Noticias de Los Tiempos de Cochabamba
Anuncian proceso a jueza que liberó a coronel imputado por narcotráfico
El Ministerio Público anunció que procesará penalmente a la
Jueza 15vo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Vivian Patricia Gonzáles
Rioja, que benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva al
coronel de la Policía, Juan Carlos Tapia Mendoza, aprehendido en posesión de 42
kilos y 700 gramos de cocaína.
El anuncio fue realizado por el Fiscal Departamental de
Santa Cruz, Gomer Padilla, quien lamentó el proceder de la jueza que, pese a la
fundamentación de los fiscales, dejó en libertad al uniformado.
“El Ministerio Público procesará penalmente a esta jueza que
no valoró las evidencias presentadas por los fiscales en la audiencia de
medidas cautelares. Creemos que se trata de un proceder totalmente equivocado y
nos parece que hay una especie de protección al coronel de la Policía”,
expresó.
Según el cuaderno de investigación, el policía fue
aprehendido en su casa, en Santa Cruz, en posesión de pasta base de cocaína. Al
presentar la imputación formal se pidió la detención preventiva en el penal de
Palmasola, pero en la audiencia cautelar la jueza dio medidas sustitutivas
Tapia, que era comandante del Gacip en El Alto.
“Lamentablemente como Ministerio Público no sentimos solos
en esta lucha contra las drogas y es una pena que algunos jueces no acompañen
el trabajo de nuestros fiscales y más bien se dediquen a beneficiar a personas
que han sido descubiertas en posesión de cocaína (...). Hay instituciones y
autoridades que en casos de pandilleros y otros tipos de delitos menores salen
ante los medios a presentarlos, pero cuando se trata de un uniformado de alto
rango todos guardan silencio”, finalizó Padilla.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que
el Gobierno estaba “indignado”.
Quintana: El Gobierno no maneja gastos reservados
Después de hacer una detallada relación de la cantidad de
dinero en gastos reservados que manejaron los Gobiernos bolivianos entre 1990 y
2005, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el Gobierno
del Movimiento Al Socialismo (MAS) maneja “cero gastos reservados”.
Entrevistado en el programa El Pueblo es Noticia, de la
estatal Bolivia TV, Quintana dijo que los gastos reservados entre 1990 y 2005
ascienden a 1.480 millones de bolivianos, que fueron distribuidos para
garantizar una “corrupción sistemática” en el régimen neoliberal.
“De todos presidentes que manejan los gastos reservados y
generan conflictos entre presidentes, vicepresidentes, ministros, cancilleres
porque es la bolsa del asalto, resulta que más de 1.400 millones de bolivianos
sacaron entre 1990 y 2005, son 1.480 millones que se asaltaron, robaron,
saquearon los partidos políticos del sistema de la democracia formal,
neoliberal”, dijo citado por ABI.
Según Quintana, la característica de esa gobernabilidad
“mafiosa” de los Gobiernos neoliberales eran los gastos reservados que, a su
juicio, se convirtieron en la “palanca del funcionamiento del sistema de la
democracia formal”.
Precisó que esos recursos económicos iban directamente a las
cuentas personales de presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados,
ministros, viceministros, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la
Policía.
En febrero pasado, se destapó un caso de corrupción en el ex
Fondo Indígena y en agosto pasado se conoció que hay varios dirigentes
indígenas involucrados y son líderes de las organizaciones sociales que
sustentan al MAS.
Una auditoría reveló que el dinero, proveniente de los
recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, se depositaba en cuentas
personales de los dirigentes indígenas, quienes no cumplieron con financiar los
proyectos a los que estaba destinado el desembolso.
El exdirector del exFondioc, Marco Aramayo, reveló la semana
pasada a Erbol que, en enero pasado, recibió la orden de desembolsar 300 mil
bolivianos para la ceremonia ritual de posesión del presidente Evo Morales en
Tiwanaku, La Paz.
El dinero fue desembolsado con el justificativo de que cinco
organizaciones indígenas realizarían talleres de capacitación.
Hay unos 25 médicos para atender a 13.200 presos
El director de Régimen Penitenciario de Bolivia, Jorge
López, dijo a ANF que para la atención de todo el sistema penitenciario se
cuenta con “más de 25 médicos aproximadamente”, y con el apoyo del Ministerio
de Salud el personal médico superará los 30.
Los presos suman 13.200 en el país en 64 cárceles.
Al interior de los recintos penitenciarios hay brotes de
tuberculosis, infecciones de transmisión sexual e incluso casos de VIH, entre
otros, que son fácilmente transmisibles debido al hacinamiento. Sin embargo,
los penales no cuentan con médicos suficientes y cuando un recluso necesita
salir para ser tratado enfrenta muchos obstáculos.
Una parte de los penales tendría solo un médico por recinto
con atención solo diurna. La otra parte no tiene médico.
El problema es más serio en penales con mayor población como
Palmasola con más de 4.000 reos o San Pedro que tiene más de 1.900 internos.
ANF consultó a autoridades y a los mismos presos sobre el
tema, quienes coincidieron en que la atención en salud es lamentable y que el
hacinamiento agrava los problemas.
