Prensa sin ley

Iván Canelas Alurralde es periodista. Fue secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (hoy convertida en la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia) y presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas con sede en Ciudad de México.
Luego de llegar al cenit de su carrera sindical, Canelas cruzó la línea y se dedicó a político profesional. Fue diputado del MAS y actualmente es el vocero oficial de Evo Morales. Desempeñando esta última función, es uno de los más críticos al trabajo que cumple la prensa boliviana.
Escuché detenidamente varias de las declaraciones de Canelas contra el que un día fue su sector y estoy en desacuerdo con la mayoría de ellas. Todavía me cuesta aceptar que Iván haya encabezado tantas marchas en defensa de la libertad de prensa y ahora actúe como las autoridades a las que solía enfrentar. Sin embargo, no quise dejarme llevar por esa impresión (y/o desilusión) y, ejerciendo una necesaria autocrítica, miré hacia adentro y encontré que muchas de las críticas del vocero presidencial tienen sustento.
Para empezar, no podemos negar que existen medios de comunicación social —en algunos casos hasta conglomerados de medios— que, más allá de informar, desarrollan un auténtico activismo en contra del gobierno y a favor de ciertos intereses, incluso partidistas.
Además de los empresarios que actúan en función patrimonialista, existen periodistas que hacen política desde los medios y, llegado el momento, aparecen como candidatos a algún cargo elegible. Así, demuestran que utilizaron a la gente para conquistar su voto luego de ganar notoriedad a través de la prensa.
Técnicamente hablando, el periodismo está cada vez peor. Pese a la existencia de una normativa básica, como el Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano, no se exige ningún tipo de preparación al contratar personal en los medios. Debido a ello, cualquiera puede ponerse detrás de un micrófono e incluso delinquir a través de él. Los sueldos se han convertido en una utopía y el alquiler de espacios en radios y canales de televisión es una puerta abierta a los contratos publicitarios de intercambio de favores y la corrupción.
Los problemas mencionados —y cientos más que necesitarían todo un libro para describirlos— no son nuevos. Existían cuando Iván Canelas era ejecutivo de la federación de la prensa y no pudo resolverlos. Existen ahora y se han agravado con el paso del tiempo.
Quizás lo que haga falta fue aquello a lo que Iván se opuso en sus tiempos de dirigente: modernizar la Ley de Imprenta, adecuarla a nuestros tiempos y convertirla en un instrumento que no sólo proteja a los periodistas de la sociedad sino también proteja a la sociedad de los periodistas.
Sin embargo, la tarea de redactar una norma que regule el periodismo no debe ni puede ser encomendada a los políticos porque estos no resistirán la tentación de aprovechar la oportunidad para controlar a la prensa.
Iván sabe que cuando algún gobierno tiene todo el poder, como lo tuvo el de García Meza, no resiste la tentación de cometer abusos. Lo sabe porque fue víctima de aquella dictadura cuya bota militar hundió su cara en estiércol de caballo.
Los periodistas que seguimos creyendo que el periodismo es una función social, y no una escalera a cargos públicos, no queremos más dictaduras, ni las militares ni las democráticas, y emplazamos a Iván Canelas a hablar, de una vez, de la regulación de los medios desde adentro, desde las redacciones en las que él se formó antes de ser invadido por el tufo del poder.