Delincuencia telefónica

Uno de los aciertos del gobierno de Evo Morales fue la homologación de las tarifas de telefonía móvil y la obligatoriedad del cobro por tiempo exacto de llamada.
Al cobrar pagos extra por el origen de una llamada, sea de una empresa o ciudad diferente, los operadores de telefonía celular nos robaban una buena cantidad de dinero que era aún mayor con el odioso sistema del redondeo.
Ahora que ha pasado un buen tiempo de esas medidas, los usuarios sentimos su efecto benéfico en los bolsillos y comprendemos que estas no eran simples decisiones formales. La verdad es que, gracias a esa regulación, la telefonía móvil se democratizó a tal punto que ahora cualquiera puede tener un aparato celular y ese hecho dinamizó un buen sector de la economía.
Empero, la masificación de la telefonía hace necesario reajustar la regulación de este sector que ahora abarca a la mayoría de la población boliviana.
Una medida urgente es la desburocratizar la información sobre las llamadas telefónicas porque, actualmente, es posible delinquir utilizando cualquier línea y, aunque parezca difícil de creer, la ley ampara al delincuente.
Las amenazas están tipificadas como delito en el artículo 293 del Código Penal; empero, si uno las recibe por teléfono, esa acción ilegal quedará impune porque, para conocer el origen de la llamada, es necesario un molesto procedimiento.
Hace falta un requerimiento fiscal para que el operador de telefonía proporcione un detalle de las llamadas entrantes a cualquier línea telefónica pero, para tenerlo, hay que formalizar la demanda en la Fiscalía, esperar que se abra formalmente el caso y recién se puede pedir la emisión del referido requerimiento. Una vez con el requerimiento en la mano, se puede averiguar de qué línea provino la llamada amenazadora o maliciosa y lo que ocurre en la mayoría de los casos es que esta se hizo de un teléfono público.
Por tanto, si existía alguna posibilidad de encontrar el autor de la llamada, esta se diluye mientras uno se sumerge en la burocracia legal.
Esa no es la única vía que tienen los delincuentes para cometer sus fechorías mediante teléfono. Hoy en día, cualquier persona puede tener una línea celular comprando un chip hasta en Bs 20 en una tienda de barrio. Esa es una transacción sin control alguno puesto que nadie le pide los datos al comprador. A la hora de averiguar por el titular de esa línea, lo único que se encuentra es que no existen datos.
Todo lo apuntado configura un panorama promisorio para los delincuentes así que es urgente asumir medidas preventivas.
Para empezar, hay que desburocratizar el trámite para acceder al detalle de las llamadas entrantes a una línea telefónica. ¿Para qué tanto lío? Cualquier persona debería tener derecho a conocer de qué línea le llaman y, para ello, quizás sea suficiente un decreto supremo que corrija el trámite o, mejor, que lo anule.
Otra medida sencilla para cuidar a la gente sería exigir —y también puede ser mediante decreto— los datos de la persona que compra una línea telefónica móvil.
Si aplicamos esas sencillas medidas, estaríamos dando no uno sino dos pasos en la lucha contra la delincuencia.



11-II-2009