“Un médico para 1.920 privados de libertad (de San Pedro),
un psicólogo, una trabajadora social, no es el personal adecuado y suficiente
para esto”, lamentó Teófila Guarachi, representante departamental de la
Defensoría del Pueblo de La Paz.
Eso no es todo. También está la limitada dotación de
medicamentos y equipos para realizar estudios médicos. “No disponen atención
especializada ginecológica para mujeres ni tampoco cuentan con equipamiento, y
a esto se añade que el personal encargado, en gran medida cambia porque no es
de planta”, señaló Guarachi.
La Razón / La Paz
La Justicia envía a la cárcel a 4 plagiadores
Los cuatro acusados por el secuestro de la hija de un empresario
en la ciudad de La Paz fueron remitidos con detención preventiva a la cárcel de
Chonchocoro, informó el fiscal del caso, Daniel Ayala.
El colombiano Ancizar G. R., los peruanos Juan Percy P. M. y
José Cáceres C., y el boliviano Diler M.O. fueron capturados el viernes en un
operativo que logró liberar a la víctima y recuperar Bs 5 millones que se
pagaron por su rescate.
La Fiscalía los acusó por los delitos de secuestro, tenencia
y portación de armas de fuego, organización criminal, falsedad material y
ejercicio indebido de la profesión (uno de ellos se hizo pasar por policía),
reportó la agencia ABI. Ancizar G.R. ya había sido detenido en 2014 por atracos
agravados.
El límite a la difusión de obras tensiona al Gobierno con el TSE
La restricción a 15 minutos de la transmisión de actos de
entrega de obras acabó enfrentando a los órganos Ejecutivo y Electoral. El
primero apeló al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el segundo se
reafirmó en la decisión y analizará hoy la actuación del Gobierno.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró
que la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instancia máxima de
decisión del Órgano Electoral, afecta el derecho a la información de la
ciudadanía y expresó su confianza en que pueda “reconsiderarse el tiempo
(límite)” de darse vía libre al recurso legal presentado en Sucre.
La misma autoridad informó el sábado del recurso de
inconstitucional interpuesto en contra del parágrafo II del artículo 24 del
Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, que restringe la
transmisión de entrega de obras a 30 días del referéndum de febrero.
“La transmisión en vivo y en directo de actos de entrega de
obras del Gobierno nacional o de los gobiernos autónomos no podrá superar los
15 minutos de duración en cada caso. El incumplimiento de esta disposición dará
lugar a la aplicación de una multa contra el medio equivalente al doble de la
tarifa más alta inscrita por el mismo, por el tiempo excedido”, establece el
parágrafo II.
La administración de Evo Morales recurrió al TCP luego de que el TSE rechazara
el pedido de dejar sin efecto los límites de transmisión. “Este artículo no
vulnera ningún derecho constitucional; al contrario, reafirma el derecho de los
ciudadanos a recibir información”, explicó el 10 de diciembre el vocal José
Luis Exeni.
Una fuente de la máxima instancia de decisión del Órgano
Electoral informó ayer que tiene conocimiento de la última acción jurídica
asumida por el Ejecutivo, por lo que se tratará en Sala Plena. Otra fuente
electoral explicó que esperarán que “llegue el recurso para hacer el análisis
técnico-jurídico correspondiente”.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda
señaló que el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado busca anular
los límites fijados.
“Que se expulse del ordenamiento jurídico legal, que se deje
sin efecto, que no se aplique, eso es lo que se está planteando”.
La disposición electoral cuestionada se activará 30 días
antes del referéndum del 21 de febrero, cuando se definirá si se modifica o no
la Constitución Política del Estado para ampliar de uno a dos las
repostulaciones continuas y habilitar, de ganar el Sí, una nueva candidatura de
Morales y del vicepresidente Álvaro García en las elecciones de 2019.
El diputado opositor Wilson Santamaría consideró que la
decisión del Ejecutivo es un “irrespeto a las normas electorales”. “Lo que
llama la atención es la intencionalidad de no cumplir la norma sabiendo que su
espíritu es de equidad y ecuanimidad”, cuestionó el legislador.
Quintana insistió que 15 minutos no son suficientes para una
transmisión de entrega de obras.
La Unasur destaca labor de Exeni
La Unión Suramericana de Naciones (Unasur) destacó el
desempeño y los resultados de la Misión Electoral, coordinada por el vocal del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni, en las elecciones
legislativas de Venezuela.
Los miembros de dicha misión estuvieron desplazados en 15 de
22 parroquias del Distrito Capital y aproximadamente 25 municipios, en 9
estados venezolanos.
En las justas del 6 de diciembre perdió el partido del
presidente Nicolás Maduro y ganó la oposición, que logró el control del
Legislativo.
“El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores de UNASUR agradece y resalta el rol del Representante Especial,
Presidente Leonel Fernández, y del Coordinador General, Dr. José Luis Exeni,
así como el desempeño del equipo de magistrados y técnicos de los países
participantes”, establece parte del comunicado emitido por el organismo
regional el 11 de diciembre.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela forman parte del bloque.
Los ministros también hicieron votos “por la prevalencia del
espíritu democrático y del diálogo permanente entre los distintos actores”,
según el comunicado publicado.
