La ley del embudo

Se llamaba Marcial Trujillo, tenía 25 años, estaba casado y era padre de tres hijos, uno de ellos recién nacido. Se había titulado de ingeniero hacía poco y soñaba con compensar a su familia por las privaciones que tuvo que pasar mientras estudiaba. Quizás soñaba con eso al promediar las 15:30 del jueves 2 de abril de 2015, cuando se aproximaba a Betanzos en su motocicleta. De pronto, una vagoneta de color gris apareció de la nada y lo embistió. Eso fue todo. Desde entonces, Marcial Trujillo ya no sueña porque está muerto.

El conductor del vehículo que lo atropelló fue detenido y el fiscal de Betanzos, Amed Zuleta, ordenó lo que corresponde en estos casos, aprehensión, pero el aprehendido no mantuvo esa condición demasiado tiempo porque hizo valer su cargo: magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional.

A partir de ahí, la que debía ser una investigación más del Ministerio Público se convirtió en un rosario de cesiones y consideraciones para con el acusado de homicidio en accidente de tránsito. Se revocó la orden de aprehensión y una audiencia de medidas cautelares determinó que podía defenderse en libertad.

Mientras la mayoría de los sospechosos por ese delito son encerrados en una cárcel desde el primer momento, él, el magistrado Ruddy José Flores Monterrey, recibió medidas alternativas: fue arraigado y estaba obligado a firmar un libro en la Fiscalía de su ciudad de residencia, Sucre, pero estaría libre mientras dure la investigación.

Y hubo más consideraciones. Cuando confirmó que debía viajar un mes a China, a un programa de capacitación, solicitó el levantamiento del arraigo y la justicia, tan benévola con él como dura con miles de ciudadanos sin nombre ni rango de magistrado, le concedió el pedido.

Lo último fue que otro fiscal, aparentemente más benévolo que el anterior, emitió un requerimiento conclusivo en el que no encuentra responsabilidad en el magistrado en la muerte de Marcial Trujillo. Como lo halla libre de culpa, no lo acusará formalmente así que Ruddy Flores ni siquiera irá a juicio.

Esta es una muestra de lo injusta que es la justicia boliviana y su alto grado de discriminación. Si algún conductor mata a una persona en un accidente de tránsito, es muy difícil que sea investigado en libertad. Generalmente, el fiscal que investiga estos casos acusa formalmente al sospechoso porque tiene la más contundente prueba ante sí: un cadáver. Y es ese cadáver el que determina que, después, en el juicio, el acusado sea condenado.

Pero ese no fue el caso de Ruddy Flores porque, después de todo, él no solo es magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional sino que es uno de los hombres a quienes el presidente y vicepresidente del país le deben estar ahora en sus cargos. Él y algunos de sus colegas fueron quienes validaron la reelección de Evo Morales y Álvaro García cuando el caso fue elevado a consulta a ese alto tribunal. Él y algunos de sus colegas validaron la repostulación que viabilizaría la re-re-reelección. Entonces, no se puede procesar a un hombre así. Mejor que él y algunos de sus colegas, entre los que está su permanente acompañante, la magistrada Neldy Andrade, se vayan literalmente a la China.

El fiscal ya decidió y, como no habrá juicio, nunca sabremos si Flores fue culpable o no en aquel homicidio en accidente de tránsito. Sólo sabemos que Marcial ya no está, que su familia no tiene quién la mantenga y que sus hijos, por lo pequeños, pronto olvidarán su rostro, el tono de su voz. Para su recién nacido solo será un nombre y un retrato, el de la tumba.