Descontrol

Azuzado por las ONGs que necesitan justificar sus financiamientos y los intelectuales empeñados en aplicar recetas del pasado, el gobierno de Evo Morales reivindica las culturas andinas sin tamiz alguno.
Es innegable que los pueblos andinos llegaron a un importante nivel de cultura y en algunos casos hasta se puede hablar de altos niveles de civilización (como Tiwanaku, por ejemplo). También es cierto que esas culturas fueron proscritas, encubiertas o por lo menos relegadas por quienes, como los conquistadores españoles, las sojuzgaron para aprovecharse de sus recursos naturales.
Rescatar todo lo positivo que hubo en dichas culturas es una buena medida. La cosmovisión andina, basada en el dualismo, la solidaridad, el respeto a la vida y la naturaleza sería muy útil para construir el nuevo país con el que todos soñamos.
El problema es que, a la hora de reivindicarlas, el gobierno parece hacer énfasis en lo negativo. Así, se habló varias veces de reponer el Tawantinsuyo sin estudiar por lo menos a mediana profundidad aquel modelo de Estado que hasta Guillermo Lora describió como “un horrendo régimen de esclavitud en beneficio, gloria y esplendor de una minúscula casta dominante”.

En esa misma línea está la denominada justicia comunitaria que las culturas andinas aplicaron más con un criterio ético-moral que con el de la venganza. Los castigos estaban categorizados; es decir, variaban en función a la gravedad de los delitos cometidos pero su función era reparadora, orientada a curar el daño que la sociedad había sufrido y no necesariamente a causar daño al infractor.

Hoy en día, gracias a que el gobierno la ha convertido en una de sus banderas, la justicia comunitaria ha salido de su enquistamiento pero, en lugar de aplicarse debidamente, ha degenerado en un canal para desfogar instintos asesinos, ansias de venganza y afanes de impunidad.

Si una persona es sorprendida cometiendo algún delito en zonas rurales del país —y ahora también en los barrios periféricos de las zonas urbanas—, una turba lo captura y, sin someterlo a proceso alguno, le quita la vida. Esa forma de delito de autoría colectiva se está perfeccionando a tal punto que, por una parte, se hace desaparecer las pruebas testificales imponiendo el código del silencio. Nadie dice nada porque nadie vio nada. Más aún, los linchadores optan por hacer desaparecer el cadáver o cuerpo del delito.

Así se mata a personas que, delincuentes o no, culpables o no, son seres humanos. ¿Dónde está el respeto a la vida que ejercitaron los pueblos andinos prehispánicos?

La tolerancia —y/o azuzamiento— del gobierno hacia esas prácticas ha provocado que se multipliquen y que surja, todavía sin ley de deslinde jurisdiccional, una justicia paralela cuyo único castigo es el linchamiento; es decir, el crimen, el asesinato…

Lo ocurrido esta semana en el norte potosino es apenas una muestra más de que la mal llamada justicia comunitaria está fuera de control: cuatro policías fueron quemados bajo acusaciones de las que jamás pudieron defenderse. Sus camaradas ni siquiera lograron entrar al pueblo donde ocurrió el crimen porque sus habitantes lo impidieron colocando francotiradores armados de máuser en los cerros.

En un presunto intento de minimizar el impacto de esta nueva salvajada, el gobierno negó que los muertos hayan sido policías. Si lo fueron, ya no estaríamos hablando de un crimen de comisión colectiva sino de una afrenta a la entidad que, según la Constitución, “tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”.

Si también se infringe ese precepto, habrá que aceptar que el Estado Plurinacional no tiene control sobre su territorio.