Evo inicia campaña por el Sí en Sucre
En Sucre, el presidente y jefe del Movimiento Al Socialismo
(MAS), Evo Morales, inició la campaña a favor del Sí a la reforma
constitucional y llamó a sus bases a convencer a los disidentes de retornar a
filas oficialistas.
“Nuestra responsabilidad, como instrumento político de
liberación del pueblo boliviano, no solo es recuperar nuestros recursos
naturales, recuperar los servicios básicos, sino también recuperar a nuestros
hermanos que estaban confundidos, inclusive algunos manejados con prebenda”,
planteó como tarea, en un acto de masas transmitido por el canal estatal bajo
el sello de pantalla “espacio solicitado”.
Los bolivianos irán a las urnas el 21 de febrero para
definir si se reforma o no el artículo 168 de la Constitución Política del
Estado para ampliar de una a dos las repostulaciones continuas y, de ganar el
Sí, habilitar a Morales y al vicepresidente Álvaro García a postularse en las
elecciones de 2019.
Denunció “guerra sucia” de la oposición y explicó que los
principales ejes de su estrategia son la corrupción y la democracia. “Si
alguien está comprometido con la corrupción, nosotros no vamos a defenderlo
como hace la derecha, que pide libertad para corruptos”, afirmó y cuestionó que
sus adversarios políticos usen el discurso de defensa de la democracia.
Julia Ramos, dos senadores y dirigentes sociales fueron
vinculados con la corrupción en el ex Fondo Indígena.
Morales sostuvo que aceptó, junto a García, una
repostulación más para dar continuidad y cumplir la Agenda 2025 que, entre
otros aspectos, perfila la erradicación de la extrema pobreza y
universalización de los recursos básicos. “Cambiando un alcalde del MAS por
otro del MAS, empezamos de cero (la gestión)”, ejemplificó para justificar su
decisión. Expresó su confianza en el triunfo del Sí.
Junto al Código Civil, la Justicia habilitará 4 servicios al litigante
El 6 de febrero de 2016 no solo se implementarán los cambios
a los códigos civil y familiar, sino que también funcionarán cuatro servicios
para litigantes, acciones con las que se busca mejorar el acceso a la Justicia
y transparentar los procesos judiciales.
La vigencia de las dos citadas normas fue suspendida en dos
oportunidades consecutivas. Si bien ambas leyes fueron aprobadas a fines de
2013, su aplicación estaba prevista para el 6 de agosto de 2014, pero se
observó el hecho de que no fueron difundidas como corresponde, por lo que se
decidió diferirlas por un año. Pero este año también se volvió a cuestionar el
poco conocimiento en la población y se las postergó hasta el 6 de febrero de
2016.
Para coordinar la aplicación de estas normas el próximo año
se creó la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil,
instancia que tiene representantes de los tres órganos del Estado —Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Este grupo de trabajo impulsa las cuatro medidas: la
creación de una plataforma de atención al público, el buzón judicial, la
oficina de atención al litigante y la creación de una aplicación para celulares
para ver el curso de un determinado proceso, detalló Maritza Suntura,
magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Al margen de estas iniciativas, se destacó los cambios e
innovaciones que traerán los códigos civil y familiar citados, los cuales
fueron denominados “códigos Morales” porque ambos fueron impulsados y aprobados
durante la presidencia de Evo Morales.
Entre las reformas de ambos códigos están la oralidad de los
procesos, la implementación de los conciliadores para evitar la judicialización
de problemas y la habilitación de medios electrónicos para el proceso, como los
correos electrónicos, entre otras.
Para el caso de las iniciativas, explicó Suntura, la
plataforma de atención al cliente deberá contar con personal capacitado y que
domine dos idiomas, para que el servicio sea personalizado.
El buzón judicial, la otra iniciativa, estará instalado en
la puerta de los tribunales departamentales, para que el litigante pueda
presentar memoriales y todo tipo de recursos en horarios fuera de oficina o días no laborables. Los
equipos que atiendan esta instancia estarán habilitados para acreditar la
recepción de documentos. Actualmente, ésta se la hace en horario de oficina,
sin contar los fines de semana ni los días feriados.
Además, desde febrero también estará a disposición de la
ciudadanía una oficina de atención al litigante, espacio en el que los
funcionarios tendrán la obligación de informar de manera constante el estado de
los procesos a las personas que acudan a recabar información de sus casos.
Otra acción que será alternativa a las anteriores
iniciativas será la creación de una aplicación para teléfonos móviles, para que
los usuarios puedan hacer consultas y verificar la situación de su juicio. “Las
partes ya no tendrán que acudir al juzgado para ver el estado de su proceso, lo
harán a través de su celular”, destacó la magistrada Suntura.
Sistema informático en cortes
El sistema informático judicial Sirej también entrará en
vigencia el 6 de febrero de 2016. No obstante, la Comisión de Seguimiento e
Implementación del Código Procesal Civil aún no analizó el tema.
Maritza Suntura, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), indicó que recomendó que este sistema cuente con una interfaz externa y
otra interna. La primera permitirá ver el estado en el que se encuentra un
proceso, mientras que la segunda será un elemento de alerta que busca prevenir
el vencimiento de plazos en diferentes trámites.
