20-J

El decimoctavo Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, realizado en Cobija, aprobó una resolución mediante la que se exige la inmediata aclaración de los atentados que sufrieron dos medios de comunicación social los días 20 y 21 de junio de este año.
El del 21 es el más conocido debido a que, a consecuencia de este, se detuvo a algunas personas y una de ellas, el teniente Georges Peter Nava Zurita, no sólo pertenecía al Ejército sino que, según la credencial que se le decomisó, era miembro de la Casa Militar de Palacio de Gobierno.
De confirmarse las acusaciones en contra de los detenidos y sus supuestos vínculos con la administración masista, se confirmaría que este atentado, al que algunos denominan “21-J”, fue un típico caso de terrorismo de Estado; es decir, “la utilización por parte de un Gobierno de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares, o fomentar comportamientos que de otra forma no se producirían”.
Desde ese punto de vista, no se puede negar la importancia de este caso pero, si de la libertad de prensa se trata, hay que admitir que el más grave fue el de Epizana, ocurrido el 27 de marzo de este año o, en la onda de quienes manejan abreviaciones para atentados terroristas, el 27-M, ya que en esa fecha no sólo se silenció una emisora sino que se mató a un periodista, Carlos Quispe Quispe.
Ahora bien, sin atenuar en lo más mínimo la gravedad de ambos casos, es preciso hacer notar que en ambos primaron las diferencias políticas. El 21-J, los terroristas —supuestamente enviados por el Gobierno y financiados por la embajada venezolana— atentaron contra el canal 4 de Yacuiba, que pertenece a Unitel, mientras que el 27-M, en Pucarani, la afectada fue la radio Municipal.
Como está suficientemente demostrado, Unitel no cumple labor de prensa sino de activismo político. Conspiró contra el Gobierno de Carlos Mesa y ahora lo hace contra el de Evo Morales. Su desparpajo a la hora de maximizar los desaciertos del masismo tiene tinte de campaña y parece responder totalmente a los intereses de su propietario, Osvaldo Monasterios, de evitar una redistribución de la tierra que le afectarían tanto a él como a otros terratenientes. En Pucarani, en cambio, el ataque a la radioemisora fue el resultado de una pugna política entre el Gobierno Municipal y el Comité de Vigilancia.
Los intereses en dilucidar los atentados también parecen ser políticos.
Mientras el caso del 21-J aparece diariamente en la prensa nacional y hay tres investigaciones en torno a él —una en la justicia ordinaria, otra en el Congreso y una tercera en la jurisdicción militar—, no existen avances acerca de la muerte de Carlos Quispe.
Y si con una muerte de por medio el 27-M no merece la atención debida, menos aún un tercer caso, aquel que ocurrió horas antes del atentado de Yacuiba; es decir, el 20 de junio ó 20-J.
En esa fecha, los mineros cooperativistas tomaron e incendiaron el edificio de Impuestos Internos en Potosí y, cuando se percataron que la radio Kollasuyo estaba transmitiendo los sucesos en directo, atacaron a sus periodistas y a la estación a la que le metieron dinamita.
¿Cuál es la diferencia entre este y los otros casos? Que aquellos tuvieron móviles políticos pero, en este, la radio sólo estaba cumpliendo su trabajo y los vándalos que incendiaban un edificio público la acallaron para que no describa cómo cometían su delito.
Por ello, el esclarecimiento del 20-J es tan importante como el del 21-J o el del 27-M. Dejar que estos hechos se pierdan en las brumas del olvido sería el más alevoso atentado a la libertad de prensa desde el asesinato de Luis Espinal.

30-VII-2008