En su lógica totalitaria (todo o nada), el gobierno central ha conseguido socializar el discurso de que quienes piden reformar el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación son “racistas confesos”.
Nada más falso.
Lo que observan las organizaciones de la prensa son aquellos artículos que, además de crear mecanismos para el cierre de medios de comunicación social, vulneran la libertad de expresión que no es atributo de los periodistas sino un derecho de todos los ciudadanos.
Lo de “ideas racistas y discriminatorias” es tan amplio que puede dar lugar a un sinfín de interpretaciones y todas son riesgosas para los medios. ¿Qué pasará, por ejemplo, si un oyente llama a una radioemisora y, al opinar sobre determinado tema, emite juicios que pueden ser considerados racistas o discriminatorios? ¿Y qué si pasa lo mismo cuando un canal de televisión desarrolle un “sondeo de opinión? Aunque usted no lo crea, y para no correr riesgos, varias radios y canales ya tomaron la decisión de suspender ese tipo de espacios… ¿Quién sale perdiendo?
Para el gobierno, el que se opone a la ley antirracismo es racista confeso, los propietarios de medios confunden libertad de prensa con libertad de empresa y sólo defienden sus intereses… ¡Por favor!... ¿es que acaso los periodistas son ovejas o robots que siguen las instrucciones del patrón sin disenso alguno?... pensar eso es igual que considerarles imbéciles.
Los trabajadores de la prensa actúan en función a su Declaración de Principios. El mismísimo Iván Canelas, que fue dos veces dirigente nacional del periodismo sindicalizado, los conoce y sabe de lo que hablo.
En lo que a mí concierne, rechazo enfáticamente cualquier acusación de defensa del medio en el que trabajo o de sus propietarios. Soy director del diario “El Potosí” pero en este y otros temas referidos a la libertad de prensa y expresión actúo siguiendo los dictados de mi conciencia. Apoyo las sanciones al racismo y la discriminación, porque fui víctima de esas inconductas, pero creo que la ley redactada para ese fin oculta otros propósitos.
Lo que quiere el gobierno es lo que cualquier otro político, sea de izquierda o de derecha: controlar los contenidos de la prensa con el fin de moldear un discurso único, uno que se acomode a su propósito de permanecer el mayor tiempo posible en el poder. Sigue el modelo de Cuba donde todos los medios de comunicación social son controlados por el partido gobernante.
Y en esto del racismo existe también mucho de venganza.
Evo Morales ha demostrado su verdadera esencia al recibir una infracción en un partido de fútbol y vengarse con un rodillazo en la ingle.
Así nos trató a los potosinos a consecuencia de nuestro paro de 19 días: se sintió atacado y respondió con el rodillazo de la indiferencia y un mejor trato a Oruro. Lo propio pasa con la ley antirracista: se sintió ofendido por un artículo escrito por un señor que no es periodista y respondió con el rodillazo de la orden de no modificar el proyecto de ley.
La consecuencia de esa búsqueda de control de la prensa y venganza paralela será la muerte de la libertad de expresión.
Ahora sólo queda apagar el interruptor de la luz que se encendió el 10 de octubre de 1982.
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