Con el mapa judicial se redistribuirán juzgados
Ampliarán competencias de jueces para la atención de procesos
Yuvert Donoso - Sucre
La Comisión de Seguimiento e Implementación del Código
Procesal Civil determinó ampliar las competencias de los jueces y diseñar un
nuevo mapa judicial que redistribuirá los juzgados en el país,
consecuentemente, permitirá mejorar el acceso de los litigantes a la Justicia.
La magistrada Maritza Suntura —que forma parte de esta
comisión— explicó que este mapa permitirá establecer con exactitud el lugar
donde se encuentra ubicado un determinado juzgado y a qué distancia se
encuentra del otro asiento judicial, además de conocer la cantidad de causas
que tiene cada uno de ellos.
Para establecer este nuevo mapa que reordena los juzgados,
principalmente los de provincias, se tomó en cuenta el número de habitantes y
la carga procesal que hay en aquellos. También se realizó un estudio
socioeconómico y se establecieron los lugares estratégicos en las fronteras
para ejercer soberanía.
Tomando en cuenta esos parámetros, Suntura manifestó que se
determinó algunos cambios, especialmente en los lugares donde existen juzgados
de Instrucción y de Partido, en los que su carga judicial es mínima. Por esa
situación, ahora éstos se convertirán en juzgados públicos.
Concretamente se refirió al caso del municipio de Viacha, en
el departamento de La Paz. La población alcanza a 80.338 habitantes y las
causas de ingreso en promedio es de 600 por año, pero solo tienen un Juzgado de
Instrucción Mixto y un Juzgado de Sentencia. A partir del nuevo mapa judicial,
con el cruce de las variables de número de ciudadanos y cortes, ese municipio
llegará a tener tres juzgados e, incluso, un tribunal de sentencia.
A partir de esos cambios, Suntura señaló que se está
ampliando las competencias de los jueces que ahora no solo conocerán las
especialidades en materia civil, familiar o penal, sino también tratarán casos referidos a demandas
laborales y vinculadas con la niñez y adolescencia en todos los juzgados en el
ámbito nacional, especialmente en el área rural. La magistrada agregó que ya se
solicitó al Consejo de la Magistratura la entrega del mapa judicial.
Página Siete / La Paz
Tras denuncia de disidente, Evo niega que incurra en nepotismo
Ante la acusación de un disidente del Movimiento Al
Socialismo (MAS) de que familiares del presidente Evo Morales trabajarían en
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el mandatario sostuvo ayer
que tal acusación es una mentira.
El Jefe de Estado acusó a la oposición de ese ataque y dijo que es parte de una guerra sucia a poco más de
dos meses del referendo constitucional para definir si va o no a la reelección.
"Ahora dicen que toda la familia de Evo está acaparando
cargos, qué mentira. Mi hermana está en el hospital bajo la cooperación de los
hermanos cubanos y mi hermano Hugo, a su
suerte.
Yo digo mis hermanos no se meten en el tema de la política,
acá no se trata de familias para administrar el Estado”, manifestó en un acto
en la localidad de Soracachi, del departamento de Oruro.
El pasado viernes, el exconstituyente del MAS Filiberto
Escalante denunció que Morales incurre en nepotismo ya que parte de su familia
"maneja” a la estatal petrolera. "En la ciudad de Oruro hay total
nepotismo. Toda la familia del Evo Morales está manejando YPFB”, dijo
Escalante.
Según una noticia de ERBOL, el disidente afirmó -dando otro
ejemplo- que un supuesto primo del mandatario del Estado, de nombre Édgar Soliz
Morales, fue embajador en Panamá y secretario general de la Gobernación
orureña.
Escalante recordó que Morales, antes de ser presidente,
criticaba el nepotismo por los puestos públicos que ocupaban los hijos de Jaime
Paz Zamora y de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que ahora la situación es peor,
a su juicio.
Quien también se refirió al tema, pero para defender al
mandatario, fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. En
entrevista con medios estatales,
argumentó la mañana de ayer que
denunciar, "el arte de mentir” y engañar se convirtieron para la oposición
en "actos democráticos” y que la acusación de Escalante fue alevosa.
"Y no vemos un solo pariente que se le parezca al
Presidente. Probablemente hay muchos Morales pero Morales Ayma me imagino que
hay pocos. Pero claro, se le endilga, se le trata de afectar al Presidente
creyendo que está colocando a sus familiares en altos cargos”, puntualizó la
autoridad.
Sobre la acusación
El exconstituyente del Movimiento Al Socialismo Filiberto Escalante denunció el viernes que el presidente Evo
Morales tiene a familiares trabajando en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
y que esta situación se enmarca como un caso de nepotismo.
Respuesta El
mandatario respondió ayer a esta acusación indicando que todo lo argumentado es
una mentira. Agregó que su hermana está hospitalizada y que su hermano Hugo
Morales Ayma está "a su suerte”. A
su parecer, se trata de una jugada sucia de la oposición para perjudicar su
imagen de cara al referendo del 21 de febrero.
