¿Dictadura?

Nadie, ni siquiera Adolf Hitler resucitado, empeorado y con sentencia ejecutoriada, puede ser detenido ilegalmente.
Las leyes son el resultado de un largo proceso en las sociedades. Cuando un conjunto de seres humanos constituye una colectividad, se hace necesario establecer reglas; es decir, acuerdos a los que se obligan sus integrantes para evitar el caos. Las reglas devienen en normas que, finalmente se convierten en leyes pero, para ello, es preciso un mecanismo que defina quiénes las redactan, quiénes las ponen en vigencia y quiénes las hacen ejecutar.
Las leyes definen la estructura de un Estado —la Constitución Política del Estado es la “ley fundamental” o “ley de leyes”— y también señalan cómo es que se debe proceder en la vida diaria. En lo que hace a la comisión de delitos y sus sanciones, las leyes definen cómo debe actuar el Estado. Por eso es que hasta la detención de personas está sometida a un procedimiento básico e insoslayable.
Las dictaduras se caracterizan por su sistemática violación de las leyes. Los dictadores no respetan la ley y hacen lo que les viene en gana. Por eso es que la caída de un país bajo un régimen dictatorial significa un retroceso en la evolución de su sociedad. Cae también el “Estado de Derecho”, aquella condición por la que una sociedad logró ordenarse sobre la base de reglas, normas y leyes.
La detención de Roberth Lenin Sandóval López fue ilegal a todas luces y, por tanto, violó el Estado de Derecho.
No vamos a detenernos en consideraciones sobre si Sandóval es responsable o no de las acusaciones en su contra porque, finalmente, esa es tarea de los jueces. Sin embargo, aunque fuera el delincuente y racista más deleznable del mundo (que quede claro que esto es sólo un supuesto), nunca debió ser detenido sin orden judicial y tampoco podía ser sometido ante un juez sin previa imputación; es decir, acusación formal del Ministerio Público.
Por sí sola, la detención fue ilegal y, por ello, recibió la condena general. El Gobierno admitió haber cometido errores de procedimiento pero justificó el operativo de detención arguyendo razones de seguridad de Estado. Ahí es donde está el problema.
La “seguridad de Estado” es también conocida como “razón de Estado”, un término acuñado por Nicolás Maquiavelo para referirse a las “medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, bajo el supuesto de que la pervivencia de dicho Estado es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos”.
El maquiavélico término fue empleado hasta el hastío por las dictaduras. En razón a la “seguridad del Estado” o por “razón de Estado”, los dictadores persiguieron a sus opositores, los detuvieron ilegalmente y hasta llegaron a ejecutarlos sin juicio previo. ¿Se podía justificar el asesinato por “razón de Estado”? La historia demostró que no y es por eso que la mayoría de los dictadores fueron o son sometidos a juicios.
Aparentemente, el Gobierno no recuerda las consideraciones básicas sobre legalidad, Estado de Derecho y, en una actitud diametralmente opuesta al socialismo que pregona, utiliza el mismo argumento maquiavélico de las dictaduras —todas con predominio fascista— para pasar por encima de las leyes y detener ilegalmente a una persona por “seguridad del Estado”.
Acusando a Sandoval de terrorista, se utilizó bienes del Estado (automóviles) para detener a una persona y ponerla a disposición de un juez que no era competente en razón de territorio (¿qué se buscaba al llevarlo a su bastión de El Alto?). Para completar el cuadro, la gente que lo detuvo estaba encapuchada. ¿No tiene eso las características del terrorismo de Estado?
Un gobierno que se impone por la fuerza es totalitario pero si, además, pasa por encima de las leyes y emplea terrorismo de Estado, ingresa en una clasificación más peligrosa: dictadura.


4/VI/2008