NOTICIAS DE BOLIVIA DEL 15 DE DICIEMBRE

 

Noticias de Los Tiempos de Cochabamba

 

Bolivia avanza 2 puestos en desarrollo humano

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó ayer el ranking internacional sobre desarrollo humano, que establece que Bolivia subió dos puestos entre 2009 y 2014.

El nuevo ranking denominado “Trabajo al servicio del desarrollo humano”, lanzado en Etiopia, establece que Bolivia ocupa el puesto 119 de una lista que incluye a 188 países y figura en el grupo de las naciones que tienen un desarrollo humano medio. 

Según datos de la ONU, para establecer el nuevo ranking, el PNUD realizó una minuciosa revisión de datos que permiten medir el nivel de desarrollo humano de cada país.

El departamento de estadística del PNUD se encargó de establecer el progreso relativo de cada país entre 2009 y 2014, con un avance de 2 posiciones para Bolivia, en comparación a 15 puestos para Perú, 7 para Argentina, 5 para Ecuador, 4 para Uruguay, 3 para Brasil y Colombia y 2 para Chile. 

Según esos datos, un solo país de la región ha retrocedido en ese ranking: Venezuela que perdió 4 puestos.

Bolivia tiene ahora un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.662, basado sobre una esperanza de vida de 68,3 años, una esperanza educativa de 13,2 años, un promedio de escolaridad de 8,2 años y un producto interno bruto por habitante de 5.760 dólares, ajustados por la paridad de poder de compra internacional. 

Argentina y Chile son los únicos países latinoamericanos con un desarrollo humano muy alto. 

Los países que están cerca de Bolivia por su clasificación, según el Índice de Desarrollo Humanos (IDH), son Paraguay y El Salvador, que tienen una clasificación de 112 y 116 respectivamente. 

Bolivia se encuentra por delante de países como Nicaragua (125), Guatemala (128) y Honduras (131).

Está en la posición 23 de 27 países analizados de América Latina y el Caribe. En Sudamérica, Bolivia tiene el lugar más bajo.

Políticas sociales

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, afirmó ayer que las políticas sociales implementadas por el Gobierno permitieron a Bolivia subir dos puestos en el ranking del PNUD.

“Ese es el resultado de las políticas que ha planteado nuestro Gobierno, ahí está el socialismo que tanto hemos reclamado, está precisamente con una visión hacia el capital humano, hemos mejorado las condiciones económicas de los bolivianos”, respaldó en contacto con la prensa.

Ley educativa impide la manipulación de notas

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó ayer que se aprobó un mecanismo de control en el sistema informático de la libreta digital para evitar la venta o manipulación de las notas, esto impedirá que los profesores de las unidades educativas modifiquen arbitrariamente las calificaciones de los estudiantes.

Aguilar explicó que la evaluación bimestral y el sistema de las libretas digitales obligan al maestro a introducir las notas cada dos meses para que se reporte y almacene en el sistema del Ministerio de Educación.

“El maestro introduce las notas y quedan registradas en todos los bimestres, si de pronto se descubre o establece que hay un error y que en vez de poner 71 se puso 17; para modificar esa nota el profesor tiene que presentar sus cuadernos pedagógicos de seguimiento al estudiante y con estos recién se establecería la autorización para el cambio”, dijo.

Aguilar señaló que este proceso de modificación no debe sobrepasar los 10 días, por lo que los padres de familia y los mismos estudiantes deben estar atentos a sus notas cada bimestre y no esperar hasta el fin del año escolar.

“Esto permite que la manipulación de notas o una situación de corrupción como la venta de notas queden reducidos hasta el mínimo, porque lo que tendríamos son mecanismos de seguimiento y control directos. Están además condicionados a cualquier modificación”, indicó.

Libretas digitales

Aguilar que en esta primera gestión en la que se aplicó las libretas digitales se registraron en el primer y segundo bimestre 19 mil accesos de padres de familia. “Esto obviamente nos ha mostrado que el volumen de toda la población es muy poco, pero obviamente  hay una tendencia a acceder ¿Dónde estuvo el problema? Básicamente en el comentario de que no se podía acceder por la falla del sistema, pero en realidad  no se habían cargado las notas en las unidades educativas”.

Una segunda falla detectada es que los padres no están familiarizados con el uso de Internet.

Aguilar dijo que partir del siguiente año se “bombardeará” con información para que los padres accedan a las libretas y de una forma más sencilla: sólo se pondrá el nombre del alumno, carnet de identidad o con el sistema de Registro Único de Estudiante (Rude).

“Para el primer bimestre (del 2016) nuestro objetivo es llegar a 300 mil padres verificando las calificaciones de sus hijos”, señaló Aguilar.

Grupo ciudadano se alinea por el No

Bajo el rótulo de “Una Nueva Oportunidad (NO) para la democracia, el medio ambiente y la justicia”, un grupo de ciudadanos emitió ayer un pronunciamiento público en el que manifiestan su desacuerdo con la reelección por un cuarto periodo consecutivo del actual binomio presidencial. “Hay profundas razones éticas, históricas, jurídicas y políticas para rechazar la modificación de la Constitución –por segunda vez– con ese solo propósito”, aseguran.

La nota recuerda que hace apenas dos años, el Gobierno modificó la CPE con el mismo objetivo, mediante una cuestionada Ley de Aplicación Normativa que le permitió reelegirse en 2014.

“Y ahora se apresta a prorrogarse en el poder –de 14 a 19 años– siguiendo el camino elegido por la mayoría de las autocracias del ALBA, que niegan a generaciones de ciudadanos el derecho a una renovación democrática”.

El grupo ciudadano manifiesta que no basta con oponerse a esta decisión arbitraria, sino que es necesario promover un cambio del proceso político, social y económico impuesto por el MAS, caracterizado por el desconocimiento sistemático de las leyes y de los derechos reconocidos por la Constitución, el derroche económico y la depredación ambiental, el avasallamiento de la justicia y la corrupción generalizada. “No es admisible que ese sea el precio de la equidad y la inclusión social por el que luchamos los bolivianos y bolivianas”, concluyen.

El manifiesto asegura que está en juego en el referendo del 21 de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza.

“Aquí y ahora, el No por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (NO) para la democracia, el medio ambiente y la justicia. Y es, asimismo, un NO rotundo a la corrupción, la inseguridad ciudadana, la impostura ideológica y el narcotráfico”.

Firman el pronunciamiento unas 100 personas, entre políticos, analistas, intelectuales, líderes sindicales, constitucionalistas, artistas, investigadores, defensores de derechos humanos y, en general, ciudadanos que no están de acuerdo con la reforma a la Constitución Política del Estado.

Sugieren al TSE prohibir participación de Morales en actos de entrega de obras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en lugar de limitar el tiempo de las transmisiones en vivo de la entrega de obras durante los últimos 30 días antes de la realización del referendo del 21 de febrero de 2016, debería prohibir al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera participar de estos actos por ser sujetos de la consulta y principales interesados en que gane el Sí, afirmó el constitucionalista Williams Bascopé.      

El jurista, especializado en derecho constitucional, dijo que el TSE rebasa sus propias atribuciones cuando limita la transmisión en vivo de los actos de entrega de obras a 15 minutos por caso, cuando ese no es el problema en periodo electoral, sino cómo se utiliza ese tipo de eventos para fines proselitistas.

“El Tribunal Supremo Electoral debería ver cómo restringir a los que son sujetos a ser votados para que no participen como el Presidente y el Vicepresidente, porque ellos no deberían participar en las entregas de obras (…) No es lo mismo entregar obras en periodo electoral a no hacerlo, eso es muy diferente. El TSE debe centrar las sanciones y prohibiciones en aquellos que sí son interesados en que gane el Sí”, aseguró.    

Bascopé cuestionó que desde que entró en vigencia el Reglamento de Campaña y Propaganda, el TSE no derivó un solo caso ante la Contraloría General del Estado (CGE), lo cual muestra que es muy permisivo.

“Cuando no se centra en sancionar de manera práctica a quienes transgredan la norma, empieza a desgastar su imagen institucional”, dijo.

En criterio del constitucionalista, el TSE no goza de la confianza de la población, pero al menos cuenta con la duda razonable de la ciudadanía, por lo que debería hacer mayores esfuerzos por demostrar que es un árbitro imparcial, más aún cuando varios de los vocales fueron señalados de ser afines al Gobierno.

“Lo que se dijo del vocal José Luis Exeni, quien fue consultor de la Vicepresidencia y amigo personal del vicepresidente Álvaro García Linera, debería quedar en segundo plano y demostrar que es un árbitro imparcial”, señaló.

El TSE sostiene que, con la aprobación de los reglamentos referidos a los referendos, busca garantizar la libertad de expresión, la equidad en el acceso a los medios y abrir mayores espacios de debate con amplitud democrática e igualdad. En cuanto al TCP,  Bascopé dijo que demostró ser “funcional al Gobierno” y por tanto no se debería tener muchas esperanzas en que se rechace el recurso de inconstitucionalidad planteado por el ministro Juan Ramón Quintana.

Arrestan a jueza por favorecer a policía

Vivian González Rioja, jueza de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, fue aprehendida ayer por instructiva de la Fiscalía anticorrupción y trasladada a las oficinas del Ministerio Público por favorecer con medidas sustitutivas al coronel Juan Carlos Tapia Mendoza, hallado el viernes pasado en posesión de droga al interior de su vivienda.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, aseguró que la determinación se tomó porque se evidenció incumplimiento de deberes, prevaricato en el accionar de esa autoridad judicial y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. “El informe presentado por nuestros fiscales establece que la decisión de la jueza no se ajusta al derecho, hemos presentado todos los elementos de convicción y aun así esa autoridad determinó beneficiar con medidas sustitutivas al coronel.

Fue un actuar totalmente prevaricador que dejó en desventaja legal al Ministerio Público y por eso se determinó su aprehensión”, informó.

Padilla sostuvo que también fue arrestada su secretaria con fines investigativos. “Estamos tomando las declaraciones correspondientes y vamos a presentar la imputación formal contra la jueza pidiendo la detención preventiva en el penal de Palmasola”, agregó.

La imputación será presentada ante la autoridad jurisdiccional para que se fije fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares y se defina la situación jurídica de esta autoridad.

Padilla señaló que se conformó una comisión de fiscales a cargo de la investigación integrada por Cándido Blanco, Fanny Alfaro y Pablo Guzmán.

Al respecto, su abogado defensor, Santiago Flores, dijo que hasta entrada la noche no había visto ninguna orden de detención y que le parecía raro porque debería estar legalmente emitida, debidamente fundamentada, porque de lo contrario se estaría conculcando los derechos y violando los procedimientos. “Si no hay esa orden es un abuso y plantearíamos todos los recursos que la ley establece para garantizar sus derechos”, señaló.

Tapia Mendoza, comandante del Gacip de El Alto, fue aprehendido el viernes pasado en su casa en Santa Cruz.

Bolivia entre los peores en salud y nutrición

Bolivia tiene uno de los peores niveles de salud y nutrición de las Américas, y algunos de sus índices son comparables con países africanos, según el Índice de Desarrollo Humano divulgado ayer por Naciones Unidas. Ocupa los últimos lugares en ambos aspectos en América Latina y el Caribe.

El índice de mortalidad, por ejemplo, es de 39,1 por cada mil niños menores de cinco años.

Como comparación, en Chile mueren 8,2 menores de cinco años por cada mil y en Argentina 13,3. Otras naciones muestran niveles mayores, como Paraguay, con 21 menores fallecidos antes de cumplir los cinco años, o Ecuador, con 21,9. Haití ocupa el último lugar con 72 menores fallecidos. Algunos países africanos, como Cabo Verde, tienen mejores índices que los de Bolivia.

Por otra parte, en cuanto a la desnutrición infantil, Bolivia se sitúa en el penúltimo lugar, sólo delante de Guatemala. En nuestro país, el 27,2% de los niños menores de cinco años, es decir uno de cada cuatro, sufre de malnutrición. Estos son otros países de índice alto de desnutrición infantil: Paraguay (17,5%), El Salvador (20,6%), Nicaragua (23%) y Honduras (22%).

Guatemala ocupa el último lugar con 48% de malnutrición. Haití, en ese aspecto, tiene un mejor resultado que Bolivia, con una malnutrición del 21% de los niños.

Chile lidera la región con sólo 1,8% de los niños con malnutrición. Países que tienen un índice de menos de 10% son Argentina, Uruguay, Cuba y Costa Rica.

En otro aspecto en el que Bolivia marcha a la cola es en número de médicos: tiene 4,7 doctores por cada 10.000 habitantes, y ocupa el tercer peor lugar de la región, sólo por delante de Honduras y Nicaragua, que tienen 3,7 médicos por 10.000 habitantes (en este tema no se menciona los datos de Haití). Cuba lidera el índice, con 67 médicos por cada 10.000 habitantes, el más alto del mundo. Uruguay y Argentina tienen más de 30 médicos por cada 10.000, mientras otros 15 países tienen más de 10 médicos por cada 10.000.

Castigan a alcalde

El alcalde Bruno Álvarez, del municipio de Caquiaviri (La Paz), vestido con pollera y manta fue obligado a dar una vuelta por la plaza del pueblo como una sanción por las irregularidades en la administración de los recursos económicos.

El diputado Rafael Quispe lamentó que se use a las mujeres y su vestimenta como una forma de sanción.

Norma del TSE da más facultades a juez electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el nuevo Reglamento del Referendo para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del presidente y vicepresidente para el periodo 2020-2025, en el que otorga facultades al juez electoral para resolver, sin mayor trámite, los casos de delitos electorales cometidos en flagrancia. 

El reglamento zanja las contradicciones del artículo 249 de la Ley 026 de Régimen Electoral y le da mayor operatividad al juez electoral sobre los casos de delitos electorales.

De acuerdo al artículo 16 referido al procedimiento por faltas y delitos electorales, las denuncias por faltas electorales, su juzgamiento y resolución serán atendidas conforme al artículo 249 de la Ley 026 de Régimen Electoral. El inciso II de dicho artículo establece que “el juez electoral que conozca la comisión de una falta electoral en flagrancia, de oficio podrá resolver el caso en el mismo acto, prescindiendo del procedimiento establecido en el artículo 249 de la Ley 026, elaborando para dicho efecto el acta respectiva”.