Defensa El Ministro
de la Presidencia salió en defensa del mandatario.
Chile analiza publicar su propio “Libro de mar”
El Gobierno de Chile analiza
la publicación de un libro similar a
El Libro del Mar de Bolivia. Esto con el fin de dar a conocer su
posición respecto a los argumentos bolivianos ante La Haya, informó La Tercera.
"El nuevo equipo a cargo de la defensa, incluso, está
pensando sacar su propio libro, para dar a conocer la postura y los argumentos
históricos que contradicen la versión boliviana”, indica la nota que se publicó
ayer en ese matutino y la cual titula "El día en que Bolivia rechazó una salida
al mar”.
Según ese artículo, Chile prepara una contraofensiva a los
esfuerzos comunicacionales y diplomáticos que despliega Bolivia en el ámbito
internacional.
Desde 2014, Bolivia lleva adelante una estrategia de comunicación, lo que obligó a
Chile a asumir en su momento distintas acciones con el fin de intentar apuntalar su postura en el escenario
exterior.
La estrategia boliviana
tiene como fecha de inicio el 28 de abril de 2014, cuando el
expresidente Carlos D. Mesa asumió el cargo de Representante Internacional de
Bolivia para la Causa Marítima.
Dentro de los productos que
difundió Bolivia, en ese
marco, está la publicación de El Libro
del Mar, texto que se presentó el 16 de junio de ese año. Chile respondió con el folleto Chile y la aspiración marítima
boliviana. Mito y realidad, difundido el 24 de junio. A ello le siguió un
video, cuyos argumentos giran en la línea que da el impreso indicado.
Económicos
Los Tiempos / Cochabamba
Desmienten que Ley de Incentivos sea voluntaria
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Carlos Sánchez,
desmintió las declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, al afirmar que La Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y
Explotación Hidrocarburífera, que crea un fondo de incentivos, se aplicará a
todos los municipios, gobernaciones y universidades del país y no será
“voluntaria” como dijo su homólogo.
El ministro de la Presidencia se retractó ayer de sus
declaraciones del viernes por la tarde cuando aseveró que no es obligatorio que
los municipios, gobernaciones o universidades firmen los proyectos de
incentivos para el sector de hidrocarburos.
En un comunicado de su cartera explicó que al referirse a la
participación en la Ley de Incentivos buscaba orientar “a aquel que hoy realiza
un reclamo” y que las entidades autónomas pueden “sumarse o no” a esa norma
nacional.
De acuerdo a la autoridad, las gobernaciones, municipios y
universidades “deben ser conscientes de que el día de mañana serán directos
beneficiarios de los ingresos generados por este fondo” de la Ley de
Incentivos.
Sin embargo, las declaraciones del ministro de la
Presidencia en Cochabamba fueron: “Dejamos en absoluta libertad a los
municipios, gobernaciones y universidades para que se adhieran a la política de
incentivos. Dicho de otra manera, si quieres ganar, si quieres tener más
ingresos te sumas a esto, si no quieres tener ingresos, simplemente te retiras
de la ley de incentivos”.
El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, uno de los burgomaestres
que ha expresado rechazo y dudas sobre la Ley, al conocer las declaraciones de
Quintana, expresó el sábado: “Es un buen paso de tal forma que cada uno de los
municipios y gobernaciones podamos decidir si queremos o no participar en este
proyecto”.
El proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera, sancionado por la Cámara de
Senadores y remitido al Ejecutivo para su promulgación, crea, entre otros aspectos, un fondo de
incentivo para las empresas petroleras con el 12 por ciento del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Empresas pierden $us 2 mil millones por la violencia
La violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en
Bolivia está causando una pérdida empresarial. Por cada episodio de violencia
contra la mujer, se pierde 1,18 días de trabajo. Los agresores provocan más
costos, con un pérdida promedio de 38,4 días laborales al año. Cada trabajadora agredida significa una
pérdida anual de 27, 5 días.
“Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres
en Bolivia”, la primera investigación en el país, ha sido realizada este año
por un equipo multidisciplinario dirigido por Arístides Vara-Horna, por encargo
del Programa Regional ComVoMujer.
El estudio concluye que las empresas pierden algo más de
1.976 millones de dólares al año (aproximadamente 13.640 millones de
bolivianos), producto de la violencia contra las mujeres. El monto equivale al
6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia. Advierte que el sector
empresarial vive una realidad no revelada que afecta seriamente el clima
laboral. Los datos indican que el 58% del personal ha estado involucrado
directamente en relaciones violentas con sus parejas, sea como agredidas
(54,8%) o como agresores (59,7%), en algún momento de su relación.
En el último año, 52% del personal ha experimentado
episodios de violencia, sea como agredida (48,7%) o agresor (53,8%).
Sólo el 6% no reporta violencia contra la mujer en el último
año.
Según la investigación, “la violencia contra la mujer no
sólo es costosa para las empresas donde la población laboral es principal o
mayoritariamente femenina, sino que incluso las empresas que cuentan sólo con
colaboradores hombres tienen pérdidas cuando estos atacan a sus parejas”.
El estudio financiado por la cooperación alemana aplicó
7.343 cuestionarios al personal de 31 empresas medianas y grandes de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, pioneras en reconocer la importancia de este grave
flagelo para su personal y organización.
