En la citada ley se aclara que los ingresos obtenidos por la
aplicación de la norma serán distribuidos entre todos los aportantes al fondo.
El Ministerio de Hidrocarburos indicó, antes de la aprobación de la normativa,
que por cada dólar invertido en el fondo, las entidades tendrán utilidades de
$us 4 a $us 8. “En 2016 recuperarán un 60% de lo que vayan a colocar; en 2017,
que se empieza ya a tener utilidades, recuperarán el 100% de sus aportes más un
30 a 40%.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, recalcó
el domingo que en los próximos 10 años, las gobernaciones, municipios y
universidades invertirán $us 1.606,8 millones, con lo cual sus ingresos se
incrementarán en $us 7.327,3 millones. “La Ley de Incentivos se aplicará a
todos los municipios, gobernaciones y universidades”, sostuvo la autoridad.
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) convocó ayer a la Asociación de Líneas
Aéreas (ALA) a dialogar sobre la norma que establece procedimientos de control
del flujo de pasajeros para reducir el contrabando. Además, la administración aduanera solicitó a
este gremio reconsiderar el paro anunciado para el 20 de diciembre en rechazo a
las sanciones impuestas por la entidad.
La presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, invitó a los
representantes de ALA a dialogar sobre los controles del flujo de pasajeros,
que buscan obtener información sobre la frecuencia de viajes que hacen los
usuarios y qué tipo de mercancía traen al país con el fin de generar “centrales
de riesgo”.
VIGENCIA. Ardaya afirmó que la norma está vigente desde 2011
pero, vía resolución, se determinó contravenciones aduaneras por la no
presentación de información de las líneas aéreas, las cuales suman 9.294. Este
medio intentó comunicarse con la gerente general de ALA-Bolivia, Yanela Zárate,
para conocer si el gremio se reunirá con Ardaya, pero ésta no contestó su
celular.
El viernes, la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia
decidió iniciar un “paro escalonado a partir del 20 de diciembre” de todas sus
afiliadas en el país en rechazo a las multas y procesos establecidos por la
Aduana.
El Deber / Santa Cruz
No es la única empresa aérea enfrentada, pero la estatal
Boliviana de Aviación (BoA) es la que tiene el mayor número de procesos por
contravenciones aplicadas por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), al incumplir
la presentación de los manifiestos de pasajeros que exige la entidad aduanera.
Las empresas privadas han amenazado con un paro escalonado desde el 20 de
diciembre si no se revierte la medida.
BoA y otras 10 aerolíneas están confrontadas por 4.777
contravenciones que registran 6.933.500 Unidades de Fomento a la Vivienda
(UFV), según la información proporcionada por la ANB. Es decir, Bs 14,5
millones, al tipo de cambio actual (Bs 2,09568 por UFV).
En el caso de la aerolínea estatal, más de 1.500
contravenciones se encuentran en instancias administrativas y legales porque
BoA se resiste a reconocer las multas por la inviabilidad técnica del sistema
de recolección de información que aplica la Aduana y que afecta a todas las
empresas.
“Como BoA vamos a recurrir tanto a las instancias
administrativas como judiciales para proteger los intereses de la empresa. Hay
una inviabilidad técnica, una imposibilidad de cumplir las exigencias de la
Aduana porque están apartados de los estándares manejados a escala
internacional. En todo este tiempo, la empresa BoA ha mostrado en reiteradas
veces que el sistema de la Aduana adolece de serias falencias de seguridad y
funcionamiento”, explicó el gerente general de BoA, Ronald Casso.
Recordó que pese a que se le demostró a las autoridades de
la Aduana que no se puede cargar la información a su sistema, la entidad ha
seguido generando contravenciones por todos los vuelos internacionales,
inclusive triplicando las infracciones cuando un vuelo sale de La Paz, Cochabamba
o Santa Cruz de la Sierra.
Esta situación, similar con todas las aerolíneas, ha causado
que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA-Bolivia) advirtiera la anterior semana
con un paro escalonado de sus actividades desde el 20 de diciembre, en todos
los aeropuertos donde operan, hasta que la Aduana revierta las multas
pecuniarias que les cae.
Al respecto, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya,
consideró que la aplicación del sistema para controlar, especialmente la
mercancía de pasajeros aéreos, está vigente desde el 2011 y que ya se habían
realizado varias adecuaciones para que las empresas cumplan con el requisito.
“El problema no son las multas, sino la conducta (de las
aerolíneas) de no querer entregar información. La administración aduanera les
ha desarrollado un sistema para ello”, indicó.
No obstante, invitó a todas las empresas a una reunión
informativa para hoy y una prueba de cambio para conocer el funcionamiento del
sistema, para mañana miércoles.
Casso aseguró que BoA no es afiliada a ALA-Bolivia y no
parará sus actividades.
Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros,
señaló que será un perjuicio si alguna aerolínea corta sus servicios en el
país, más aún “en esta época que estamos en temporada alta de vuelos”.
La autoridad informó que gestionó reuniones entre ambas
partes para que el tema pueda resolverse a la brevedad.