El juzgamiento de delitos electorales se sujetará al Código de Procedimiento Penal. Las autoridades electorales que tengan conocimiento de la comisión de un delito remitirán los antecedentes al Ministerio Público bajo responsabilidad, de conformidad al artículo 239 de la Ley 026. 

De acuerdo al artículo 239 de la norma electoral, el juzgamiento de los delitos tipificados por la ley 026 y/o por el Código Penal corresponde a la justicia penal ordinaria.

Detienen a Katty Colque, esposa de Alcalde de Oruro

El juez Segundo de Instrucción Cautelar de Oruro dictó detención domiciliaria contra Katty Isabel Colque, esposa del alcalde de Oruro, Édgar Bazán, en el marco de un proceso por enriquecimiento ilícito, informó el Ministerio de Transparencia.

La mujer fue denunciada en febrero de este año porque incrementó su patrimonio de manera desproporcional.

Según los datos de Transparencia, durante seis años, Colque adquirió seis inmuebles y dos vehículos con sólo un salario de maestra jubilada.

La esposa del Alcalde compró a un inmueble en La Paz y Cochabamba, además de cuatro terrenos en Tarija. Los vehículos que compró son: una vagoneta Land Cruise y un vehículo Toyota Corolla. 

Además de la detención domiciliaria, el juez dictó arraigo y una fianza de 10 mil bolivianos contra Colque.

El juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de Oruro emitió la resolución por encontrarse suficientes indicios que la incriminan en el ilícito.

El alcalde de Oruro, Edgar Bazán Ortega, inició en junio de 2015 su cuarta gestión como autoridad, pues la primera fue en 1996, junto a Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Asumió como autoridad con su propio movimiento ciudadano “San Felipe de Austria”.

Ministra pide a centros de salud dar datos fidedignos

La ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó ayer que los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) del país deben confirmar en laboratorio los posibles casos del virus zika, para brindar una información oportuna y responsable, y no alarmar a la ciudadanía.

“Si es que hubiese un caso confirmado por laboratorio y que tenga el nexo epidemiológico, pues se dará la información precisa, los Sedes del país deben de brindar una información oportuna pero responsable”, afirmó en conferencia de prensa.

En ese marco, la Ministra de Salud aseguró que en el país no se registró ningún caso de “zika”, después que se reportaron casos en Brasil y Paraguay.

“Hasta la fecha casos que sean sospechosos no los podemos dar como positivos y confirmados, y eso se lo debe realizar a través de las unidades de epidemiología de los Servicios Departamentales de Salud quienes están en coordinación con la unidad de epidemiológica del Ministerio de Salud y de manera conjunta emitir una información precisa y fidedigna”, remarcó.

Campero precisó que una de las sintomatologías que diferencia esa enfermedad con el dengue y chikungunya es que la persona infectada no tiene fiebre muy alta; además, presenta conjuntivitis “pero sin pus”.

Caso misiles: suspenden juicio hasta el 12 de enero

El juicio oral por el caso misiles chinos fue suspendido hasta el 12 de enero a solicitud de ambas partes, así lo dictaminó el Tribunal Supremo de Justicia y aclaró que los plazos procesales quedan suspendidos durante ese tiempo.

“Se hace cuarto intermedio hasta las 9:00 del próximo 12 de enero del 2016 conforme a la petición de ambas partes”, indicó el presidente del Tribunal del juicio, Antonio Campero.

En la actualidad el juicio está en la fase de ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público, que durante la pasada semana procedió a la lectura de 76 recortes de periódicos sobre los hechos considerados delitos, informó el abogado del general Marcelo Antezana, Oswaldo Rojas.

Según la defensa, en las 76 notas realizadas por periódicos que fueron aportadas como pruebas, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé admitió haber autorizado la desactivación de los misiles chinos, pero no habría aprobado su salida del país, por eso la pregunta seguiría siendo quién la autorizó.

“Hay muchas especulaciones que demuestran que el presidente Rodríguez Veltzé tenía conocimiento de la salida”, señaló Rojas.

La Razón / La Paz

TSE defiende constitucionalidad del límite para difusión de obras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideró que el límite de 15 minutos que fijó para la transmisión por televisión y radio de la entrega de obras de gestión es constitucional. El Gobierno presentó un recurso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto la disposición.

“No podemos pronunciarnos sobre un recurso que no conocemos, pero por nuestra parte mantenemos la defensa de principios que están en nuestro reglamento que conforman una integridad, no son artículos aislados; y segundo, nosotros presumimos la constitucionalidad de nuestro reglamento en su conjunto”, señaló ayer en un breve contacto telefónico con La Razón el vocal del TSE José Luis Exeni.

El fin de semana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que la determinación del TSE, la entidad superior del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), afecta el derecho a la información de la ciudadanía y expresó su confianza en que pueda “reconsiderarse el tiempo (límite)” si el recurso legal presentado en Sucre, la sede del TCP, es aceptado.

Competencia. A principios de noviembre el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illanes, interpuso un memorial contra la disposición ante el TSE porque consideró que “limita discrecionalmente el derecho al acceso a la información e invade atribuciones y competencias” de otro órgano estatal”, en este caso el Ejecutivo. Éste es el principal argumento que sostiene el Gobierno para anular el parágrafo II del artículo 24 del inédito Reglamento para Campaña y Propaganda que entró en vigencia desde el 6 de noviembre.

“No hemos recibido ninguna notificación. Vamos a esperar que el TCP tome conocimiento de este recurso y por supuesto somos respetuosos de los otros órganos del Estado”, apuntó Exeni, quien lideró, como responsable de la repartición electoral Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), el diseño y la puesta en práctica de la normativa que ahora cuestiona el Gobierno y que regirá desde el 21 de enero de 2016, 30 días antes del referéndum constitucional fijado para el 21 de febrero.

Opositores han criticado la postura del Gobierno respecto de la limitación. El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría aseguró que la postura del Ejecutivo es un “irrespeto a las normas electorales”. “Lo que llama la atención es la intencionalidad de no cumplir la norma sabiendo que su espíritu es de equidad y ecuanimidad”, cuestionó. Un aspecto que va en la línea de uno de los principios de la normativa que reivindica su pluralismo y equilibrio como “garantía de la presencia equitativa de los diversos actores y opciones en los espacios de deliberación pública y en la agenda informativa y de opinión en los medios de comunicación”.

Quintana aseguró que los 15 minutos de transmisión apenas alcanzarán a cubrir la entonación del Himno Nacional en cada acto. La vocal Dunia Sandoval había anticipado que el tiempo fijado es “sobreabundante” si los espacios tienen un carácter informativo y no así propagandístico.

La difusión de gestión

El Gobierno dispuso desde 2006 la transmisión de los actos de gestión, sin restricciones. En el último tiempo, las estatales BTV y Patria Nueva también difunden los actos del vicepresidente Álvaro García.

Empresa cruceña imprimirá las boletas

La firma gráfica cruceña Sirena se adjudicó el contrato de impresión de las boletas para el referéndum constitucional del 21 de febrero. Tres empresas se presentaron a la licitación pública, pero solo dos de ellas ofrecieron un precio menor al referencial: Bs 1.400.000. “Se eligió a la imprenta Sirena, de Santa Cruz, que es una de las imprentas más grandes y serias del país. La adjudicación fue resultado de una convocatoria pública”, explicó ayer a La Razón el vocal José Luis Exeni.

Cifra. La vocal Dunia Sandoval indicó que la decisión fue producto de una revisión técnica. Ahora, la entidad electoral espera la consolidación del Padrón Electoral que arrojará la cifra oficial de habilitados para el sufragio y por consiguiente la cantidad de papeletas que demandará el proceso.

Con datos preliminares, se prevé que la cifra total de electores tanto en el ámbito nacional como en los 33 países del exterior alcance a los 6,5 millones. “El número de papeletas se definirá cuando se termine de consolidar el padrón, incluyendo los nuevos registros. El costo final también está sujeto a ese número. Preferimos no dar cálculos que pueden variar”, señaló Exeni.

Activistas lanzan campaña por el No

Bajo el lema “No es No”, un colectivo que agrupa a un centenar de intelectuales, activistas y artistas de todo el país abrió ayer en La Paz una campaña proselitista para promover el rechazo a la reforma constitucional que plantea el oficialismo a través de un referéndum que se desarrollará el 21 de febrero y que, de aprobarse, habilitaría al presidente Evo Morales a buscar una segunda reelección.

“Hemos coincidido en que hay una necesidad de poner un alto a todas las anomalías que existen en estos diez años. Exigimos que (el MAS) respete la Constitución que ellos han promovido”, señaló ayer Loyola Guzmán, activista en derechos humanos que llegó a ser parte del  Ejército de Liberación Nacional (ELN) que creó el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara a finales de los años sesenta.

Guzmán, junto con Ricardo Calla, Gloria Ardaya, Jaime Alcócer, Jhenny Cárdenas, Erika Brockmann, Filemón Escóbar, Saúl Lara, Jorge Lazarte, René Mayorga, Norca Paz, Sarela Paz, José Antonio Quiroga y Fabián Yaksic, entre otros, rubricaron un pronunciamiento ciudadano denominado Una nueva oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia, un texto que reivindica la construcción de la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos en el país.

Guzmán, Quiroga y Lara, en 2014, impulsaron el Frente Amplio, una plataforma que buscó la cohesión de la oposición con miras a las elecciones generales. A ella se sumó la opositora Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, pero fracasó. “Se desvirtuó, vio más su interés personal”, apuntó Guzmán. Ricardo Calla aseguró que el colectivo es ciudadano. “El No es propositivo, es una Nueva Oportunidad (NO), ésa es la sigla de la campaña”, explicó. Además precisó que la promoción del No se concentrará en las redes sociales.

Siles confirma la presencia de los 9 gobernadores

 “Todos han confirmado”. Así, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró la presencia de los nueve gobernadores del país y las delegaciones subnacionales que son parte del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que trata el pacto fiscal.   

En esta oportunidad, por primera vez, las autoridades regionales electas en marzo participarán del cónclave autonómico. El Gobierno convocó para el jueves a las 10.00 en el Palacio de Gobierno a la tercera versión extraordinaria de la cita.

En la segunda versión del CNA, los gobernadores del Beni y Santa Cruz fueron los principales ausentes. Esta última, a través de su secretario Roly Aguilera, informó ayer que la gobernadora interina Kathia Quiroga será la que llegue hasta la sede de gobierno en lugar del titular Rubén Costas, quien se ausentó a Alemania la semana pasada por invitación de la canciller Angela Merkel. Además, confirmó su asistencia Félix Patzi.

En la cita, Quiroga planteará el rechazo a la Ley de incentivo a la exploración hidrocarburífera —una de las temáticas de la cita—, “porque es una ley de confiscación”. En tanto que Patzi propondrá discutir sobre los ingresos que provienen del Tesoro General y el diseño de un “pacto de competencias”. “Ahí está el tema de fondo, es decir, que las gobernaciones puedan tener su ingreso propio que permita autosostenerse”, explicó Patzi.

Temas. Consultado sobre las temáticas que considerará el encuentro, Siles explicó: “Vamos a insistir en que las entidades territoriales autónomas puedan ejecutar leyes que pongan en vigencia sus competencias para que puedan desarrollar una dimensión productiva, una mayor capacidad de recursos propios. Es un aspecto medular”. Además se prevé evaluar la ejecución presupuestaria de los gobiernos subnacionales.

Juez anula la elección de directiva de AMB

Un fallo judicial declaró nula la elección de la directiva de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), realizada en junio, por lo que la actual directiva no tiene representación alguna. Desde la institución matriz, que es la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), se anunció que se aguardará la oficialización de esa determinación legal.

“Una elección que nosotros hemos cuestionado (...) y sobre la cual (…) hemos interpuesto un amparo constitucional, que finalmente ha tenido en la Sala Civil Primera un fallo positivo a nuestro favor y a favor de la municipalidad de Bolivia”, informó ayer el director jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Fernando Velásquez.

Según Velásquez, ahora ese directorio al mando de Iván Arciénega (MAS), alcalde de Sucre, ya no tiene representación y “ha cesado en sus funciones”.

En junio de este año se realizaron las elecciones de la directiva de la AMB, que representa a las nueve ciudades capitales y El Alto, comicios que fueron convocados por una concejala que ya había cesado en sus funciones, además que se denunció otras irregularidades, por lo cual la Alcaldía paceña presentó el recurso judicial ante un Juzgado Civil.

Respecto al fallo, el director ejecutivo de la FAM, Jerges Mercado, explicó que aún no se recibió la notificación oficial al respecto. “Conocimos extraoficialmente el fallo, pero también sabemos que eso fue a revisión al Tribunal Constitucional (...); vamos a ser respetuosos de las instancias legales correspondientes y acataremos lo que determine la instancia judicial”, anunció.

Brasil reitera apoyo a la lucha antidrogas

El Gobierno de Brasil ratificó su apoyo y cooperación a la política de lucha antidrogas de Bolivia, en un contexto de responsabilidad compartida, señaló la Embajada de Brasil a través de un comunicado.

En el documento reitera que Brasil confía en la llamada estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca 2011-2015 que “han mostrado expresivos resultados”.

“El Gobierno (brasileño) renueva su disposición de seguir apoyando y cooperando con el esfuerzo de la política antidroga boliviana en un contexto de responsabilidad compartida, con pleno respeto y soberanía nacional, a los derechos humanos y las costumbres ancestrales del pueblo de Bolivia”, se lee en el comunicado.

Bolivia estrecha relaciones con Cuba

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, inició ayer una visita oficial a Cuba al frente de una delegación para intercambiar y estrechar vínculos bilaterales, informaron medios locales. Ferreira fue recibido por el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general Álvaro López Miera, y otros jefes militares cubanos.

“Nuestra delegación lo que busca es estrechar lazos de amistad y cooperación entre ambos países”, declaró el ministro boliviano, tras participar en una ceremonia en el mausoleo de “El Cacahual”, donde reposan los restos del prócer independentista cubano Antonio Maceo y su ayudante, Francisco Gómez. Ferreira permanecerá en Cuba hasta el jueves.