Del total de las entrevistas, 2.705 fueron realizadas a
mujeres y 4.638 a hombres de cinco sectores empresariales. El 47,3% de la
industria manufacturera, el 24,5% del sector bancario, 11% del sector de
telecomunicaciones, el 9,6% del rubro de servicios y el 7,7% del sector
comercial.
La investigación revela que, al margen del tamaño de la
empresa, cuatro de cada 10 trabajadoras han sido atacadas por sus parejas en un
promedio de 28 veces, en el último año; mientras que cinco de cada 10
trabajadores han agredido a sus parejas 19 veces. El 39% de los ataques se
realizaron en la empresa o cerca.
Rechazan implicación en el Fondioc
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, rechazó
ayer una supuesta responsabilidad en el Fondo Indígena Originario Campesino
(Fondioc) y ratificó que el Gobierno impulsa una “lucha” contra la corrupción
“caiga quien caiga”.
En una entrevista en el programa ‘El Pueblo es Noticia’, la
autoridad se refirió a las declaraciones de la disidente del oficialismo,
Rebeca Delgado, respecto a que cinco ministros, entre ellos Quintana, formaron
parte del directorio del Fondioc por lo que deben someterse ante la justicia.
“Los últimos días hemos escuchado a Rebeca Delgado (...) que
por ejemplo el Ministro de la Presidencia es responsable del Fondo Indígena y
el Ministro de la Presidencia jamás ha formado parte del directorio del Fondo
Indígena, pero son tan morbosamente irresponsables que jalan al Ministro a un
presunto directorio del Fondo Indígena”, dijo.
En febrero pasado se denunció el caso Fondo Indígena, tras
que la Contraloría evidenció 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron
un daño económipor 71 millones de bolivianos.
Según Quintana, para la oposición es un acto democrático el
“denunciar, mentir y engañar”, lo que -a su juicio- es vergonzoso por el
conjunto de infamias y ataques contra el Gobierno, a poco más de dos meses del
referendo constitucional aprobatorio para habilitar o no la repostulación del
presidente Evo Morales y del vicepresidente.
Recordó que el ex Fondo Indígena no fue creado en la gestión
de Morales sino el 2005, por lo que consideró que la “artillería política”
apunta a desprestigiar al Gobierno.
El dirigente René Quispe declaró a Erbol que cuenta con
una lista de más autoridades que
revelará, después que la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo,
declare.
La Prensa / La Paz
Empezarán a pagar doble aguinaldo
El ministro de Economía, Luis Arce, informó que a partir de
esta semana se empezará a pagar el doble aguinaldo a todos los funcionarios
públicos o dependientes del Tesoro General, debido a que el Gobierno tomó todos
los recaudos porque sabían que el país crecería por encima del 4,5 por ciento,
tal como señala la norma que se promulgó en 2013, “tenemos los recursos y vamos
a pagar sin ningún problema”.
Por otro lado, señaló que el plazo para el pago del segundo
aguinaldo ha sido ampliado hasta el 31 de marzo de 2016 y que "hay
requisitos que tiene que cumplir el empresariado privado” que están
establecidos en el Decreto 2631. Dicha norma establece cuatro requisitos para
que las empresas privadas puedan acogerse al beneficio de flexibilizar el pago
del doble beneficio.
La Razón / La Paz
Aduana pide a 14 aerolíneas reconsiderar el paro escalonado
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pidió a las 14 empresas
de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) del país “reconsiderar” el paro
escalonado que iniciarán el 20 de diciembre en protesta por las sanciones
impuestas por la entidad aduanera.
El viernes, la asamblea general de ALA-Bolivia decidió
iniciar un “paro escalonado a partir del 20 de diciembre” en rechazo a “la cantidad
irracional” de multas (cada una de $us 1.500) y procesos administrativos con
los que la ANB sanciona a las aerolíneas que incurren en faltas durante
procedimientos de control para evitar el contrabando, según un comunicado de
las 14 empresas que realizan vuelos nacionales e internacionales.
La Aduana “exhorta a dicho sector a reconsiderar su posición
y cumplir con compromisos acordados en el marco de la normativa legal vigente”,
de acuerdo con un comunicado publicado ayer por la entidad, que “meses atrás
acordó” con estas empresas “la revisión detallada y caso por caso de los
procesos sumarios iniciados a las líneas aéreas por incumplimiento a deberes
formales, sin que ninguna de ellas se haya apersonado a la administración
aduanera para procederse a dicha revisión”.
Consultado al respecto, el
gerente de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social de
Amaszonas, Eddy Luis Franco, se limitó a decir: “Somos parte de ALA-Bolivia y
nos remitimos al contenido del comunicado” de la asociación.
“Nosotros no somos parte” de esa organización y “no tenemos
nada previsto” en caso de que la demanda de pasajeros aumente producto del paro
escalonado, informó por su parte el gerente general de Boliviana de Aviación
(BoA), Ronald Casso.
