Prensa enemiga

Si este artículo no llega a manos del Presidente Evo Morales —ya sea en periódico, fotocopia o como parte de un resumen o boletín—, quedaré totalmente convencido de que su entorno es el único responsable de los errores del Gobierno y que existe un complot destinado a liquidar la libertad de expresión.
Y no es chantaje, no.
Lo que pasa es que las acciones del Gobierno aparentemente destinadas a controlar a la prensa han sido tantas y tan repetidas que es difícil no formarse una opinión contraria sobre ellas.
La última fue el intento de aplicar una norma banzerista a los medios de difusión masiva que, afortunadamente, fue frenado a tiempo dando una muestra de que en el Gobierno existen voces sensatas. Creo que una de esas voces es la del propio Presidente de la República y por ello escribo este artículo con la esperanza de que él lo lea y entienda que las cosas no son como le cuentan.
Su Excelencia ha dicho muchas veces, quizás demasiadas, que la prensa forma parte de la conspiración que busca derrocarlo obedeciendo consignas de la oligarquía boliviana y el liberalismo internacional.
Nada más falso.
Una simple revisión a los periódicos bolivianos permite encontrar que, como en todas partes del mundo, existe una prensa oficialista y otra opositora pero también hay medios que hacen un gran esfuerzo por no inclinarse a ninguna de esas opciones.
La prensa opositora está conformada por medios como Unitel, la red UNO y otros que tienen su central en Santa Cruz y pertenecen a familias y grupos económicos cuyos intereses se verían seriamente afectados si el gobierno ejecuta sus políticas de cambio, fundamentalmente del control de la tierra.
En el oficialismo están canal 7 y la red Patria Nueva, de propiedad del gobierno, y una larga lista de medios autodenominados alternativos o progresistas cuya área de acción es principalmente la internet.
El problema es que, cuando el Presidente protesta contra la prensa, no lo hace sólo contra la opositora sino que generaliza. Debido a ello, los movimientos sociales ven al periodismo como un enemigo y actúan en consecuencia, como ocurrió en Epizana.
Al parecer, al Presidente sólo le llevan periódicos, recortes o fotocopias de las noticias que podrían afectar a su Gobierno y no actúan de la misma forma con otras, aquellas que, voluntariamente o no, podría favorecerle.
El 9 de enero de este año, la agencia Econoticias —identificada como agencia independencia pero claramente alineada con los denominados alternativos o progresistas— difundió un informe titulado “Bolivia: la rebelión de los 100 clanes” en el que da cuenta que el movimiento proautonomista de Santa Cruz es manejado por los mismos grupos económicos que son dueños de Unitel y la red UNO. “Allí están los clanes de los Saavedra Bruno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner”, decía un párrafo de la nota.
El detalle es que lo publicado por Econoticias no era nuevo. Ya el año pasado, el diario La Prensa de La Paz —al que se considera parte de la “gran prensa” opuesta al cambio— reveló que la industria aceitera en Bolivia está dominada por la familia del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic. El 19 de noviembre de 2007, La Prensa volvió a publicar otra investigación con este título explícito: “Walter Kuljis, Luis Ernesto Áñez y Osvaldo Monasterio tienen el control de la carne” y más recientemente, el 24 de marzo de este año, informó que “8 familias controlan el 14% de la banca”. ¿Cuáles son esas familias? Pues Marinkovic, Kuljis, Monasterio, Bedoya, Kempff, Petricevic, Tardío y Saavedra Bruno, todas con centro en Santa Cruz. La familia Kuljis es dueña de la red Uno y la Monasterio de Unitel.
Como ese solo ejemplo, le demuestro al Presidente que no es cierto lo que le dicen sus asesores.
Más aún, para cerrar este artículo (que resultó más extenso que otros) le pido a su Excelencia que lea el último pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa. En ese documento se condena “con vehemencia” los atentados contra canal 7 y la red Patria Nueva.
¿Necesita más pruebas, señor Presidente?