Piden a exjefe militar testificar en caso Misiles

El Tribunal de Juicio de Responsabilidades citará al coronel de Ejército (r) Ciro Valdivia en calidad de testigo en el caso Misiles. El proceso ingresó en receso y se reanudará el 12 de enero de 2016, informó Oswaldo Rojas, abogado defensor del general (r) Marcelo Antezana.

El 23 de noviembre, Valdivia fue sentenciado a dos años de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso Misiles Chinos, tras someterse a un juicio abreviado en el que el militar aceptó su culpabilidad en la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y revelación de secretos en grado de complicidad, por la entrega de 37 misiles chinos a Estados Unidos para su desactivación.

“Hemos solicitado que Valdivia sea convocado como testigo en el juicio de responsabilidades, ya que él se acogió a un procedimiento abreviado e indicó que era cómplice, pero hasta ahora no se sabe quién entonces es el autor de los delitos. En el Tribunal aceptaron que se convoque al militar cuando se reanude el proceso”, explicó Rojas. Arguyó que el requerimiento se hizo para que Valdivia revele quién es el verdadero autor del delito, ya que aceptó tener culpa como cómplice.

Rojas informó que las autoridades del Tribunal de Juicio de Responsabilidades decidieron dar una pausa en el proceso por las fiestas de fin de año y también porque algunos de los funcionarios ingresaron en vacaciones. Por eso, el proceso se reanudará el 12 de enero de 2016.

Valdivia fue incluido en este proceso por haber ejercido el cargo de jefe de la Subsección Material Bélico del Departamento IV del Gran Cuartel de Miraflores de La Paz (Estado Mayor) en 2005, cuando fueron entregados 37 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas  a la Embajada de Estados Unidos, para que sean desactivados en ese país, con el argumento de que podían ser robados y utilizados en acciones terroristas. Los misiles fueron traídos al país, de retorno, desmantelados en 2006.

Los procesados son: Gonzalo Méndez, exministro de Defensa; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Marco Antonio Justiniano; el excomandante General de Ejército Marcelo Antezana; el general Gonzalo Rocabado; el exjefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez; el exinspector General del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; los coroneles Wílber Sánchez y David Torrico, y el exayudante del Departamento IV del Ejército, capitán Ernesto Caballero.

Etapa de pruebas en el juicio

Trabajo

Oswaldo Rojas, abogado del excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana, informó que el juicio de responsabilidades está en la  etapa de desfile de pruebas documentales y testificales.

Proceso

Agregó que su cliente no tiene ninguna intención de querer someterse a un procedimiento abreviado por el caso de los misiles. “No hay ninguna expectativa para que mi cliente quiera ir a ese proceso porque no hizo nada”.

Chile busca adicionar expertos en desminado

Chile capacitará más especialistas de las Fuerzas Armadas para desactivar las minas que fueron sembradas en su frontera durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó ayer José Antonio Gómez, ministro de Defensa.

“Éste es un esfuerzo grande, que requiere de gran ‘expertise’, estamos capacitando más gente de las Fuerzas Armadas para poder cumplir con nuestro objetivo de terminar con las minas en el periodo establecido en la Convención” de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales establecida en 1997, dijo Gómez en un comunicado del ministerio.

Chile ya ha destruido 123.834 de los 181.814 dispositivos antitanques y antipersonales que estaban sembrados al momento de sumarse a la Convención de Ottawa, lo que corresponde a un avance de 69,59%, según se informó en la XII Reunión Anual de la Comisión Nacional de Desminado que se realizó en la jornada pasada, encabezada por Gómez.

El ministro aseveró que Chile ha cumplido con los plazos a los que se ha comprometido para desminar sus fronteras, luego de acogerse a uno de los artículos de la Convención en 2011 que permite una prórroga para el retiro total de las minas hasta 2020.

“Es importante recalcar que hemos cumplido los plazos, queda alrededor del 30% de campos minados. Vamos a cumplir el plazo estipulado que es 2020”, afirmó Gómez, quien además rechazó nuevamente las declaraciones del ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, quien acusó a Chile en noviembre de no cumplir sus promesas de desminado.

“Desmentimos claramente lo que dijo el ministro de Defensa de Bolivia en relación a que no hemos cumplido con nuestros compromisos”, afirmó Gómez. Durante la dictadura de 17 años de Pinochet se sembraron gran parte de los explosivos a lo largo de la frontera entre Chile y sus vecinos, Argentina, Perú y Bolivia.

Segip emitió la cédula de identidad 10 millones

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó ayer que emitió la cédula de identidad número 10 millones, una cifra que representa un avance en los objetivos institucionales que se ha trazado esta institución.

El carnet pertenece a Junior Jhony Yucra Avisa, un niño de seis años, nacido en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí. El menor recibió su documento de identidad del director del Segip Marco Antonio Cuba en un acto en las oficinas de Identificación de la ciudad de Potosí.

Indocumentados. “Es un significativo acto, porque de esta forma el Segip avanza hacia el cumplimiento de su misión institucional de lograr un país libre de indocumentados”, afirmó Cuba, según un boletín institucional.

Por su parte, el director departamental del Servicio de Identificación en Potosí, Henry Morodias, convocó a los padres y madres de familia a que puedan obtener la cédula de identidad en beneficio de sus hijos menores. El Segip fue creado en 2011 y reemplazó a la Policía Boliviana como institución encargada de la emisión de las cédulas de identidad y la licencia de conducir.

El Deber / Santa Cruz

El GPS detecta agua, pero no hay ni rastros del lago Poopó

El GPS alerta que su portador atraviesa las aguas del lago Poopó, pero la realidad es completamente diferente. El vehículo recorre un terreno agrietado, hasta que se encuentra de frente nada menos que con una inmensa extensión de totorales, pero agua; nada de nada,

Cerca de la totora que se ha dado maneras para crecer en la pampa, un bote yace abandonado en medio de la nada, amarrado a un palo. Al otro lado, la tierra húmeda, agrietada, y con musgos, de esos que se encuentran al fondo de las superficies acuáticas.

Cuando uno se hace a la idea de que un lago se secó, inmediatamente se viene a la mente una extensión medible, detrás de la cual espera ver el paisaje azul, pero lo que ha ocurrido con el Poopó es mucho más grave, se han perdido kilómetros y kilómetros de agua.

En el horizonte se observa un brillo parecido al líquido, inevitablemente se siente ansiedad y se apuran los pasos para llegar y al menos mojarse las manos, pero se comprueba que era solo un espejismo o el efecto que aparece a la distancia cuando esa superficie se tiñe de algo parecido a la sal.

Un equipo de EL DEBER atravesó la carretera hacia Potosí, hasta llegar a la población Poopó, ubicada a 60 km de la capital de Pagador, de ahí ingresó 14 km hasta una población llamada El Choro. Las referencias indicaban que desde allí se podía llegar siguiendo por Santa María hasta el lago, o lo que queda de él.

Con la señal del GPS y de una senda marcada por las huellas de vehículos que pasan por ahí, se sigue la búsqueda. Tras hora y media se pierde la señal de celular, así que a confiar en Dios. En la ruta, un joven en su motocicleta sonríe ante la pregunta de ¿dónde es el lago? y responde, "es allá", dice mientras apunta con el dedo, "aunque no hay agua, antes sí había, pero se ha perdido", enfatiza.

Más adelante, un niño de ocho años detiene su recorrido en bicicleta y da una respuesta similar, "todo esto era el lago, mi mamá dice que había agua, dicen que aún hay más allá pero la verdad no conozco".

La señal del GPS regresa y ubica al equipo, supuestamente en medio de las aguas. Kilómetros más adelante, efectivamente quedan rastros del Lago, pero ya es tarde para llegar hasta ahí. El Poopó ya no es ni la sombra de lo que era, hay un largo recorrido de retorno, el sol se oculta en el horizonte, así que es inevitable volver sin mojar las manos.

Indagan posibles nexos de Tapia con policías y civiles

Causó malestar la liberación del teniente coronel de la Policía Juan Carlos Tapia Mendoza, quien fue aprehendido con 42 kg de cocaína.

Esa acción obligó a la Fiscalía a investigar posibles nexos del uniformado con policías de alto rango, además de iniciar un proceso penal en contra de la jueza Vivian González Rioja, que liberó al oficial. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se investigó a Tapia por sus constantes viajes no oficiales a Santa Cruz.

El último cargo que ocupó Tapia fue como comandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) en El Alto. Dos oficiales revelaron ayer a este medio que al oficial “no le interesaba” el Gacip, ya que asistía a trabajar “muy pocos días”.

Constantes viajes

Esa versión la confirmó el ministro Romero, quien reveló que Tapia viajaba constantemente a Santa Cruz vía aérea y sin misión policial. “Llamó la atención que el coronel Tapia hacía viajes a Santa Cruz que no eran oficiales; asimismo, había un trabajo investigativo que tenía indicios de que en un domicilio de Santa Cruz se estaba acopiando droga”, indicó.

Acotó que ya se notificó a Tapia con la baja de la institución policial y lamentó la decisión judicial de liberarlo. Esta acción, dijo, obliga a investigar los vínculos que armó Tapia con policías y civiles.

El fiscal de distrito de Santa Cruz, Gómer Padilla, aseguró que se investigarán los posibles nexos de Tapia con policías de alto rango. “Ahora tenemos que investigar todo, tenemos que investigar todas las acciones de Tapia y si existen o no vínculos con (otros) policías”, señaló.

Tapia fue aprehendido el jueves con 42 kilos de cocaína, 22 de los cuales estaban en el techo de su domicilio.

Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura no asumió todavía ninguna posición respecto a la jueza González y espera que el Ministerio Público investigue si hay responsabilidad penal de la funcionaria y que acelere la sanción en contra del imputado por narcotráfico que fue encontrado en flagrancia con la droga.

El consejero Wilber Choque cuestionó la actuación del Ministerio Público, que no presentó la acusación inmediata contra Tapia. “No había nada más que investigar dentro de la responsabilidad penal”, señaló.

Choque dijo que, en el marco de la independencia judicial, se debe respetar la decisión de la jueza, a quien solo se la puede objetar ante las instancias superiores del mismo Tribunal Departamental de Justicia, que pueden confirmar o revocar la resolución de otorgar medidas sustitutivas al imputado Tapia.

Según el Consejo de la Magistratura, en Santa Cruz hay 683 casos de investigación por narcotráfico y en muchos de estos la Fiscalía puede pedir la aplicación del procedimiento en flagrancia y lograr sentencia.

Pacto fiscal discutirá la generación de fondos

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, explicó ayer que el debate del pacto fiscal, en la tercera reunión del Consejo Nacional de Autonomías, no se limitará a la redistribución, sino a la generación de fondos económicos.

“Creemos que el debate y el diálogo sobre pacto fiscal, al incorporar una etapa que tiene que ver con el análisis y la fuente de los recursos, no solamente contempla una redistribución de los recursos, sino significa gastar bien, pero también incorporar esta dimensión productiva”, explicó el ministro Siles.

Sin embargo, ese criterio no es compartido por la asambleísta opositora de Tarija, María Lourdes Vaca, quien opinó que en ese encuentro se debe discutir la distribución de recursos económicos para los gobiernos departamentales.

A esa cita, acudirá el gobernador tarijeño, Adrián Oliva, y dos asesores. Similar criterio tienen en la Gobernación cruceña, que planteará el pacto fiscal. Asistirán a la reunión la gobernadora interina Kathia Quiroga y el asesor general, José Luis Parada.

Página Siete / La Paz

Chávez evalúa pedir refugio político por el caso Fondioc

El dirigente de la organización indígena CIDOB, Adolfo Chávez, analiza junto a sus pares de nueve países, miembros de la  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), solicitar refugio político o bien retornar a Bolivia para someterse a la justicia por el denominado caso Fondo Indígena.

"Entre estar preso o refugiado,  es mejor estar refugiado. Adolfo  Chávez está en Ecuador,  está en reunión con los nueve  miembros afiliados a la COICA. Él está esperando la mejor recomendación de los miembros de la COICA”, informó el dirigente indígena Lázaro Tacoo, quien dijo que entre hoy y mañana  se conocerá la decisión del dirigente.

Hace dos meses, la jueza Primera de Instrucción Anticorrupción  de Santa Cruz,  Albania Caballero,   declaró rebelde a Chávez y emitió una orden de aprehensión en su contra por no presentarse a declarar sobre un supuesto proyecto "fantasma” del Fondo Indígena. 

Esta decisión es "una clara persecución política” debido a que la jueza no consideró que Chávez viajó a París para participar en la Cumbre del Cambio Climático que se realizó en Francia, afirmó Otto Ritter, abogado del dirigente indígena.

Según Tacoo, "lo más probable es que Chávez  solicite refugio a Brasil porque en ese país aún se respetan los derechos humanos y de los indígenas, pero todo dependerá la recomendación de los miembros de la COICA”.

La hija del dirigente indígena, Enife Chávez,  dijo, con llanto, que ella y sus hermanos respetarán cualquier decisión que tome su padre, aunque eso signifique su ausencia.

Consultada sobre su petición al Gobierno, dijo  "no puedo pedirles nada porque no tienen corazón” en declaraciones a la red televisiva Unitel.

Chávez  es crítico del Gobierno, encabezó la  movilización   contra   la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos a través del Parque Nacional Isiboro Sécure.

En anteriores oportunidades,  el indígena opositor  aseguró que coadyuvará en las investigaciones del liquidado Fondo Indígena; sin embargo, calificó este hecho de una persecución política.

Por el caso Fondo Indígena están con detención preventiva en el penal de San Pedro  los dirigentes campesinos y críticos al MAS Félix Becerra y Damián Condori. 

A ellos se suman los exdirectores ejecutivos del Fondo, Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra; la exministra Julia Ramos y la dirigenta indígena de tierras, afín al MAS, Melva Hurtado,  entre otros dirigentes.

Queja  internacional

CNN  La jefa de bancada de Unidad Demócrata en la Cámara de Diputados,  Jimena Costa, denunció en el canal internacional CNN que los recursos del Fondo Indígena  fueron utilizados para fines de prebenda. "Los  recursos debieron haber llegado a las comunidades, pero fueron desviados a otros fines, a dirigentes afines al MAS. Como diputada  tengo la obligación de decirlo al pueblo: este no es un tema de los indígenas, es un asunto del partido en función de gobierno y no se puede acusar a los indígenas de algo que han hecho los dirigentes masistas”, afirmó ayer.

