Cambiar

Fiel a mi costumbre, la semana pasada eché pestes contra los políticos y expresé públicamente mi criterio de que la crisis boliviana no se iba a resolver porque los partidos sólo actúan en función a sus intereses.
Pues bien… los resultados del diálogo entre el presidente y los nueve prefectos demuestran que, por lo menos por el momento, estaba equivocado. ¡Qué bueno!
Después de todo, yo no soy dueño de la verdad ni de la veracidad (la palabrita que se pondrá de moda en el periodismo si se aprueba la nueva Constitución) así que puedo equivocarme como cualquier otra persona. En esta columna no expongo verdades sino simplemente mi punto de vista sobre determinados temas.
Por lo menos por ahora, los políticos están demostrando voluntad de cambiar su conducta y, por lo menos por ahora, parece que efectivamente piensan en el país, la unidad nacional y la preservación de la democracia. ¡Qué bueno!
Esa voluntad se refleja en el acuerdo de cambiar el proyecto de Constitución Política del Estado aprobada en Oruro, en “aquellos temas que crearon conflicto”, y, de esa manera, existe una esperanza de que la crisis política se resuelva, por lo menos por el momento.
Y ya que los políticos nos demuestran que quieren cambiar, yo también decidí hacer el intento y, en un viraje de 180 grados respecto a mi conducta habitual, he decidido creer en sus buenas intenciones.
Por tanto, uso esta columna no sólo para expresar mi creencia en su voluntad de cambio sino también con el propósito de presentar un aporte en la gran tarea nacional de preservar nuestra unidad.
En el texto de la nueva Constitución Política del Estado existe un párrafo que constituye un franco y directo atentado en contra de la libertad de prensa e información. Se trata del tercer parágrafo del artículo 181 que dice textualmente que “La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la Ley”.
Estoy de acuerdo en la eliminación de todo tipo de fueros y privilegios pero, tal como está redactado, ese artículo plantea la desaparición de los tribunales de excepción y eso anularía a los jurados de imprenta.
Esos jurados fueron creados por la Ley de Imprenta con el propósito de poner a los periodistas a salvo de represalias que podrían ser ejercidas por los políticos mediante la justicia ordinaria. Es cierto que la doctrina señala que los jurados de imprenta no son tribunales de excepción y forman parte de la jurisdicción ordinaria —ya que son sorteados por un juez de partido— pero, a la hora de aplicar ese artículo, se recurrirá a la letra muerta de la ley y tendremos un aluvión de juicios contra periodistas.
Si de verdad los políticos tienen voluntad de cambiar, entonces que demuestren que no están intentando amordazar a la prensa mediante la eliminación de los jurados de imprenta y cambien el parágrafo tercero del artículo 181.
Y, ya que estoy propositivo, me atrevo a sugerir que, al igual que se hizo con la jurisdicción militar, se agregue un párrafo aclaratorio.
Si los políticos aceptan esta propuesta, que también será planteada por las organizaciones de la prensa, entonces los periodistas tendremos que creer que su cambio no sólo es por ahora sino de largo alcance y, de ser así, entonces nos convenceremos de que el diálogo entre el presidente y los prefectos realmente encendió una luz de esperanza para el país. ¡Qué bueno!