La anunciada medida de presión se puede iniciar, por
ejemplo, con un paro de 24 horas que después de un par de días se puede
extender a 48 y así sucesivamente. Si el paro —planificado en época de fin de
año, cuando se incrementa la demanda de transporte aéreo— se lleva a cabo perjudicaría
a la imagen del país y a las industrias del turismo y la gastronomía. Este
medio intentó comunicarse con la gerente general de ALA-Bolivia, Yanela Zárate,
para conocer más detalles sobre la decisión, pero la ejecutiva tenía el
teléfono móvil apagado.
Previsiones para evitar perjuicios
Aviso
ALA-Bolivia “exhorta a los usuarios tomar las previsiones
que les ocasionen el menor perjuicio en la programación de sus viajes”.
Encuentro
“Se tenía previsto el próximo 16 de diciembre la realización
de pruebas de campo del sistema informático de remisión de información sobre
manifiestos de pasajeros y tripulación, oportunidad en la cual se podría
absolver dudas o atender requerimientos técnicos o adecuaciones informáticas”,
según la ANB.
Gobierno evaluará inversión pública cada mes
La Ley Financial 2016 establece que el Gobierno central
realizará cada mes evaluaciones de la ejecución de recursos en gobernaciones,
municipios y universidades para “optimizar” los niveles de inversión pública en
el país.
“Con esta ley, vamos a tener el próximo año la oportunidad
de hacer evaluaciones mensuales” para alcanzar “una ejecución óptima de
nuestros recursos”, dijo ayer a radio Panamericana el senador René Joaquino
(MAS), titular de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas
de la Cámara Alta.
“Siempre hemos hecho evaluaciones al final de cada gestión y
el resultado ha sido que muchas administraciones subnacionales y el propio
nivel central no han podido ejecutar sus recursos”, agregó.
LEGISLACIÓN. El Presupuesto General del Estado (PGE) 2016,
que proyecta recursos consolidados por Bs 217.000 millones, un crecimiento de
5,01%, una inflación de 5,3% y un precio de referencia del barril del petróleo
de $us 45, será tratado mañana en el pleno del Senado con la presencia del
ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, quien explicará en detalle
el contenido de la norma. “No me parece correcto que habiendo dinero no se
ejecuten esos recursos”, afirmó el legislador del oficialista Movimiento Al
Socialismo (MAS).
El 89,7% del presupuesto del próximo año se financiará con
dinero propio y el 10,3% con recursos externos, según un comunicado de la
Cámara de Senadores.
El Fofim prestó $us 28 MM a 57 cooperativas
El Fofim entregó en casi siete años Bs 192,63 millones ($us
28,08 millones) en créditos a 57 cooperativas mineras, pero su capital no es
suficiente para apoyar a las 1.668
sociedades mineras que operan en el país, según el director del Fondo.
“El Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) nació en
2009 con Bs 140 millones. A la fecha ya desembolsó Bs 192,63 millones, eso
quiere decir que hizo una excelente labor financiera en favor de las
cooperativas. Recuperó el capital y el interés, y lo ha reinsertado, así hemos
podido prestar los Bs 192 millones”, informó a La Razón Carlos Escóbar,
director general ejecutivo del fondo dependiente del Ministerio de Minería y
Metalurgia.
Según Escóbar, el capital con el que nació el fondo fue
desembolsado por el Tesoro General de la Nación por única y primera vez, pero
éste también cuenta con un aporte anual de Bs 1 millón o 2 millones de la
Corporación Minera de Bolivia.
El funcionario detalló que los recursos otorgados a los
cuentapropistas mineros en calidad de préstamo fueron destinados a la compra de
equipos, maquinaria y a la construcción de plantas de concentración (ingenios
metalúrgicos). “Lo que hay que resaltar es que el Fofim solo cobra el 0,5% de
interés de cualquier monto que prestamos”.
En su primer año de vigencia el Fondo otorgó un solo
préstamo a una cooperativa por Bs 86,85 millones. Los montos que se otorgaron
los años siguientes fueron menores, pero el número de asociaciones
beneficiarias fue en ascenso. En 2010 se financió a dos cooperativas, en 2011 a
una, en 2012 a ocho, en 2013 a 15, en 2014 a 14 y este año a 16.
El 26 de marzo, la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras de Bolivia (Fencomin) solicitó al presidente Evo Morales una inyección
económica de $us 100 millones al Fofim para enfrentar la caída del precio de
los minerales, solicitud que fue reiterada al Mandatario el 21 de octubre.
Proyección. “El Ministerio de Minería y Metalurgia (César
Navarro) planteó” que esta nueva transferencia de recursos “podría ser de $us
50 millones”. Esta decisión “se trabajará en próximas reuniones”, afirmó
entonces Agustín Choque, vicepresidente de la organización.
“Es muy necesaria” una inyección económica al fondo minero,
porque el capital con el que cuenta “no es suficiente” para beneficiar a las
1.668 cooperativas que hay en el país, sostuvo Escóbar respecto a la solicitud
de Fencomin.
El Fofim tendrá el próximo año al menos Bs 25 millones para
conceder créditos a las cooperativas mineras de los sectores metálicos, no
metálicos, oro y evaporíticos. “Estamos trabajando financieramente por la salud
económica de nuestra institución”, expresó Escóbar.