 Rechazo  El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó el domingo que el Gobierno no protegerá a nadie    por el caso de corrupción en el  Fondo Indígena.

Invitan a Evo y a la oposición para explicar por qué votar

El representante del Comité Cívico de Santa Cruz, Jaime Choque, entregó ayer en La Paz una carta dirigida al presidente Evo Morales en la que solicita  que el Gobierno explique por qué deben votar por el Sí en el referendo constitucional, previsto para febrero de 2016. Asimismo, anunció que harán lo propio con la oposición.

"En resguardo de los intereses de los bolivianos, estamos convocando al presidente Evo Morales con el fin de que nos explique trascendentalmente porqué debemos votar por el Sí”, informó a los periodistas.

Choque anunció que también pedirán a los partidos de oposición que expliquen por qué la población debe votar por el No en el referendo. "El pueblo quiere sincerarse, quiere apelar y hacer preguntas de por qué debemos votar por el Sí y porqué debemos votar por el No”, dijo.

Choque explicó que después que el Gobierno y las organizaciones políticas acepten su solicitud, el Comité Cívico organizará un encuentro con la sociedad civil para que reciban   las explicaciones correspondientes.

 En todo momento los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortan  a que la gente, partidos políticos y medios de comunicación realicen debates sobre las dos opciones.

Los bolivianos irán a las urnas el 21 de febrero para aprobar o rechazar la reforma constitucional para habilitar o no al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García a la elección general de 2019.

Económicos

Los Tiempos / Cochabamba

Gobierno rompe con china Camce

El Gobierno rescindió contrato con la empresa china CAMC Engineering (Camce) por incumplir el cronograma del tramo 1 de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Añadió que cobrarán las boletas de garantía por unos 20 millones de dólares.

Camce construye Misicuni, donde tuvo problemas laborales.

En una conferencia de prensa ofrecida en La Paz, Claros explicó que tras rescindir el contrato con esa empresa china, “en un par de semanas”, de inmediato se procederá a contratar una nueva firma para concluir la obra.

“Tenemos demoras. Estamos procediendo a rescindir el contrato con la empresa china Camce por incumplimiento de cronograma, estamos en esa etapa de resolución. Vamos a contratar una nueva empresa”, informó citado por ABI.

Con la contratación de una nueva empresa, el cronograma será “ajustado” dijo, según el reporte de ANF, y además reconoció “que depende mucho de los temas legales”.

La construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo fue dividida en tres tramos: Montero-Río Yapacaní de 93 kilómetros; Río Yapacaní-Bulo Bulo de 56 kilómetros; y los puentes sobre los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo y Bulo Bulo, según fuentes oficiales.

En febrero de este año, el Gobierno rescindió contrato con la empresa estatal China Railway por incumplir plazos y demorar la construcción del segundo tramo del ferrocarril Montero-Bulo Bulo.

El tercer tramo está a cargo del consorcio español Yapilo, que actualmente “está prácticamente concluido”, de acuerdo a Claros.

“A finales de este mes finalizamos las obras”, agregó.

El 2 de junio pasado, el Ministerio, a través de una carta a la que accedió la ANF, advirtió a la empresa Camce con rescindir el contrato por el incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución de obras y de las instrucciones escritas enviadas por el supervisor.

En septiembre de 2013, el presidente Evo Morales inauguró formalmente las obras de construcción de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, un tramo de 148 kilómetros que demandará 250 millones de dólares y que será utilizado para la exportación de productos nacionales, como la urea.

El ferrocarril busca unir las poblaciones bolivianas de Montero, Santa Cruz, y Bulo Bulo, Cochabamba, y abaratar los costos de exportación de productos hacia Brasil y Argentina.

En abril de este año, la empresa Camce enfrentó un paro de los obreros del proyecto Misicuni, quienes denunciaron que no entregaba boletas de pago ni contratos laborales, descontaba aportes para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pero no hacía los depósitos, tampoco brindaba seguro de salud, no entregaba ropa de trabajo, no contaba con ambulancia y que la posta de salud no tenía medicamentos.

Procurador dice en París que Abertis causó al menos 8 daños al Estado

La firma española Abertis Infraestructura causó al menos ocho daños al Estado boliviano cuando administraba los tres aeropuertos del eje, aseguró ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce, en el inicio de la audiencia oral sobre la nacionalización de Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa), reportó ABI.

La audiencia se realizó en la Corte Internacional de Arbitraje de París, donde la firma española interpuso su demanda.

En la presentación de la defensa, Arce alegó que cuando Abertis administraba los aeropuertos del país existía “ausencia absoluta de inversiones”, “incumplimiento de su obligación de presentar planes maestros para el desarrollo de los aeropuertos en condiciones mínimas aceptables”, “falta de mantenimiento en los servicios de asistencia en tierra” y “estado deplorable de las pistas de aterrizaje, calles de rodaje y plataformas, situación ‘gravísima’ que puso en riesgo las operaciones aéreas en Bolivia”.

Además de la “tercerización injustificada de servicios y cobros irregulares”, “incumplimiento de normativa tributaria boliviana”, “incumplimiento de la normativa laboral boliviana” y “abusos incalificables por sus principales directivos”, como el “escandaloso caso del Señor Anthony Alicastro”, directivo de esa empresa que ganaba mensualmente más de 20.000 dólares, 10 veces el sueldo del presidente de Bolivia y más de 140 veces el sueldo mínimo nacional en el país de ese entonces.

El Procurador aseguró que Abertis provocó “deliberadamente” la nacionalización de sus acciones en Sabsa, en 2013, por sus actitudes negligentes y contrarias al derecho.

También defendió que la decisión de terminar la concesión de Abertis fue en estricta observancia del derecho internacional, por razones de utilidad pública y por razones de  emergencia.

Según un boletín institucional, las audiencias orales se llevan adelante a puertas cerradas a pedido de Abertis.

Los alegatos de Abertis, representada por el bufete de abogados Clifford Chance de Estados Unidos, se presentaron la mañana de ayer y buscan una indemnización de 86 millones de dólares más intereses.

Las audiencias orales durarán hasta el viernes y el ministro de Obras Pública, Milton Claros, dijo ayer a ANF que, luego de esta ronda, la comisión tendrá un tiempo más antes de emitir su fallo.

Gobierno evalúa la liquidez de 20 mil MyPE

El Gobierno espera concluir hasta esta semana la evaluación de la liquidez de 20 mil micro y pequeñas empresas (MyPE) para determinar si se encuentran en condiciones de pagar el segundo aguinaldo, informó ayer el viceministro de la Pequeña y Microempresa, Martín Bazurco.

El proceso de evaluación se realiza en función al tamaño, al número de unidades productivas, a sus características, al nivel de ventas y al número de trabajadores.

“Tenemos hasta esta semana para tener los primeros resultados concretos”, dijo en conferencia de prensa realizada en esta ciudad.

La evaluación es realizada por técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y representantes de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Se triangulará la información con los datos que se tenga de las entidades matrices y del Instituto Nacional de Estadística (INE), explicó.

Las 20 mil empresas representan el 17 por ciento de las MyPE de los rubros textil, cuero, metalmecánica, alimentos y carpintería, que son parte de las más de 220.000 pequeñas empresas manufactureras que existen en Bolivia.

Según Bazurco, el 80 por ciento restante fue excluido de la evaluación porque tiene como empleados a familiares de los propietarios, quienes no están bajo la tutela de la Ley General del Trabajo.

Impulsores causan poco efecto en emprendedores

Las instituciones que impulsan las actividades de los emprendedores en Bolivia tienen efectos irrelevantes en sus proyectos, se dedican más a hacer trabajos de sensibilización (charlas, cursos y similares) y la mayoría no tiene forma de medir si sus objetivos se cumplieron.

Los datos están contenidos en la publicación Ecosistema Emprendedor Boliviano, un diagnóstico realizado por Miguel Ángel Figueroa, de la Fundación Novus y de HUB 7.

La investigación fue presentada ayer en la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), ante representantes de instituciones y organizaciones públicas y privadas de Cochabamba, como una forma de aproximarse a la realidad del ecosistema de emprendedores de Bolivia y buscar soluciones para fortalecerlo.

La investigación, según explicó el autor, tomó en cuenta a 203 promotores (impulsores) que apoyan los emprendimientos en el país (instituciones públicas, universidades, fundaciones, ONG y otras). Así, el 83 por ciento de estos impulsores no definen indicadores de intervención o presentan indicadores no pertinentes de resultados.

El 43 por ciento de estos impulsores, se dedica a tareas de sensibilización (conferencias, seminarios, cursos), que según el autor son “tareas loables, pero no relevantes” si no se tienen los planes formulados o los indicadores predefinidos.

Los porcentajes contrastan con las cifras de otros eslabones de la cadena de emprendimiento. Por ejemplo, sólo el 2 por ciento de los impulsores se dedica a la incubación de estos proyectos; un porcentaje similar enfatiza en la aceleración. Algo menos del 8 por ciento se enfoca en el financiamiento.

Además, más del 80 por ciento de los emprendimientos son estáticos, esto es pequeños y prácticamente informales.

Ejecución de presupuestos locales no pasa de 65%

Los municipios del departamento alcanzarán una ejecución presupuestaria del 60 por ciento en 2015, informó ayer el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, Héctor Arce; mientras que la Gobernación llegó al 65 por ciento, señaló el gobernador, Iván Canelas.

Arce justificó la baja ejecución presupuestaria para este año recordando que hubo elecciones subnacionales y las autoridades asumieron el cargo hace seis meses, recibieron un Plan Operativo Anual (POA) ya ejecutado en parte y, además, enfrentan varias trabas burocráticas.

“Hay una serie de normas que dificultan de alguna manera y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo día a día, eso ha hecho que al momento no tengamos la ejecución esperada; sin embargo, se está haciendo los mayores esfuerzos”, indicó.

Las declaraciones surgieron después de que el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, advirtió en un acto público, el domingo, que los alcaldes deben superar el 80 por ciento en ejecución presupuestaria.

Por su parte, Canelas indicó que, en el caso de la Gobernación a su cargo, se prevé tener un incremento sustancial hasta fin de año.

“No es fácil porque nosotros estamos un poco de más de seis meses ejecutando un presupuesto que lo hemos heredado, pero estamos trabajando para que nuestra ejecución en la Gobernación sea por lo menos de un 80 por ciento o sobrepase”, señaló.

Hizo notar que es necesario analizar aspectos que escapan al alcance de la Gobernación. “Ojalá no nos depositen recursos a última hora porque eso nos afecta, reduce la ejecución presupuestaria”, explicó.

Arce, alcalde de Omereque,  considera que para el próximo año las ejecuciones presupuestarias de las Alcaldías mejorarán y, por eso, lo conveniente sería evaluar en esa gestión a los alcaldes para poder valorar con mayor precisión la gestión que realizan.

“Yo tengo algunos proyectos con la Gobernación que en el transcurso de esta gestión no se ha podido hacer el desembolso, está presupuestado; pero no se ha depositado de manera efectiva en la cuentas”, indicó respecto a los proyectos de coparticipación con el gobierno departamental.

Microempresarios llaman a cumbre tributaria para enero

La presidenta de la Confederación Nacional de Microempresarios, Martha Gómez, convocó ayer a una cumbre tributaria a realizarse en Sucre, del 25 al 27 de enero de 2016. Dijo que al tratarse de una iniciativa ciudadana debe ser tomada en cuenta por las autoridades. 

Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, René Joaquino, dijo que las conclusiones del encuentro sólo pueden viabilizarse como una propuesta.

Gómez recordó que, desde hace meses, varios sectores como los trabajadores con carne, los comerciantes, la Asociación de Avicultores (ADA) y los contribuidores al Régimen General plantearon modificaciones al Código Tributario sin recibir una respuesta oficial.

Indicó que las conclusiones a las que se arribe en la cumbre deberán ser asumidas como las nuevas normas que rijan al país en tema tributario.

Joaquino explicó que, procedimentalmente, los resultados deben materializarse en una propuesta técnica ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Sin embargo, reconoció que es necesario realizar una modificación al Código Tributario porque “es disperso y confuso” para los contribuyentes. Afirmó que las mayores dificultades se presentan en las normativas sobre sanciones, fiscalización y demoras.     

“Nosotros, en la comisión, hemos recibido muchas denuncias (sobre tributación), estamos valorando y cuando tengamos los resultados los vamos a dar a conocer. Hay una necesidad de hacer una reforma al Código Tributario porque hay varias leyes dispersas, en muchos casos resoluciones del directorio del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)”, afirmó Joaquino.

En la cumbre se analizará la ley desde la perspectiva económica, política, social y legislativa en cuatro mesas de trabajo, donde participarán las organizaciones de contribuyentes. Según Gómez, se envió invitaciones formales a los ministerios de Economía, Justicia y Presidencia.

Las organizaciones que quieran participar deben acreditarse hasta el 15 de enero, el requisito es enviar una propuesta de modificación a la ley tributaria.

Aerolíneas ratifican paro desde el 20 de diciembre

La gerente general de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA-Bolivia), Yanela Zárate, ratificó ayer que a partir del próximo 20 de diciembre las 14 aerolíneas afiliadas a esa entidad iniciarán un paro escalonado hasta que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) revise la aplicación de una resolución que dispone la entrega de información de pasajeros y tripulantes.

“El paro está vigente, no hay otra orden en contrario”, informó Zárate a tiempo de objetar la imposición de multas de la Aduana que se elevan a más de 2,5 millones de dólares por contravenciones a esa resolución.

La ANB desarrolló un sistema informático para el envío de información de los pasajeros y tripulación de los vuelos entrantes y salientes en el país. La medida se aprobó en 2011, pero el año pasado, según la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, las aerolíneas se comprometieron a “adecuarse” en un plazo de dos meses al sistema y no lo hicieron.

Zárate sostuvo que se debió a dos situaciones. Por un lado las debilidades y errores en el sistema que no permitían margen de equivocación en los datos. Por otro lado, la falta de información de los pasajeros y tripulantes, que se generó debido a la atención por Internet o agencias de viaje, que evita el contacto personal del pasajero con la aerolínea.

