Prensa calumniada

Convertido en el mataburros que dicta normas para nuestro idioma, el Diccionario de la Real Academia Española define a la calumnia como “acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño”.
Y eso fue precisamente lo que se hizo y se hace con la prensa boliviana: se la acusa falsamente de asumir una actitud que no tiene y se lo hace maliciosamente, con el claro propósito de causarle daño.
La acusación más seria que se le hizo en los últimos días fue la de proteger a una persona acusada de terrorismo. Utilizando maliciosamente parte de unas declaraciones del secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el gobierno difundió un spot afirmando que los propietarios de los medios defienden al señor Jorge Melgar Quete, quien incurrió en reprochables excesos verbales en un programa alquilado de televisión, y fundió sus afirmaciones con imágenes del aludido y una pregunta capciosa: “¿Esta es la libertad de expresión que defienden los dueños de los medios?”.
El spot de marras contiene una sarta de mentiras y me refiero a algunas de ellas recién ahora, cuando el fuego ha menguado y mis palabras no tendrán el efecto de la gasolina.
Lo primero que quedó claro —pero el Gobierno pasó por alto— es que Melgar Quete no es periodista y, al no estar afiliado a ninguna de las organizaciones de la prensa, estas no podían salir a defenderlo porque, valga la analogía, estaba “fuera de su jurisdicción”. Lo segundo es que el secretario ejecutivo de la ANP no es propietario de ningún medio. Él cumple una función ejecutiva en esa entidad y se le paga un sueldo por ello. Es un asalariado más y punto. Y, finalmente, la libertad de expresión que defiende la prensa no tiene nada que ver con los excesos de Melgar ni de ningún otro ciudadano que, sin ser periodista, usa los micrófonos y las cámaras de televisión para hacer política mediática. La libertad de expresión que defendemos es esa que en Bolivia se conquistó con el sacrificio de vidas humanas y está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El gobierno, empero, muestra sólo la faceta de la verdad que le interesa y, al hacerlo, expone a la prensa al furor del pueblo. Prueba de ello es un mail que recibí reprochándome por mi defensa de la libertad de expresión y los ataques físicos que prosiguen contra la prensa boliviana.
Su campaña de desprestigio está tan bien pensada que incluso cuenta con el apoyo de periodistas que dejaron la tarea de informar y ahora sólo se dedican a calumniar.
Uno de ellos, por ejemplo, quiso deslegitimar a la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) señalando que esta dividió su secretariado ejecutivo en tres en ocasión del congreso celebrado recientemente en Cobija. Están tan desinformado este informador que no sabe que la descentralización de la Cstpb en secretarías ejecutivas regionales fue resuelta en el congreso extraordinario realizado en Quillacollo en enero de 2002. Más aún, este supuesto investigador señaló que la Cstpb está integrada por las federaciones de los nueve departamentos más Tupiza y Villazón. No sabe que la organización sindical de los periodistas tiene 11 federaciones y un sindicato, el de Oruro, y que Tupiza y Villazón ni siquiera tienen comités sindicales.
Claro… ¿qué importan la verdad y la precisión cuando el objetivo es deslegitimar a la prensa para que esta no incomode al gobierno?
Se trata de otra forma de censura y quien la practica está yendo en contra de dos de los principios más elementales del periodismo sindicalizado: que la primera lealtad del periodista es con la verdad mientras que la segunda está con los ciudadanos, no con los gobiernos.


29-X-2008