Página Siete / La Paz
Microempresas, en emergencia por el segundo aguinaldo
"No estamos en condiciones de pagar el doble aguinaldo.
Si quieren que paguemos, que (el
Gobierno) nos demuestre que hemos crecido arriba del 4,5%. Nosotros estamos
seguros que no hemos crecido más de 2%, (por eso) ni hasta marzo vamos a poder
pagar”, dijo el presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y
Artesanía de La Paz (Cadepia), Genaro Tórrez.
El dirigente respondió de esa manera al Decreto Supremo 2631
emitido el miércoles por el Gobierno para formalizar el compromiso del
presidente Evo Morales ante los empresarios privados: ampliar el plazo del pago del doble aguinaldo hasta el
31 de marzo de 2016 para las empresas
con problemas económicos.
"(El decreto) cae en saco roto para nosotros porque no
hemos crecido más de 2%”, reiteró ayer Torrez en una entrevista con radio
Erbol. En 2013, el Gobierno estableció que el pago del segundo aguinaldo se
dará cuando el crecimiento del PIB
llegue a 4,5%.
El presidente de la
Cadepia afirmó que su posición representa a la Confederación Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (Conamype), a la Federación de la Micro y Pequeña Empresa
de Santa Cruz (Fedemype) y a la Federación Regional de la Micro y Pequeña
Empresa de El Alto (Fermype). Estas asociaciones se encuentran en estado de
emergencia en rechazo al pago del beneficio a sus trabajadores.
Piden un estudio
Genaro Tórrez reclamó al ministro de Economía, Luis Arce,
porque hasta la fecha no presentó el estudio sobre el crecimiento de su sector
que se comprometió a realizar para comprobar que los micro y pequeños
empresarios crecieron por encima del 4,5%. "El informe debía presentarse a
mediados de diciembre, pero le están dando largas al asunto”, comentó.
De acuerdo a datos del Gobierno, el sector creció por encima
del 5%. "Según datos del INE hemos crecido el 5,23%, pero eso no es cierto, no es real, el sector de la
construcción es el que tuvo ese
crecimiento”, afirmó Tórrez.
El ministro de Economía, Luis Arce, señaló semanas atrás que
la microempresa estaba en condiciones de pagar el doble aguinaldo porque
se evidenció que alcanzó un crecimiento
importante y, además, que se benefició con medidas gubernamentales. Mencionó
tres: la creación de Banco de Desarrollo
Productivo, la generación del
microcrédito en el sistema financiero tradicional, con una baja en las tasas de interés, y la
generación de fondos de garantía para el
sector.
Costo social
El presidente de la Cadepia
aseguró, sin embargo, que el pago del segundo aguinaldo representa un
alto costo social para su sector porque en dos años de su aplicación (2013 y 2014) representó el cierre de al menos el
50% de las pequeñas y microempresas. "El 2013 se ha cerrado el 30% de las pequeñas y microempresas, el
2014 el 20%. Somos el sector que genera el 83% de los empleos”, protestó.
Añadió que en 2015 la situación empeoró porque, pese a la
cercanía de las fiestas de fin de año, las ventas están paralizadas
"debido a la gran cantidad de productos de importación y de contrabando
que ingresaron al mercado nacional”.
La norma
Decreto En noviembre de 2013, el Gobierno emitió el Decreto
Supremo 1802 que establece el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores
cuando el crecimiento del PIB llegue al 4,5%.
Cumplimiento En 2014,
año de la imposición del decreto, el Gobierno dio plazo a los empleadores hasta
el 31 de enero de 2015 para pagar el beneficio. En 2015, el Ejecutivo decidió
ampliar la fecha del pago hasta el 31 de marzo de 2016.
Rechazo En 2015 los
medianos y pequeños empresarios se resistieron por completo a cumplir con el
pago del segundo aguinaldo al argumentar que la obligación los está arrastrando
al cierre de sus empresas.
Exigen que se investigue el contrabando
El presidente de la Cámara Departamental de la Pequeña
Industria y Artesanía de La Paz (Cadepia), Genaro Tórrez, señaló que el ministro de Economía, Luis
Arce, en vez de realizar un estudio sobre el crecimiento de su sector, debería
realizar una investigación sobre la cantidad de productos extranjeros que
ingresan al mercado boliviano en perjuicio de la industria nacional.
"El Ministro se comprometió a hacer el estudio (sobre
el crecimiento de la pequeña y microempresa)
pero nos quiere sacar la lista de todas las microempresas y nosotros no
estamos en condiciones. Lo que tiene que hacer es averiguar cuánta mercadería
se ha importado, cuánto está entrando por las fronteras, que se han abierto de par en par para el contrabando”,
protestó.
"El contrabando que ingresa de Argentina, Perú y Brasil
está matando al sector de alimentos y otros de la industria nacional”, añadió.
Tórrez precisó que los efectos del ingreso indiscriminado de
productos extranjeros al mercado nacional se sintieron en una baja en las ventas de su sector.
"Esta Navidad
será la más triste porque las ventas, que en otros años comenzaban el 15 de noviembre,
este año están paralizada. Hay tanta oferta de mercadería de contrabando”,
dijo.
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