Epizana y Pucarani

Durante tres entregas consecutivas, esta columna se dedicó a analizar la coyuntura sociedad/prensa/gobierno y espero sinceramente que esta cuarta sea la última, por lo menos en este período de la vida nacional.
Y no es que la columna se haya sectorizado o ya no tenga temas sobre los cuales escribir. Con la situación del país tal como está, material es lo que sobra a los opinadores pero creo que el asunto de la prensa es vital ya que el periodismo amordazado es el más claro síntoma de una sociedad sometida.
La historia del periodismo enseña que la prensa nació con la censura. Por ello, uno de los principales objetivos de los políticos, sea bajo dictaduras o regímenes democráticos, es el control de la prensa.
No obstante, los intentos de legislar y/o limitar el ejercicio del periodismo se han hecho más evidentes ahora y nada menos que en países que pregonan el socialismo. Ocurre en Cuba, se extendió a Venezuela, se perciben sus síntomas en Ecuador y Nicaragua y estalló recién en Argentina donde una de las más importantes organizaciones de la prensa (Adepa) denunció que el gobierno de Cristina Fernández “parece haber elegido a los medios como enemigos a vencer” y le acusó de pretender “controlar al periodismo para adocenarlo”.
Como se puede ver, la situación de Argentina parece describir la de Bolivia —Adepa dice que el gobierno de Fernández ve “conspiraciones por todas partes y (tiende a) creer que la cobertura periodística de los fenómenos sociales encubre fines de alteración del sistema institucional”— pero, desde luego, existen diferencias.
Mientras la prensa de otros países ha perfeccionado sus mecanismos de autorregulación, la boliviana cometió el error de cubrir a la Ley de Imprenta con un manto de invulnerabilidad que le dio a la gente la falsa impresión de que los periodistas son intocables.
Es más… algunos de los sindicatos de periodistas incluso se opusieron a la autorregulación que fue propuesta en su momento bajo figuras como el Consejo Nacional de Ética.
El resultado de una oposición más necia que tenaz fue que el discurso del gobierno en el sentido de que la prensa está alineada con la oligarquía y se opone al cambio caló hondo en los denominados movimientos sociales que, de pronto, identificaron a los periodistas como “enemigos a vencer”.
A consecuencia de ello, los periodistas —que siempre habían sido víctimas de la violencia uniformada— comenzaron a recibir pedradas de los manifestantes, paulatinamente pasaron a los palos, los puñetes y las patadas que degeneraron en palizas. Así llegó 2008 y con él Epizana, el lugar en el que el mundo se puso al revés y fueron los marchistas los que no sólo reprimieron a los policías sino que mataron a tres de ellos. De paso, y casi como terrorífica “yapita”, agredieron brutalmente a un reportero y un camarógrafo de Bolivisión, Limbert Sánchez y Edson Jiménez, quienes salvaron la vida de milagro.
Casi inmediatamente después vino Pucarani, el poblado paceño en el que grupos contrarios al alcalde atacaron el edificio municipal, destrozaron la radio de esa comuna y golpearon con tanta saña al periodista Carlos Quispe que lo dejaron muerto en el piso como la más espantosa muestra de un país intolerante con la prensa.
Hemos llegado al momento de poner en orden la casa. No podemos permitir que las agresiones continúen y, para ello, es preciso perfeccionar la Ley de Imprenta, adecuarla a nuestros tiempos y, a través de ese cambio, se debe dotar al periodista de una inmunidad necesaria para la labor que realiza. No obstante, tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad de que existen algunos periodistas que utilizan mal el poder de la prensa. El instrumento legal perfeccionado (yo propuse la Ley General del Periodismo) debe ser trabajo de periodistas y tendría que estar orientado a proteger a la prensa de la sociedad y a la sociedad de la prensa.