Afirman que comunarios dieron diezmo a dirigentes

Héctor Castellón, abogado del ex director ejecutivo del Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Aramayo, dijo a Erbol que algunas comunidades indígenas que se beneficiaron con los proyectos de esa institución entregaron a sus dirigentes hasta el 10 por ciento del monto total de las obras.

“Se ha establecido de que muchos de los dirigentes y muchos de los palos blancos (...) han extorsionado de cierta manera o han engañado a la gente. Hay comunidades indígenas que tenían un desconocimiento (...) y dentro de la buena fe que tienen (...) han creído en sus dirigentes y han entregado montos de dinero que llegaban hasta el 10 por ciento del total del proyecto”, afirmó.

El abogado incluso habló de una cifra global estimada. “Son 1.300 millones de bolivianos, (entonces) el 10 por ciento ya se imaginarán”, sostuvo.

Asimismo, dejó entrever que algún porcentaje de ese total podría haber llegado a algunos que formaban parte del directorio del Fondo Indígena, teniendo en cuenta que ellos designaban a sus técnicos.

Para esclarecer estas presunciones, Castellón pidió al Ministerio Público convocar a unas 4.400 personas que supuestamente tuvieron un conocimiento más claro del manejo del dinero destinado para proyectos.

YPFB: Planta de urea tiene avance de 85%

La construcción de la Planta de Amoniaco y Urea, que encara Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, registra un avance global de 85 por ciento y el inicio de operaciones está previsto para el segundo semestre de 2016.

Se tiene un avance global considerable que involucra la ingeniería, procura y construcción de la Planta de Amoniaco y Urea que se construye en Bulo Bulo, provincia Carrasco de Cochabamba, señala la nota de prensa de la estatal petrolera.

Este complejo será el primer mega proyecto petroquímico que consolida la industrialización del gas natural para generar ingresos con mayor valor agregado, indica.

La planta producirá 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco, materia prima para producir 2.100 toneladas métricas día (TMD) de urea. El 20 por ciento promedio de la urea se destinará al mercado interno y el 80 por ciento al internacional. 

El 13 de septiembre de 2012 YPFB y Samsung Engineering suscribieron en la ciudad de Cochabamba el contrato para la construcción de la Planta de Amoniaco y Urea, que demanda una inversión de 877 millones de dólares.

En el último periodo, la construcción generó más de 3.000 empleos directos.

Cambian 2 viceministros y al director del Ibten

A mediodía de ayer, el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, posesionó a Luis Alberto Poma Calle como viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y a Óscar Javier Barriga Arteaga como viceministro de Industrialización, Comercialización Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos.

En el acto agradeció el aporte realizado por las autoridades salientes, Eduardo Alarcón y Álvaro Arnez.

“Es momento de darle un nuevo impulso al sector hidrocarburífero que afronta un momento trascendental en su paso hacia la industrialización y el proceso de incrementar las reservas hidrocarburíferas y poner en acción la ley de incentivos y esa es la tarea que tienen las nuevas autoridades”, dijo citado en un boletín institucional.

También posesionó a Silverio Chávez Ríos como director general ejecutivo del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (Ibten).

“El programa boliviano nuclear se ha convertido en uno de los proyectos más importantes del país. El Ibten es fundamental porque es regulatorio, va a dar la garantía de que el proyecto (...) se lleve a cabo de acuerdo a las normas y procedimientos internacionales. El Dr. Chávez va a ser quien dirija la entidad que regule (ese proyecto”, señaló Sánchez.

La Razón / La Paz

Gobierno amenaza con revertir 1.858 casas por deudas

Los 1.858 beneficiarios del ex Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) deberán pagar hasta abril de 2016 sus deudas por concepto de aporte propio y saldo de capital del 12,5%, para evitar que sus inmuebles sean revertidos al Estado.

Con el pago del 12,5% respecto al valor que tenía la vivienda o el terreno, los beneficiarios podrán acceder a su minuta y a la declaratoria de derecho propietario. El plazo fijado es en cumplimiento de la Ley 678, informó ayer el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales.

“A partir de la aplicación de esta ley no habrá más posibilidades para los beneficiarios del ex Fonvis para que puedan regularizar su situación legal con relación a sus terrenos o a sus viviendas porque vence el 30 de abril de 2016. De lo contrario, de acuerdo con la Ley 678, la vivienda pasará al Estado para que podamos hacer (nuevas) reasignaciones”, advirtió la autoridad.

Según Morales, el monto promedio que deben pagar los 1.858 adjudicatarios es de Bs 7.000 por la vivienda o terreno con que se beneficiaron del ex Fonvis y que en su momento tenía un valor entre $us 5.000 y $us 13.000. Además, pidió a los favorecidos con una casa hacer un esfuerzo para pagar la deuda y que su vivienda no sea revertida al Estado.

El viceministro explicó que los interesados deben llamar a las líneas telefónicas 2146327 o al 2148828 para coordinar con los funcionarios de la Unidad de Titulación el día y la hora para que se desplace un equipo móvil de dicha entidad hasta sus viviendas y se autorice la cancelación de los adeudos.  En los próximos 10 días se implementará un proceso acelerado para legalizar el derecho propietario de unas 300 viviendas, aprovechando el pago de los dos aguinaldos, manifestó.

Hay interés en otro plan

Al menos 1.368 interesados se registraron para acceder a uno de los 1.033 inmuebles que AEvivienda anunció que hará entrega en El Alto y Santa Cruz. El plazo para anotarse fenece mañana. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, dijo que después de la etapa de registro, se procederá a realizar una evaluación social y financiera de los postulantes a una casa.

“Para la comunidad urbana Wiphala hay 871 registros; en Santa Cruz, para la comunidad Tekohá hay 85 postulantes, para la comunidad Santa Ana 293, comunidad Numito 119, haciendo un total de 1.368 postulantes en El Alto y Santa Cruz”, explicó.

El miércoles, La Razón informó de que AEvivienda lanzó la convocatoria a familias de El Alto y Santa Cruz que deseen adquirir una unidad habitacional a crédito y a 20 años plazo. Entre los requisitos están ser boliviano de nacimiento y tener un ingreso mínimo de Bs 5.000.

Proyecto en el Mutún causa susceptibilidades

Los cívicos de la provincia Germán Busch de Santa Cruz y los gremios de ingenieros y arquitectos exigieron a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y al Ministerio de Minería transparencia para elegir a la firma que se adjudicará las obras del complejo siderúrgico.

“Exigimos responsabilidad y seriedad a nuestras autoridades para que la adjudicación sea otorgada a la empresa más responsable, que garantice a futuro el fiel cumplimiento del contrato, sin poner en riesgo la continuidad del proyecto”, refiere el documento firmado el domingo por representantes de los comités cívicos de Puerto Suárez, Arroyo Concepción y Puerto Quijarro, de Santa Cruz.

El Ministerio de Minería informó el jueves que se declaró desierto el proceso de licitación para la construcción de la planta siderúrgica en el Mutún, en el que las  chinas Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. y Henan Complan Mechanical participaron.

“La comisión concluyó que ninguna de las empresas cumplía con las especificaciones técnicas, declarando desierto el proceso”, explicó en esa ocasión el gerente administrativo de la ESM, Jesús Lara. Ese mismo día, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, manifestó que se planificará un nuevo cronograma para que “en el menor tiempo posible se pueda firmar el contrato”. Según el pronunciamiento de los comités cívicos, Henan no dispondría de respaldo técnico, económico y experiencia, a diferencia de Sinosteel que sí la tendría.

Similares observaciones las hicieron el Colegio de Arquitectos de la provincia Germán Busch y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en una carta que remitieron  a los directores de la ESM, en la que sugieren considerar la trayectoria y experiencia de las empresas para la elección.  “Sugerimos la presentación de las dos empresas (chinas) en esta zona  para conocimiento de nuestras organizaciones sociales, profesionales y población en general”, señala el pronunciamiento.

Sobre el tema, el exgerente de infraestructura de la ESM, Juan Mostajo, denunció que existe una parcialidad en el proceso a favor de la empresa Henan, aspecto que fue rechazado por el presidente de la firma estatal, Alberto Padilla, y el director Rolando Ibáñez. “La denuncia presentada por Mostajo no tiene respaldo”, dijo Padilla.

Desde enero rige recorte del IDH para fondo

Desde enero de 2016 rige el recorte del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que irá con destino al fondo de incentivos para promover las inversiones en exploración y explotación hidrocarburífera. Este porcentaje corresponde a los ingresos de gobernaciones, alcaldías, universidades públicas, Tesoro General de la Nación (TGN) y Fondo Indígena.

El artículo 12 de la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera da cuenta que el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), financiado con el 12% del IDH antes de su  distribución a los beneficiarios, “se aplicará sobre los recursos percibidos a partir de enero de 2016”.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana informó el domingo que el presidente Evo Morales firmó la Ley de Incentivos con lo cual ya está promulgada. “Ya la ley ha sido firmada por el Presidente. Ley firmada es ley promulgada y, por lo tanto, eso se acata. No hay margen de discusión, de deliberación”, afirmó.

En la citada ley se aclara que los ingresos obtenidos por la aplicación de la norma serán distribuidos entre todos los aportantes al fondo. El Ministerio de Hidrocarburos indicó, antes de la aprobación de la normativa, que por cada dólar invertido en el fondo, las entidades tendrán utilidades de $us 4 a $us 8. “En 2016 recuperarán un 60% de lo que vayan a colocar; en 2017, que se empieza ya a tener utilidades, recuperarán el 100% de sus aportes más un 30 a 40%.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, recalcó el domingo que en los próximos 10 años, las gobernaciones, municipios y universidades invertirán $us 1.606,8 millones, con lo cual sus ingresos se incrementarán en $us 7.327,3 millones. “La Ley de Incentivos se aplicará a todos los municipios, gobernaciones y universidades”, sostuvo la autoridad.

Aduana invita a dialogar a aerolíneas

La Aduana Nacional de Bolivia  (ANB) convocó ayer a la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a dialogar sobre la norma que establece procedimientos de control del flujo de pasajeros para reducir el contrabando.  Además, la administración aduanera solicitó a este gremio reconsiderar el paro anunciado para el 20 de diciembre en rechazo a las sanciones impuestas por la entidad.

La presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, invitó a los representantes de ALA a dialogar sobre los controles del flujo de pasajeros, que buscan obtener información sobre la frecuencia de viajes que hacen los usuarios y qué tipo de mercancía traen al país con el fin de generar “centrales de riesgo”.

VIGENCIA. Ardaya afirmó que la norma está vigente desde 2011 pero, vía resolución, se determinó contravenciones aduaneras por la no presentación de información de las líneas aéreas, las cuales suman 9.294. Este medio intentó comunicarse con la gerente general de ALA-Bolivia, Yanela Zárate, para conocer si el gremio se reunirá con Ardaya, pero ésta no contestó su celular.

El viernes, la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia decidió iniciar un “paro escalonado a partir del 20 de diciembre” de todas sus afiliadas en el país en rechazo a las multas y procesos establecidos por la Aduana.

El Deber / Santa Cruz

Aduana y BoA, enfrentadas por varias contravenciones

No es la única empresa aérea enfrentada, pero la estatal Boliviana de Aviación (BoA) es la que tiene el mayor número de procesos por contravenciones aplicadas por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), al incumplir la presentación de los manifiestos de pasajeros que exige la entidad aduanera. Las empresas privadas han amenazado con un paro escalonado desde el 20 de diciembre si no se revierte la medida.

BoA y otras 10 aerolíneas están confrontadas por 4.777 contravenciones que registran 6.933.500 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), según la información proporcionada por la ANB. Es decir, Bs 14,5 millones, al tipo de cambio actual (Bs 2,09568 por UFV).

En el caso de la aerolínea estatal, más de 1.500 contravenciones se encuentran en instancias administrativas y legales porque BoA se resiste a reconocer las multas por la inviabilidad técnica del sistema de recolección de información que aplica la Aduana y que afecta a todas las empresas.

“Como BoA vamos a recurrir tanto a las instancias administrativas como judiciales para proteger los intereses de la empresa. Hay una inviabilidad técnica, una imposibilidad de cumplir las exigencias de la Aduana porque están apartados de los estándares manejados a escala internacional. En todo este tiempo, la empresa BoA ha mostrado en reiteradas veces que el sistema de la Aduana adolece de serias falencias de seguridad y funcionamiento”, explicó el gerente general de BoA, Ronald Casso.

Recordó que pese a que se le demostró a las autoridades de la Aduana que no se puede cargar la información a su sistema, la entidad ha seguido generando contravenciones por todos los vuelos internacionales, inclusive triplicando las infracciones cuando un vuelo sale de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz de la Sierra.

Paro escalonado

Esta situación, similar con todas las aerolíneas, ha causado que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA-Bolivia) advirtiera la anterior semana con un paro escalonado de sus actividades desde el 20 de diciembre, en todos los aeropuertos donde operan, hasta que la Aduana revierta las multas pecuniarias que les cae.

Al respecto, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, consideró que la aplicación del sistema para controlar, especialmente la mercancía de pasajeros aéreos, está vigente desde el 2011 y que ya se habían realizado varias adecuaciones para que las empresas cumplan con el requisito.

“El problema no son las multas, sino la conducta (de las aerolíneas) de no querer entregar información. La administración aduanera les ha desarrollado un sistema para ello”, indicó.

No obstante, invitó a todas las empresas a una reunión informativa para hoy y una prueba de cambio para conocer el funcionamiento del sistema, para mañana miércoles.

Casso aseguró que BoA no es afiliada a ALA-Bolivia y no parará sus actividades.

Ministro intercede

Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, señaló que será un perjuicio si alguna aerolínea corta sus servicios en el país, más aún “en esta época que estamos en temporada alta de vuelos”.

La autoridad informó que gestionó reuniones entre ambas partes para que el tema pueda resolverse a la brevedad.

La CAO señala que hay cuatro sectores con cifras negativas

Cuatro sectores del agro dedicados a la producción de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar cierran el año con cifras negativas y con una superficie de siembra que corre el riesgo de decrecer en la campaña de verano 2016, informó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda.

