Llegó la hora

Si el MAS hubiera recurrido al consenso en lugar de intentar imponer sus cambios, el país no estaría ahora al borde de un nuevo enfrentamiento.
Abundan los ejemplos para sustentar esa afirmación pero voy a utilizar esta columna sólo para referirme a lo concerniente a mi gremio, el de la prensa.
Aunque el MAS intentó consensuar la introducción de un régimen de la Comunicación Social en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), lo cierto es que lo hizo de manera dispersa debido a la estructura sui géneris de las organizaciones de la prensa boliviana. En nuestro país existen organizaciones colegiadas de la prensa (asociaciones de periodistas y colegios de comunicadores), sindicales y otras que emergen de sus características propias. Entre estas últimas están la Cámara de Medios Privados de Comunicación, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
La ANP congrega a los medios escritos pero, en un aparente intento de deslegitimarla, el gobierno y sus simpatizantes la tildan de organización de propietarios. Esa es una verdad a medias ya que la representatividad de diarios, revistas y otras publicaciones en la ANP es ejercida por los directores y muchos de estos no son dueños, ni siquiera accionistas, sino asalariados. En contrapartida, en las organizaciones sindicales de la prensa todavía existen propietarios y algunos incluso llegaron a niveles de dirigencia.
Esa variopinta composición de la prensa boliviana y los conflictos internos de sus organizaciones sindicales imposibilitó un consenso del sector en torno a la nueva CPE. Podría pensarse que fue por eso que el MAS introdujo su propia visión pero las permanentes agresiones a la prensa mueven a pensar lo contrario.
El elemento catalizador del dilema gobierno/prensa fue la intención de la Superintendencia de Telecomunicaciones de aplicar normas claramente restrictivas al trabajo periodístico y el rechazo de país fue unánime. A consecuencia de ello, no sólo se dio contramarcha sino que se presentó un proyecto de ley que tiene el objeto de “garantizar la vigencia plena de la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística de los trabajadores de los medios impresos, radiales y canales de televisión”.
A primera vista, el proyecto parece estar a tono con las exigencias de las organizaciones periodísticas y, además, eleva a rango de ley un Decreto Supremo promulgado en el gobierno de Ovando con el fin de otorgar derechos que los trabajadores de la prensa reclamaban desde hacía muchos años.
Es un obvio y saludable intento de consensuar normas para la prensa. ¿Acaso no podía hacerse eso desde el principio?
El manejo de la prensa no es ajeno para el MAS. El partido en función de gobierno tiene a Antonio Peredo en el Senado —aparentemente él es autor del proyecto de ley—, a Iván Canelas en Diputados, a Marco Carrillo en la Asamblea Constituyente y hasta al ahora ex vocero Alex Contreras en el gabinete de ministros. ¿Cómo permitió que se introduzcan artículos que atentan contra la libertad de prensa en su proyecto de CPE?
No obstante, no está dicha la última palabra y la propuesta que comentamos es una muestra de que el MAS está dispuesto a discutir el tema de la legislación para la prensa.
El proyecto de Ley rescata del olvido normas necesarias para la prensa, deroga algunas otras que atentan contra esta e impone una inmediata concordancia con la CPE aprobada en Oruro. No obstante, aunque se trata de un gran paso en la historia del Derecho de la Comunicación en Bolivia, todavía no toca el fondo del asunto: legislar coherentemente el periodismo.
La exposición de motivos del proyecto de ley dice que los periodistas deben ser quienes amplíen sus alcances. Pues bien… manos a la obra. Ha llegado la hora de pensar en una Ley General del Periodismo.