Cuatro sectores del agro dedicados a la producción de arroz,
maíz, trigo y caña de azúcar cierran el año con cifras negativas y con una
superficie de siembra que corre el riesgo de decrecer en la campaña de verano
2016, informó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio
Roda.
“Son cuatro sectores en los cuales podríamos tener
disminución para el próximo año. Esperemos que no sea así, vamos a tratar que
los números en rojo se vuelvan verdes, para poder producir más", dijo
Roda, quien mostró especial preocupación por el sector azucarero, ya que se ve
golpeado también por el ingreso del contrabando.
El máximo líder del agro sostuvo que en la presente gestión,
el sector azucarero tuvo malos resultados ya que comenzaron la zafra con 76
días de retraso.
Solo el 29% de los trabajadores asalariados, aproximadamente
3 de cada 10, cuenta con un contrato de trabajo en Bolivia, según señala el
informe mundial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
difundido el lunes.
Este indicador es uno de varios que muestran que la
situación laboral en Bolivia es precaria, a pesar que el ingreso real aumentó
de de 1.517 bolivianos en 2001 a 2.072 bolivianos en 2013.
Solo el 11% de trabajadores asalariados tiene alguna
afiliación sindical, apenas el 19% de los ocupados está afiliado a una
Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y 28% tiene un seguro de salud, lo
que demuestra un cuadro de desprotección ante la enfermedad y la vejez.
El estudio estableció también que 43% de los trabajadores
laboran más de 48 horas por semana, por encima de las normas internacionalmente
reconocidas.
La misma encuesta evidenció que los trabajadores están
relativamente satisfechos con sus horarios de trabajo (65%), con la aplicación
de conocimientos dentro de sus tareas profesionales (58%), con sus condiciones
generales de trabajo (56%), con la estabilidad en su puesto de trabajo (55%),
con sus condiciones ambientales (ruido, luz, etc. 47%) y con su nivel de
ingresos económico (44%).
Los datos pertenecen a la Encuesta Metropolitana en
Desarrollo Humano (EMDH), realizada el año pasado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en las regiones metropolitanas de La Paz-El
Alto, Cochabamba y Santa Cruz, reveló que las condiciones laborales y la
calidad del empleo aun presentan grandes desafíos.
Página Siete / La Paz
Bolivia será el tercer país más afectado por la caída de
exportaciones, según un informe del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo internacional estima un
32% menos a causa del descenso del precio del petróleo.
Las exportaciones de América Latina y el Caribe, señala,
volverán a caer por tercer año consecutivo en 2015, con Venezuela y Colombia
como países más afectados debido al descenso del precio del crudo, y Guatemala
y El Salvador como únicas excepciones de la pérdida generalizada en la región
La bajada de este año será de alrededor del 14%, hasta los
914.000 millones de dólares, revela el estudio Estimaciones de las Tendencias
Comerciales de América Latina y el Caribe 2016, que fue publicado ayer por el
BID.
Entre los más
afectados están los países como Venezuela, con un descenso del 49%, y Colombia,
con un 35%, seguidos por Bolivia (-32%), Ecuador (-28%) y Trinidad y Tobago
(-27%).
Como principales
causas, el organismo apunta a la "fuerte corrección de la cotización de
los bienes exportados y a la débil demanda de los principales socios
comerciales”.
"La mayor contracción comercial desde el colapso de
2009 es un llamado para implementar políticas de diversificación exportadora”,
afirmó el economista principal del Sector de Integración y Comercio y
coordinador del estudio, Paolo Giordano.
De acuerdo con el informe, estos datos reflejan la marcada
reducción de los precios de productos básicos, con alimentos como el café, el
azúcar o la soya con un descenso de
entre el 20 % y el 25 % en el año. Mientras que materias primas como el
petróleo y el hierro registraron colapsos del 50%.
También constatan la ralentización económica global, con un
descenso en los destinos de las exportaciones es el caso de un 14% con China.
El país asiático es un de los principales compradores de materias primas latinoamericanas,
pero registró una aguda contracción.
El fin de semana, la Aduana Nacional descubrió llantas de
contrabando y ropa usada que había sido semienterrada en pleno altiplano
orureño, en un intento de burlar a la
entidad con el ingreso de la mercadería
en fracciones a las ciudades.
"Ayer (el domingo) en la localidad de Ayllu Ayucata,
provincia Carangas de Oruro, se han encontrado llantas y ropa usada enterradas,
pudiéndose comprobar así la hipótesis de que la nueva forma de intentar
internar la mercancía es por partes”, informó la presidenta de la Aduana
Nacional, Marlene Ardaya.
La mercancía secuestrada, por su volumen, tuvo que ser
trasladada a depósitos de Aduana en tres camiones grandes. "Por efecto de
la aplicación de los controles de la Aduana Nacional, lo que se está
produciendo es que estos grandes
contrabandistas están ocultando mercancía en la pampa y lugares
desiertos”, afirmó.
Agregó que, por una alerta proveniente de Chile, se hizo un
seguimiento hasta poner al descubierto la alteración de precintos y la
introducción de contrabando en un camión que transportaba productos para una
conocida cadena de supermercados del país.
FUENTE; INSTITUTO PRISMA