“Son cuatro sectores en los cuales podríamos tener disminución para el próximo año. Esperemos que no sea así, vamos a tratar que los números en rojo se vuelvan verdes, para poder producir más", dijo Roda, quien mostró especial preocupación por el sector azucarero, ya que se ve golpeado también por el ingreso del contrabando.

El máximo líder del agro sostuvo que en la presente gestión, el sector azucarero tuvo malos resultados ya que comenzaron la zafra con 76 días de retraso.

Solo 3 de cada 10 asalariados tienen contrato en Bolivia

Solo el 29% de los trabajadores asalariados, aproximadamente 3 de cada 10, cuenta con un contrato de trabajo en Bolivia, según señala el informe mundial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) difundido el lunes.

Este indicador es uno de varios que muestran que la situación laboral en Bolivia es precaria, a pesar que el ingreso real aumentó de de 1.517 bolivianos en 2001 a 2.072 bolivianos en 2013.

Solo el 11% de trabajadores asalariados tiene alguna afiliación sindical, apenas el 19% de los ocupados está afiliado a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y 28% tiene un seguro de salud, lo que demuestra un cuadro de desprotección ante la enfermedad y la vejez.

El estudio estableció también que 43% de los trabajadores laboran más de 48 horas por semana, por encima de las normas internacionalmente reconocidas.

La misma encuesta evidenció que los trabajadores están relativamente satisfechos con sus horarios de trabajo (65%), con la aplicación de conocimientos dentro de sus tareas profesionales (58%), con sus condiciones generales de trabajo (56%), con la estabilidad en su puesto de trabajo (55%), con sus condiciones ambientales (ruido, luz, etc. 47%) y con su nivel de ingresos económico (44%).

Los datos pertenecen a la Encuesta Metropolitana en Desarrollo Humano (EMDH), realizada el año pasado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en las regiones metropolitanas de La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, reveló que las condiciones laborales y la calidad del empleo aun presentan grandes desafíos.

Página Siete / La Paz

Bolivia será el tercer país con mayor caída en ventas

Bolivia será el tercer país más afectado por la caída de exportaciones, según un  informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo internacional estima un 32% menos a causa del descenso del precio del petróleo.

Las exportaciones de América Latina y el Caribe, señala, volverán a caer por tercer año consecutivo en 2015, con Venezuela y Colombia como países más afectados debido al descenso del precio del crudo, y Guatemala y El Salvador como únicas excepciones de la pérdida generalizada en la región

La bajada de este año será de alrededor del 14%, hasta los 914.000 millones de dólares, revela el estudio Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe 2016, que fue publicado ayer por el BID.

 Entre los más afectados están los países como Venezuela, con un descenso del 49%, y Colombia, con un 35%, seguidos por Bolivia (-32%), Ecuador (-28%) y Trinidad y Tobago (-27%).

 Como principales causas, el organismo apunta a la "fuerte corrección de la cotización de los bienes exportados y a la débil demanda de los principales socios comerciales”.

"La mayor contracción comercial desde el colapso de 2009 es un llamado para implementar políticas de diversificación exportadora”, afirmó el economista principal del Sector de Integración y Comercio y coordinador del estudio, Paolo Giordano.

De acuerdo con el informe, estos datos reflejan la marcada reducción de los precios de productos básicos, con alimentos como el café, el azúcar o la soya con un descenso  de entre el 20 % y el 25 % en el año. Mientras que materias primas como el petróleo y el hierro registraron colapsos del 50%.

También constatan la ralentización económica global, con un descenso en los destinos de las exportaciones es el caso de un 14% con China. El país asiático es un de los principales compradores de materias primas latinoamericanas, pero registró una aguda contracción.

Aduana halla llantas y ropa a medio uso enterradas

El fin de semana, la Aduana Nacional descubrió llantas de contrabando y ropa usada que había sido semienterrada en pleno altiplano orureño, en un intento  de burlar a la entidad con el ingreso de la mercadería  en fracciones a las ciudades.

"Ayer (el domingo) en la localidad de Ayllu Ayucata, provincia Carangas de Oruro, se han encontrado llantas y ropa usada enterradas, pudiéndose comprobar así la hipótesis de que la nueva forma de intentar internar la mercancía es por partes”, informó la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.

La mercancía secuestrada, por su volumen, tuvo que ser trasladada a depósitos de Aduana en tres camiones grandes. "Por efecto de la aplicación de los controles de la Aduana Nacional, lo que se está produciendo es que estos grandes  contrabandistas están ocultando mercancía en la pampa y lugares desiertos”, afirmó.

Agregó que, por una alerta proveniente de Chile, se hizo un seguimiento hasta poner al descubierto la alteración de precintos y la introducción de contrabando en un camión que transportaba productos para una conocida cadena de supermercados del país.

FUENTE; INSTITUTO PRISMA

NOTICIAS DE BOLIVIA DEL 14 DE DICIEMBRE

 

Noticias de Los Tiempos de Cochabamba

Anuncian proceso a jueza que liberó a coronel imputado por narcotráfico

El Ministerio Público anunció que procesará penalmente a la Jueza 15vo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Vivian Patricia Gonzáles Rioja, que benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva al coronel de la Policía, Juan Carlos Tapia Mendoza, aprehendido en posesión de 42 kilos y 700 gramos de cocaína. 

El anuncio fue realizado por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, quien lamentó el proceder de la jueza que, pese a la fundamentación de los fiscales, dejó en libertad al uniformado.

“El Ministerio Público procesará penalmente a esta jueza que no valoró las evidencias presentadas por los fiscales en la audiencia de medidas cautelares. Creemos que se trata de un proceder totalmente equivocado y nos parece que hay una especie de protección al coronel de la Policía”, expresó. 

Según el cuaderno de investigación, el policía fue aprehendido en su casa, en Santa Cruz, en posesión de pasta base de cocaína. Al presentar la imputación formal se pidió la detención preventiva en el penal de Palmasola, pero en la audiencia cautelar la jueza dio medidas sustitutivas Tapia, que era comandante del Gacip en El Alto. 

“Lamentablemente como Ministerio Público no sentimos solos en esta lucha contra las drogas y es una pena que algunos jueces no acompañen el trabajo de nuestros fiscales y más bien se dediquen a beneficiar a personas que han sido descubiertas en posesión de cocaína (...). Hay instituciones y autoridades que en casos de pandilleros y otros tipos de delitos menores salen ante los medios a presentarlos, pero cuando se trata de un uniformado de alto rango todos guardan silencio”, finalizó Padilla. 

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el Gobierno estaba “indignado”.

Quintana: El Gobierno no maneja gastos reservados

Después de hacer una detallada relación de la cantidad de dinero en gastos reservados que manejaron los Gobiernos bolivianos entre 1990 y 2005, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) maneja “cero gastos reservados”.

Entrevistado en el programa El Pueblo es Noticia, de la estatal Bolivia TV, Quintana dijo que los gastos reservados entre 1990 y 2005 ascienden a 1.480 millones de bolivianos, que fueron distribuidos para garantizar una “corrupción sistemática” en el régimen neoliberal.

“De todos presidentes que manejan los gastos reservados y generan conflictos entre presidentes, vicepresidentes, ministros, cancilleres porque es la bolsa del asalto, resulta que más de 1.400 millones de bolivianos sacaron entre 1990 y 2005, son 1.480 millones que se asaltaron, robaron, saquearon los partidos políticos del sistema de la democracia formal, neoliberal”, dijo citado por ABI.

Según Quintana, la característica de esa gobernabilidad “mafiosa” de los Gobiernos neoliberales eran los gastos reservados que, a su juicio, se convirtieron en la “palanca del funcionamiento del sistema de la democracia formal”.

Precisó que esos recursos económicos iban directamente a las cuentas personales de presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, ministros, viceministros, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En febrero pasado, se destapó un caso de corrupción en el ex Fondo Indígena y en agosto pasado se conoció que hay varios dirigentes indígenas involucrados y son líderes de las organizaciones sociales que sustentan al MAS.

Una auditoría reveló que el dinero, proveniente de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, se depositaba en cuentas personales de los dirigentes indígenas, quienes no cumplieron con financiar los proyectos a los que estaba destinado el desembolso.

El exdirector del exFondioc, Marco Aramayo, reveló la semana pasada a Erbol que, en enero pasado, recibió la orden de desembolsar 300 mil bolivianos para la ceremonia ritual de posesión del presidente Evo Morales en Tiwanaku, La Paz. 

El dinero fue desembolsado con el justificativo de que cinco organizaciones indígenas realizarían talleres de capacitación.

Hay unos 25 médicos para atender a 13.200 presos

El director de Régimen Penitenciario de Bolivia, Jorge López, dijo a ANF que para la atención de todo el sistema penitenciario se cuenta con “más de 25 médicos aproximadamente”, y con el apoyo del Ministerio de Salud el personal médico superará los 30.

Los presos suman 13.200 en el país en 64 cárceles.

Al interior de los recintos penitenciarios hay brotes de tuberculosis, infecciones de transmisión sexual e incluso casos de VIH, entre otros, que son fácilmente transmisibles debido al hacinamiento. Sin embargo, los penales no cuentan con médicos suficientes y cuando un recluso necesita salir para ser tratado enfrenta muchos obstáculos.

Una parte de los penales tendría solo un médico por recinto con atención solo diurna. La otra parte no tiene médico.

El problema es más serio en penales con mayor población como Palmasola con más de 4.000 reos o San Pedro que tiene más de 1.900 internos.

ANF consultó a autoridades y a los mismos presos sobre el tema, quienes coincidieron en que la atención en salud es lamentable y que el hacinamiento agrava los problemas.

“Un médico para 1.920 privados de libertad (de San Pedro), un psicólogo, una trabajadora social, no es el personal adecuado y suficiente para esto”, lamentó Teófila Guarachi, representante departamental de la Defensoría del Pueblo de La Paz.

Eso no es todo. También está la limitada dotación de medicamentos y equipos para realizar estudios médicos. “No disponen atención especializada ginecológica para mujeres ni tampoco cuentan con equipamiento, y a esto se añade que el personal encargado, en gran medida cambia porque no es de planta”, señaló Guarachi.

La Razón / La Paz

La Justicia envía a la cárcel a 4 plagiadores

Los cuatro acusados por el secuestro de la hija de un empresario en la ciudad de La Paz fueron remitidos con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro, informó el fiscal del caso, Daniel Ayala.

El colombiano Ancizar G. R., los peruanos Juan Percy P. M. y José Cáceres C., y el boliviano Diler M.O. fueron capturados el viernes en un operativo que logró liberar a la víctima y recuperar Bs 5 millones que se pagaron por su rescate.

La Fiscalía los acusó por los delitos de secuestro, tenencia y portación de armas de fuego, organización criminal, falsedad material y ejercicio indebido de la profesión (uno de ellos se hizo pasar por policía), reportó la agencia ABI. Ancizar G.R. ya había sido detenido en 2014 por atracos agravados.

El límite a la difusión de obras tensiona al Gobierno con el TSE

La restricción a 15 minutos de la transmisión de actos de entrega de obras acabó enfrentando a los órganos Ejecutivo y Electoral. El primero apeló al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el segundo se reafirmó en la decisión y analizará hoy la actuación del Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia máxima de decisión del Órgano Electoral, afecta el derecho a la información de la ciudadanía y expresó su confianza en que pueda “reconsiderarse el tiempo (límite)” de darse vía libre al recurso legal presentado en Sucre. 

La misma autoridad informó el sábado del recurso de inconstitucional interpuesto en contra del parágrafo II del artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, que restringe la transmisión de entrega de obras a 30 días del referéndum de febrero.

“La transmisión en vivo y en directo de actos de entrega de obras del Gobierno nacional o de los gobiernos autónomos no podrá superar los 15 minutos de duración en cada caso. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de una multa contra el medio equivalente al doble de la tarifa más alta inscrita por el mismo, por el tiempo excedido”, establece el parágrafo II.

La administración de Evo Morales  recurrió al TCP luego de que el TSE rechazara el pedido de dejar sin efecto los límites de transmisión. “Este artículo no vulnera ningún derecho constitucional; al contrario, reafirma el derecho de los ciudadanos a recibir información”, explicó el 10 de diciembre el vocal José Luis Exeni.

Una fuente de la máxima instancia de decisión del Órgano Electoral informó ayer que tiene conocimiento de la última acción jurídica asumida por el Ejecutivo, por lo que se tratará en Sala Plena. Otra fuente electoral explicó que esperarán que “llegue el recurso para hacer el análisis técnico-jurídico correspondiente”.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda señaló que el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado busca anular los límites fijados.

“Que se expulse del ordenamiento jurídico legal, que se deje sin efecto, que no se aplique, eso es lo que se está planteando”.

La disposición electoral cuestionada se activará 30 días antes del referéndum del 21 de febrero, cuando se definirá si se modifica o no la Constitución Política del Estado para ampliar de uno a dos las repostulaciones continuas y habilitar, de ganar el Sí, una nueva candidatura de Morales y del vicepresidente Álvaro García en las elecciones de 2019.

El diputado opositor Wilson Santamaría consideró que la decisión del Ejecutivo es un “irrespeto a las normas electorales”. “Lo que llama la atención es la intencionalidad de no cumplir la norma sabiendo que su espíritu es de equidad y ecuanimidad”, cuestionó el legislador.

Quintana insistió que 15 minutos no son suficientes para una transmisión de entrega de obras.

La Unasur destaca labor de Exeni

La Unión Suramericana de Naciones (Unasur) destacó el desempeño y los resultados de la Misión Electoral, coordinada por el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni, en las elecciones legislativas de Venezuela.

Los miembros de dicha misión estuvieron desplazados en 15 de 22 parroquias del Distrito Capital y aproximadamente 25 municipios, en 9 estados venezolanos.

En las justas del 6 de diciembre perdió el partido del presidente Nicolás Maduro y ganó la oposición, que logró el control del Legislativo.

“El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR agradece y resalta el rol del Representante Especial, Presidente Leonel Fernández, y del Coordinador General, Dr. José Luis Exeni, así como el desempeño del equipo de magistrados y técnicos de los países participantes”, establece parte del comunicado emitido por el organismo regional el 11 de diciembre.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela forman parte del bloque.

Los ministros también hicieron votos “por la prevalencia del espíritu democrático y del diálogo permanente entre los distintos actores”, según el comunicado publicado.

Evo inicia campaña por el Sí en Sucre

En Sucre, el presidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, inició la campaña a favor del Sí a la reforma constitucional y llamó a sus bases a convencer a los disidentes de retornar a filas oficialistas.

“Nuestra responsabilidad, como instrumento político de liberación del pueblo boliviano, no solo es recuperar nuestros recursos naturales, recuperar los servicios básicos, sino también recuperar a nuestros hermanos que estaban confundidos, inclusive algunos manejados con prebenda”, planteó como tarea, en un acto de masas transmitido por el canal estatal bajo el sello de pantalla “espacio solicitado”.

Los bolivianos irán a las urnas el 21 de febrero para definir si se reforma o no el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para ampliar de una a dos las repostulaciones continuas y, de ganar el Sí, habilitar a Morales y al vicepresidente Álvaro García a postularse en las elecciones de 2019.

Denunció “guerra sucia” de la oposición y explicó que los principales ejes de su estrategia son la corrupción y la democracia. “Si alguien está comprometido con la corrupción, nosotros no vamos a defenderlo como hace la derecha, que pide libertad para corruptos”, afirmó y cuestionó que sus adversarios políticos usen el discurso de defensa de la democracia.

Julia Ramos, dos senadores y dirigentes sociales fueron vinculados con la corrupción en el ex Fondo Indígena.

Morales sostuvo que aceptó, junto a García, una repostulación más para dar continuidad y cumplir la Agenda 2025 que, entre otros aspectos, perfila la erradicación de la extrema pobreza y universalización de los recursos básicos. “Cambiando un alcalde del MAS por otro del MAS, empezamos de cero (la gestión)”, ejemplificó para justificar su decisión. Expresó su confianza en el triunfo del Sí.

Junto al Código Civil, la Justicia habilitará 4 servicios al litigante

El 6 de febrero de 2016 no solo se implementarán los cambios a los códigos civil y familiar, sino que también funcionarán cuatro servicios para litigantes, acciones con las que se busca mejorar el acceso a la Justicia y transparentar los procesos judiciales.

La vigencia de las dos citadas normas fue suspendida en dos oportunidades consecutivas. Si bien ambas leyes fueron aprobadas a fines de 2013, su aplicación estaba prevista para el 6 de agosto de 2014, pero se observó el hecho de que no fueron difundidas como corresponde, por lo que se decidió diferirlas por un año. Pero este año también se volvió a cuestionar el poco conocimiento en la población y se las postergó hasta el 6 de febrero de 2016.

Para coordinar la aplicación de estas normas el próximo año se creó la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil, instancia que tiene representantes de los tres órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este grupo de trabajo impulsa las cuatro medidas: la creación de una plataforma de atención al público, el buzón judicial, la oficina de atención al litigante y la creación de una aplicación para celulares para ver el curso de un determinado proceso, detalló Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al margen de estas iniciativas, se destacó los cambios e innovaciones que traerán los códigos civil y familiar citados, los cuales fueron denominados “códigos Morales” porque ambos fueron impulsados y aprobados durante la presidencia de Evo Morales.

Entre las reformas de ambos códigos están la oralidad de los procesos, la implementación de los conciliadores para evitar la judicialización de problemas y la habilitación de medios electrónicos para el proceso, como los correos electrónicos, entre otras.

Para el caso de las iniciativas, explicó Suntura, la plataforma de atención al cliente deberá contar con personal capacitado y que domine dos idiomas, para que el servicio sea personalizado.

El buzón judicial, la otra iniciativa, estará instalado en la puerta de los tribunales departamentales, para que el litigante pueda presentar memoriales y todo tipo de recursos en horarios  fuera de oficina o días no laborables. Los equipos que atiendan esta instancia estarán habilitados para acreditar la recepción de documentos. Actualmente, ésta se la hace en horario de oficina, sin contar los fines de semana ni los días feriados.

Además, desde febrero también estará a disposición de la ciudadanía una oficina de atención al litigante, espacio en el que los funcionarios tendrán la obligación de informar de manera constante el estado de los procesos a las personas que acudan a recabar información de sus casos.

Otra acción que será alternativa a las anteriores iniciativas será la creación de una aplicación para teléfonos móviles, para que los usuarios puedan hacer consultas y verificar la situación de su juicio. “Las partes ya no tendrán que acudir al juzgado para ver el estado de su proceso, lo harán a través de su celular”, destacó la magistrada Suntura.

Sistema informático en cortes

El sistema informático judicial Sirej también entrará en vigencia el 6 de febrero de 2016. No obstante, la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil aún no analizó el tema.

Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicó que recomendó que este sistema cuente con una interfaz externa y otra interna. La primera permitirá ver el estado en el que se encuentra un proceso, mientras que la segunda será un elemento de alerta que busca prevenir el vencimiento de plazos en diferentes trámites.

Con el mapa judicial se redistribuirán juzgados

Ampliarán competencias de jueces para la  atención de procesos

Yuvert Donoso - Sucre

La Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil determinó ampliar las competencias de los jueces y diseñar un nuevo mapa judicial que redistribuirá los juzgados en el país, consecuentemente, permitirá mejorar el acceso de los litigantes a la Justicia.

La magistrada Maritza Suntura —que forma parte de esta comisión— explicó que este mapa permitirá establecer con exactitud el lugar donde se encuentra ubicado un determinado juzgado y a qué distancia se encuentra del otro asiento judicial, además de conocer la cantidad de causas que  tiene cada uno de ellos.

Para establecer este nuevo mapa que reordena los juzgados, principalmente los de provincias, se tomó en cuenta el número de habitantes y la carga procesal que hay en aquellos. También se realizó un estudio socioeconómico y se establecieron los lugares estratégicos en las fronteras para ejercer soberanía.

Tomando en cuenta esos parámetros, Suntura manifestó que se determinó algunos cambios, especialmente en los lugares donde existen juzgados de Instrucción y de Partido, en los que su carga judicial es mínima. Por esa situación, ahora éstos se convertirán en juzgados públicos.

Concretamente se refirió al caso del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. La población alcanza a 80.338 habitantes y las causas de ingreso en promedio es de 600 por año, pero solo tienen un Juzgado de Instrucción Mixto y un Juzgado de Sentencia. A partir del nuevo mapa judicial, con el cruce de las variables de número de ciudadanos y cortes, ese municipio llegará a tener tres juzgados e, incluso, un tribunal de sentencia.

A partir de esos cambios, Suntura señaló que se está ampliando las competencias de los jueces que ahora no solo conocerán las especialidades en materia civil, familiar o penal, sino  también tratarán casos referidos a demandas laborales y vinculadas con la niñez y adolescencia en todos los juzgados en el ámbito nacional, especialmente en el área rural. La magistrada agregó que ya se solicitó al Consejo de la Magistratura la entrega del mapa judicial.

Página Siete / La Paz

Tras denuncia de disidente, Evo niega que incurra en nepotismo

Ante la acusación de un disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) de que familiares del presidente Evo Morales trabajarían en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el mandatario sostuvo ayer que  tal acusación es una mentira.

El Jefe de Estado acusó a la oposición de  ese ataque y dijo que  es parte de una guerra sucia a poco más de dos meses del referendo constitucional para definir   si va o no a la reelección.

"Ahora dicen que toda la familia de Evo está acaparando cargos, qué mentira. Mi hermana está en el hospital bajo la cooperación de los hermanos cubanos y mi hermano Hugo,  a su suerte.

Yo digo mis hermanos no se meten en el tema de la política, acá no se trata de familias para administrar el Estado”, manifestó en un acto en la localidad de Soracachi, del departamento de Oruro.

El pasado viernes, el exconstituyente del MAS Filiberto Escalante denunció que Morales incurre en nepotismo ya que parte de su familia "maneja” a la estatal petrolera. "En la ciudad de Oruro hay total nepotismo. Toda la familia del Evo Morales está manejando YPFB”, dijo Escalante.

Según una noticia de ERBOL, el disidente afirmó -dando otro ejemplo- que un supuesto primo del mandatario del Estado, de nombre Édgar Soliz Morales, fue embajador en Panamá y secretario general de la Gobernación orureña.

Escalante recordó que Morales, antes de ser presidente, criticaba el nepotismo por los puestos públicos que ocupaban los hijos de Jaime Paz Zamora y de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que ahora la situación es peor, a su juicio.

Quien también se refirió al tema, pero para defender al mandatario, fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En entrevista con medios estatales,   argumentó  la mañana de ayer que denunciar, "el arte de mentir” y engañar se convirtieron para la oposición en "actos democráticos” y que la acusación de Escalante fue alevosa.

"Y no vemos un solo pariente que se le parezca al Presidente. Probablemente hay muchos Morales pero Morales Ayma me imagino que hay pocos. Pero claro, se le endilga, se le trata de afectar al Presidente creyendo que está colocando a sus familiares en altos cargos”, puntualizó la autoridad.

Sobre  la acusación

El exconstituyente del Movimiento Al Socialismo  Filiberto Escalante  denunció el viernes que el presidente Evo Morales tiene a familiares trabajando en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y que esta situación se enmarca como un caso de nepotismo.

Respuesta  El mandatario respondió ayer a esta acusación indicando que todo lo argumentado es una mentira. Agregó que su hermana está hospitalizada y que su hermano Hugo Morales Ayma  está "a su suerte”. A su parecer, se trata de una jugada sucia de la oposición para perjudicar su imagen de cara al referendo del 21 de febrero.

Defensa  El Ministro de la Presidencia salió en defensa del mandatario.

Chile analiza publicar su propio “Libro de mar”

El Gobierno de Chile analiza  la publicación de un libro similar a  El Libro del Mar de Bolivia. Esto con el fin de dar a conocer su posición respecto a los argumentos bolivianos ante La Haya,  informó La Tercera. 

"El nuevo equipo a cargo de la defensa, incluso, está pensando sacar su propio libro, para dar a conocer la postura y los argumentos históricos que contradicen la versión boliviana”, indica la nota que se publicó ayer en ese matutino y la cual titula "El día en que Bolivia rechazó una salida al mar”. 

Según ese artículo, Chile prepara una contraofensiva a los esfuerzos comunicacionales y diplomáticos que despliega Bolivia en el ámbito internacional.

Desde 2014, Bolivia lleva adelante  una estrategia de comunicación, lo que  obligó a  Chile a asumir en su momento distintas acciones con el fin de  intentar apuntalar su postura en el escenario exterior.

La estrategia boliviana  tiene como fecha de inicio el 28 de abril de 2014, cuando el expresidente Carlos D. Mesa asumió el cargo de Representante Internacional de Bolivia para la Causa Marítima.

Dentro de los productos que  difundió  Bolivia, en ese marco,  está la publicación de El Libro del Mar, texto que se presentó el 16 de junio de ese año. Chile respondió  con el folleto Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y realidad, difundido el 24 de junio. A ello le siguió un video, cuyos argumentos giran en la línea que da el impreso indicado.

Económicos

Los Tiempos / Cochabamba

Desmienten que Ley de Incentivos sea voluntaria

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Carlos Sánchez, desmintió las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al afirmar que La Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que crea un fondo de incentivos, se aplicará a todos los municipios, gobernaciones y universidades del país y no será “voluntaria” como dijo su homólogo.

El ministro de la Presidencia se retractó ayer de sus declaraciones del viernes por la tarde cuando aseveró que no es obligatorio que los municipios, gobernaciones o universidades firmen los proyectos de incentivos para el sector de hidrocarburos.

En un comunicado de su cartera explicó que al referirse a la participación en la Ley de Incentivos buscaba orientar “a aquel que hoy realiza un reclamo” y que las entidades autónomas pueden “sumarse o no” a esa norma nacional.

De acuerdo a la autoridad, las gobernaciones, municipios y universidades “deben ser conscientes de que el día de mañana serán directos beneficiarios de los ingresos generados por este fondo” de la Ley de Incentivos.

Sin embargo, las declaraciones del ministro de la Presidencia en Cochabamba fueron: “Dejamos en absoluta libertad a los municipios, gobernaciones y universidades para que se adhieran a la política de incentivos. Dicho de otra manera, si quieres ganar, si quieres tener más ingresos te sumas a esto, si no quieres tener ingresos, simplemente te retiras de la ley de incentivos”.

El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, uno de los burgomaestres que ha expresado rechazo y dudas sobre la Ley, al conocer las declaraciones de Quintana, expresó el sábado: “Es un buen paso de tal forma que cada uno de los municipios y gobernaciones podamos decidir si queremos o no participar en este proyecto”.

El proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, sancionado por la Cámara de Senadores y  remitido al  Ejecutivo para su promulgación,  crea, entre otros aspectos, un fondo de incentivo para las empresas petroleras con el 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Empresas pierden $us 2 mil millones por la violencia

La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en Bolivia está causando una pérdida empresarial. Por cada episodio de violencia contra la mujer, se pierde 1,18 días de trabajo. Los agresores provocan más costos, con un pérdida promedio de 38,4 días laborales al año.  Cada trabajadora agredida significa una pérdida anual de 27, 5 días.

“Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Bolivia”, la primera investigación en el país, ha sido realizada este año por un equipo multidisciplinario dirigido por Arístides Vara-Horna, por encargo del Programa Regional ComVoMujer.

El estudio concluye que las empresas pierden algo más de 1.976 millones de dólares al año (aproximadamente 13.640 millones de bolivianos), producto de la violencia contra las mujeres. El monto equivale al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia. Advierte que el sector empresarial vive una realidad no revelada que afecta seriamente el clima laboral. Los datos indican que el 58% del personal ha estado involucrado directamente en relaciones violentas con sus parejas, sea como agredidas (54,8%) o como agresores (59,7%), en algún momento de su relación.

En el último año, 52% del personal ha experimentado episodios de violencia, sea como agredida (48,7%) o agresor (53,8%).

Sólo el 6% no reporta violencia contra la mujer en el último año.

Según la investigación, “la violencia contra la mujer no sólo es costosa para las empresas donde la población laboral es principal o mayoritariamente femenina, sino que incluso las empresas que cuentan sólo con colaboradores hombres tienen pérdidas cuando estos atacan a sus parejas”.

El estudio financiado por la cooperación alemana aplicó 7.343 cuestionarios al personal de 31 empresas medianas y grandes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pioneras en reconocer la importancia de este grave flagelo para su personal y organización.

Del total de las entrevistas, 2.705 fueron realizadas a mujeres y 4.638 a hombres de cinco sectores empresariales. El 47,3% de la industria manufacturera, el 24,5% del sector bancario, 11% del sector de telecomunicaciones, el 9,6% del rubro de servicios y el 7,7% del sector comercial.

La investigación revela que, al margen del tamaño de la empresa, cuatro de cada 10 trabajadoras han sido atacadas por sus parejas en un promedio de 28 veces, en el último año; mientras que cinco de cada 10 trabajadores han agredido a sus parejas 19 veces. El 39% de los ataques se realizaron en la empresa o cerca.

Rechazan implicación en el Fondioc

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, rechazó ayer una supuesta responsabilidad en el Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y ratificó que el Gobierno impulsa una “lucha” contra la corrupción “caiga quien caiga”.

En una entrevista en el programa ‘El Pueblo es Noticia’, la autoridad se refirió a las declaraciones de la disidente del oficialismo, Rebeca Delgado, respecto a que cinco ministros, entre ellos Quintana, formaron parte del directorio del Fondioc por lo que deben someterse ante la justicia.

“Los últimos días hemos escuchado a Rebeca Delgado (...) que por ejemplo el Ministro de la Presidencia es responsable del Fondo Indígena y el Ministro de la Presidencia jamás ha formado parte del directorio del Fondo Indígena, pero son tan morbosamente irresponsables que jalan al Ministro a un presunto directorio del Fondo Indígena”, dijo.

En febrero pasado se denunció el caso Fondo Indígena, tras que la Contraloría evidenció 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económipor 71 millones de bolivianos.

Según Quintana, para la oposición es un acto democrático el “denunciar, mentir y engañar”, lo que -a su juicio- es vergonzoso por el conjunto de infamias y ataques contra el Gobierno, a poco más de dos meses del referendo constitucional aprobatorio para habilitar o no la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente.

Recordó que el ex Fondo Indígena no fue creado en la gestión de Morales sino el 2005, por lo que consideró que la “artillería política” apunta a desprestigiar al Gobierno.

El dirigente René Quispe declaró a Erbol que cuenta con una  lista de más autoridades que revelará, después que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, declare. 

La Prensa / La Paz

Empezarán a pagar doble aguinaldo

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que a partir de esta semana se empezará a pagar el doble aguinaldo a todos los funcionarios públicos o dependientes del Tesoro General, debido a que el Gobierno tomó todos los recaudos porque sabían que el país crecería por encima del 4,5 por ciento, tal como señala la norma que se promulgó en 2013, “tenemos los recursos y vamos a pagar sin ningún problema”.

Por otro lado, señaló que el plazo para el pago del segundo aguinaldo ha sido ampliado hasta el 31 de marzo de 2016 y que "hay requisitos que tiene que cumplir el empresariado privado” que están establecidos en el Decreto 2631. Dicha norma establece cuatro requisitos para que las empresas privadas puedan acogerse al beneficio de flexibilizar el pago del doble beneficio.

La Razón / La Paz

Aduana pide a 14 aerolíneas reconsiderar el paro escalonado

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pidió a las 14 empresas de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) del país “reconsiderar” el paro escalonado que iniciarán el 20 de diciembre en protesta por las sanciones impuestas por la entidad aduanera.

El viernes, la asamblea general de ALA-Bolivia decidió iniciar un “paro escalonado a partir del 20 de diciembre” en rechazo a “la cantidad irracional” de multas (cada una de $us 1.500) y procesos administrativos con los que la ANB sanciona a las aerolíneas que incurren en faltas durante procedimientos de control para evitar el contrabando, según un comunicado de las 14 empresas que realizan vuelos nacionales e internacionales.

La Aduana “exhorta a dicho sector a reconsiderar su posición y cumplir con compromisos acordados en el marco de la normativa legal vigente”, de acuerdo con un comunicado publicado ayer por la entidad, que “meses atrás acordó” con estas empresas “la revisión detallada y caso por caso de los procesos sumarios iniciados a las líneas aéreas por incumplimiento a deberes formales, sin que ninguna de ellas se haya apersonado a la administración aduanera para procederse a dicha revisión”.

Consultado al respecto, el  gerente de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social de Amaszonas, Eddy Luis Franco, se limitó a decir: “Somos parte de ALA-Bolivia y nos remitimos al contenido del comunicado” de la asociación.

“Nosotros no somos parte” de esa organización y “no tenemos nada previsto” en caso de que la demanda de pasajeros aumente producto del paro escalonado, informó por su parte el gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso.

La anunciada medida de presión se puede iniciar, por ejemplo, con un paro de 24 horas que después de un par de días se puede extender a 48 y así sucesivamente. Si el paro —planificado en época de fin de año, cuando se incrementa la demanda de transporte aéreo— se lleva a cabo perjudicaría a la imagen del país y a las industrias del turismo y la gastronomía. Este medio intentó comunicarse con la gerente general de ALA-Bolivia, Yanela Zárate, para conocer más detalles sobre la decisión, pero la ejecutiva tenía el teléfono móvil apagado.

Previsiones para evitar perjuicios

Aviso

ALA-Bolivia “exhorta a los usuarios tomar las previsiones que les ocasionen el menor perjuicio en la programación de sus viajes”.

Encuentro

“Se tenía previsto el próximo 16 de diciembre la realización de pruebas de campo del sistema informático de remisión de información sobre manifiestos de pasajeros y tripulación, oportunidad en la cual se podría absolver dudas o atender requerimientos técnicos o adecuaciones informáticas”, según la ANB.

Gobierno evaluará inversión pública cada mes

La Ley Financial 2016 establece que el Gobierno central realizará cada mes evaluaciones de la ejecución de recursos en gobernaciones, municipios y universidades para “optimizar” los niveles de inversión pública en el país.

“Con esta ley, vamos a tener el próximo año la oportunidad de hacer evaluaciones mensuales” para alcanzar “una ejecución óptima de nuestros recursos”, dijo ayer a radio Panamericana el senador René Joaquino (MAS), titular de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Alta.

“Siempre hemos hecho evaluaciones al final de cada gestión y el resultado ha sido que muchas administraciones subnacionales y el propio nivel central no han podido ejecutar sus recursos”, agregó.

LEGISLACIÓN. El Presupuesto General del Estado (PGE) 2016, que proyecta recursos consolidados por Bs 217.000 millones, un crecimiento de 5,01%, una inflación de 5,3% y un precio de referencia del barril del petróleo de $us 45, será tratado mañana en el pleno del Senado con la presencia del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, quien explicará en detalle el contenido de la norma. “No me parece correcto que habiendo dinero no se ejecuten esos recursos”, afirmó el legislador del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 89,7% del presupuesto del próximo año se financiará con dinero propio y el 10,3% con recursos externos, según un comunicado de la Cámara de Senadores.

El Fofim prestó $us 28 MM a 57 cooperativas

El Fofim entregó en casi siete años Bs 192,63 millones ($us 28,08 millones) en créditos a 57 cooperativas mineras, pero su capital no es suficiente  para apoyar a las 1.668 sociedades mineras que operan en el país, según el director del Fondo.

“El Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) nació en 2009 con Bs 140 millones. A la fecha ya desembolsó Bs 192,63 millones, eso quiere decir que hizo una excelente labor financiera en favor de las cooperativas. Recuperó el capital y el interés, y lo ha reinsertado, así hemos podido prestar los Bs 192 millones”, informó a La Razón Carlos Escóbar, director general ejecutivo del fondo dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Según Escóbar, el capital con el que nació el fondo fue desembolsado por el Tesoro General de la Nación por única y primera vez, pero éste también cuenta con un aporte anual de Bs 1 millón o 2 millones de la Corporación Minera de Bolivia.

El funcionario detalló que los recursos otorgados a los cuentapropistas mineros en calidad de préstamo fueron destinados a la compra de equipos, maquinaria y a la construcción de plantas de concentración (ingenios metalúrgicos). “Lo que hay que resaltar es que el Fofim solo cobra el 0,5% de interés de cualquier monto que prestamos”.

En su primer año de vigencia el Fondo otorgó un solo préstamo a una cooperativa por Bs 86,85 millones. Los montos que se otorgaron los años siguientes fueron menores, pero el número de asociaciones beneficiarias fue en ascenso. En 2010 se financió a dos cooperativas, en 2011 a una, en 2012 a ocho, en 2013 a 15, en 2014 a 14 y este año a 16.

El 26 de marzo, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) solicitó al presidente Evo Morales una inyección económica de $us 100 millones al Fofim para enfrentar la caída del precio de los minerales, solicitud que fue reiterada al Mandatario el 21 de octubre.

Proyección. “El Ministerio de Minería y Metalurgia (César Navarro) planteó” que esta nueva transferencia de recursos “podría ser de $us 50 millones”. Esta decisión “se trabajará en próximas reuniones”, afirmó entonces Agustín Choque, vicepresidente de la organización.

“Es muy necesaria” una inyección económica al fondo minero, porque el capital con el que cuenta “no es suficiente” para beneficiar a las 1.668 cooperativas que hay en el país, sostuvo Escóbar respecto a la solicitud de Fencomin.

El Fofim tendrá el próximo año al menos Bs 25 millones para conceder créditos a las cooperativas mineras de los sectores metálicos, no metálicos, oro y evaporíticos. “Estamos trabajando financieramente por la salud económica de nuestra institución”, expresó Escóbar.

Página Siete / La Paz

Microempresas, en emergencia por el segundo aguinaldo

"No estamos en condiciones de pagar el doble aguinaldo. Si quieren que paguemos, que  (el Gobierno) nos demuestre que hemos crecido arriba del 4,5%. Nosotros estamos seguros que no hemos crecido más de 2%, (por eso) ni hasta marzo vamos a poder pagar”, dijo el presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de La Paz (Cadepia), Genaro Tórrez.

El dirigente respondió de esa manera al Decreto Supremo 2631 emitido el miércoles por el Gobierno para formalizar el compromiso del presidente Evo Morales ante los empresarios privados: ampliar el  plazo del pago del doble aguinaldo hasta el 31 de marzo de 2016 para   las empresas con problemas económicos.  

"(El decreto) cae en saco roto para nosotros porque no hemos crecido más de 2%”, reiteró ayer Torrez en una entrevista con radio Erbol. En 2013, el Gobierno estableció que el pago del segundo aguinaldo se dará cuando el crecimiento del PIB  llegue a  4,5%.

 El presidente de la Cadepia afirmó que su posición representa a la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), a la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype) y a la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa de El Alto (Fermype). Estas asociaciones se encuentran en estado de emergencia en rechazo al pago del beneficio a sus trabajadores.

Piden  un estudio

Genaro Tórrez reclamó al ministro de Economía, Luis Arce, porque hasta la fecha no presentó el estudio sobre el crecimiento de su sector que se comprometió a realizar para comprobar que los micro y pequeños empresarios crecieron por encima del 4,5%. "El informe debía presentarse a mediados de diciembre, pero le están dando largas al asunto”, comentó.

De acuerdo a datos del Gobierno, el sector creció por encima del 5%. "Según datos del INE hemos crecido el 5,23%, pero  eso no es cierto, no es real, el sector de la construcción  es el que tuvo ese crecimiento”, afirmó Tórrez.

El ministro de Economía, Luis Arce, señaló semanas atrás que la microempresa estaba en condiciones de pagar el doble aguinaldo porque se   evidenció que alcanzó un crecimiento importante y, además, que se benefició con medidas gubernamentales. Mencionó tres:  la creación de Banco de Desarrollo Productivo,   la generación del microcrédito en el sistema financiero tradicional, con una   baja en las tasas de interés,  y  la generación de fondos de garantía  para el sector. 

Costo social

El presidente de la Cadepia  aseguró, sin embargo, que el pago del segundo aguinaldo representa un alto costo social para su sector porque en dos años de su aplicación (2013  y 2014) representó el cierre de al menos el 50% de las pequeñas y microempresas. "El 2013 se ha cerrado  el 30% de las pequeñas y microempresas, el 2014 el 20%. Somos el sector que genera el 83% de los empleos”, protestó.

Añadió que en 2015 la situación empeoró porque, pese a la cercanía de las fiestas de fin de año, las ventas están paralizadas "debido a la gran cantidad de productos de importación y de contrabando que ingresaron al mercado nacional”. 

La  norma

Decreto En noviembre de 2013, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 1802 que establece el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores cuando el crecimiento del PIB llegue al 4,5%.

Cumplimiento  En 2014, año de la imposición del decreto, el Gobierno dio plazo a los empleadores hasta el 31 de enero de 2015 para pagar el beneficio. En 2015, el Ejecutivo decidió ampliar la fecha del pago hasta el 31 de marzo de 2016.

Rechazo  En 2015 los medianos y pequeños empresarios se resistieron por completo a cumplir con el pago del segundo aguinaldo al argumentar que la obligación los está arrastrando al cierre de sus empresas.

Exigen que se investigue el contrabando

El presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de La Paz (Cadepia), Genaro Tórrez,  señaló que el ministro de Economía, Luis Arce, en vez de realizar un estudio sobre el crecimiento de su sector, debería realizar una investigación sobre la cantidad de productos extranjeros que ingresan al mercado boliviano en perjuicio de la industria nacional.

"El Ministro se comprometió a hacer el estudio (sobre el crecimiento de la pequeña y microempresa)  pero nos quiere sacar la lista de todas las microempresas y nosotros no estamos en condiciones. Lo que tiene que hacer es averiguar cuánta mercadería se ha importado, cuánto está entrando por las fronteras, que se han  abierto de par en par para el contrabando”, protestó.

"El contrabando que ingresa de Argentina, Perú y Brasil está matando al sector de alimentos y otros de la industria nacional”, añadió.

Tórrez precisó que los efectos del ingreso indiscriminado de productos extranjeros al mercado nacional se sintieron  en una baja en las ventas de su sector.

"Esta Navidad  será la más  triste  porque las ventas, que  en otros años comenzaban el 15 de noviembre, este año están paralizada. Hay tanta oferta de mercadería de contrabando”, dijo.

FUENTE: INSTITUTO PRISMA