Aprovechando el jolgorio y descontrol del Domingo de Tentación, un grupo de presuntos delincuentes que tenía en su poder más de 20.000 Bolivianos en billetes falsificados se repartió entre las poblaciones de Cieneguillas y Yuraj Ckasa, en la provincia Tomás Frías de Potosí, con la intención de cambiarlos por dinero verdadero.
El plan era sencillo: aprovechando que la mayoría de los habitantes de esos pueblos estaban borrachos, pondrían los billetes falsos en circulación comprando cerveza y pidiendo el cambio que les iba a ser devuelto en dinero de curso legal.
Las cosas les hubieran salido bien de no mediar el hecho de que uno de los hijos de las tenderas se dio cuenta que un billete de 200 Bolivianos con el que los forasteros compraron cerveza de su madre era falso. Cuando se verificó que los extraños habían procedido de la misma forma en otras tiendas, comunicaron el hecho a las autoridades originarias y se desató toda una movilización para capturar a los estafadores.
Un total de ocho personas fueron detenidas por los comunarios que, al influjo del alcohol, los golpearon e intentaron matarles. Los vehículos que usaron para llegar hasta esas poblaciones fueron quemados y las voces de utilizar el fuego también contra los estafadores se multiplicaron; sin embargo, pudo más el buen criterio de las autoridades del lugar que señalaron que la justicia comunitaria no enseña a matar.
Los detenidos fueron esculcados. Se encontró más de 20.000 Bolivianos en billetes falsos en su poder y una cantidad no determinada de dinero verdadero. Se los llevó hasta el templo del lugar donde fueron atados a los muebles y se comunicó el hecho al policía provincial.
Cuando las autoridades policiales y del Ministerio Público se enteraron de los hechos se trasladaron inmediatamente a Yuraj Ckasa en compañía del defensor del Pueblo. Una vez en el lugar, persuadieron a los lugareños de entregar a los detenidos bajo el compromiso de descargar en ellos todo el peso de la justicia. Los comunarios accedieron pero con una advertencia: si los detenidos son liberados —como suele ocurrir con quienes cometen delitos menores—, los habitantes de las dos poblaciones bloquearán el camino entre Potosí y Oruro.
Al momento de escribir este artículo, aún no había fecha ni horario para la audiencia de medidas cautelares contra los detenidos que iban a ser acusados de estafa, asociación delictuosa y falsificación de billetes de banco pero sí existía suficiente material para reflexionar sobre la justicia comunitaria.
Como se puede ver en este caso, los comunarios de Yuraj Ckasa no se dejaron llevar por la indignación, el odio y la venganza, ni siquiera por el alcohol y, pese a que golpearon a los detenidos, no les quitaron la vida. Dejaron la resolución de este asunto en manos de la justicia ordinaria pero lanzaron una advertencia: si ustedes fallan, actuamos nosotros.
Hubo coordinación entre los dos tipos de justicia que existen en el país, la originaria —esta vez bien llevada— y la ordinaria. Por ello, quizás este podría ser un precedente de cómo se deben manejar las cosas en un país cuya administración de justicia tiene que reconstruirse sobre su nueva Constitución.
La justicia comunitaria se constitucionalizó pero no como tal sino bajo la figura de “jurisdicción indígena originario campesina”. Todavía queda por definir cuál es el límite entre las dos justicias así que debe promulgarse una “Ley de Deslinde Jurisdiccional” que, según la nueva Constitución, “determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria”.
Mientras, nadie puede decir que está exento de la justicia ordinaria porque ya lo juzgó la comunitaria. Félix Patzi quiere emborracharnos.
El plan era sencillo: aprovechando que la mayoría de los habitantes de esos pueblos estaban borrachos, pondrían los billetes falsos en circulación comprando cerveza y pidiendo el cambio que les iba a ser devuelto en dinero de curso legal.
Las cosas les hubieran salido bien de no mediar el hecho de que uno de los hijos de las tenderas se dio cuenta que un billete de 200 Bolivianos con el que los forasteros compraron cerveza de su madre era falso. Cuando se verificó que los extraños habían procedido de la misma forma en otras tiendas, comunicaron el hecho a las autoridades originarias y se desató toda una movilización para capturar a los estafadores.
Un total de ocho personas fueron detenidas por los comunarios que, al influjo del alcohol, los golpearon e intentaron matarles. Los vehículos que usaron para llegar hasta esas poblaciones fueron quemados y las voces de utilizar el fuego también contra los estafadores se multiplicaron; sin embargo, pudo más el buen criterio de las autoridades del lugar que señalaron que la justicia comunitaria no enseña a matar.
Los detenidos fueron esculcados. Se encontró más de 20.000 Bolivianos en billetes falsos en su poder y una cantidad no determinada de dinero verdadero. Se los llevó hasta el templo del lugar donde fueron atados a los muebles y se comunicó el hecho al policía provincial.
Cuando las autoridades policiales y del Ministerio Público se enteraron de los hechos se trasladaron inmediatamente a Yuraj Ckasa en compañía del defensor del Pueblo. Una vez en el lugar, persuadieron a los lugareños de entregar a los detenidos bajo el compromiso de descargar en ellos todo el peso de la justicia. Los comunarios accedieron pero con una advertencia: si los detenidos son liberados —como suele ocurrir con quienes cometen delitos menores—, los habitantes de las dos poblaciones bloquearán el camino entre Potosí y Oruro.
Al momento de escribir este artículo, aún no había fecha ni horario para la audiencia de medidas cautelares contra los detenidos que iban a ser acusados de estafa, asociación delictuosa y falsificación de billetes de banco pero sí existía suficiente material para reflexionar sobre la justicia comunitaria.
Como se puede ver en este caso, los comunarios de Yuraj Ckasa no se dejaron llevar por la indignación, el odio y la venganza, ni siquiera por el alcohol y, pese a que golpearon a los detenidos, no les quitaron la vida. Dejaron la resolución de este asunto en manos de la justicia ordinaria pero lanzaron una advertencia: si ustedes fallan, actuamos nosotros.
Hubo coordinación entre los dos tipos de justicia que existen en el país, la originaria —esta vez bien llevada— y la ordinaria. Por ello, quizás este podría ser un precedente de cómo se deben manejar las cosas en un país cuya administración de justicia tiene que reconstruirse sobre su nueva Constitución.
La justicia comunitaria se constitucionalizó pero no como tal sino bajo la figura de “jurisdicción indígena originario campesina”. Todavía queda por definir cuál es el límite entre las dos justicias así que debe promulgarse una “Ley de Deslinde Jurisdiccional” que, según la nueva Constitución, “determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria”.
Mientras, nadie puede decir que está exento de la justicia ordinaria porque ya lo juzgó la comunitaria. Félix Patzi quiere emborracharnos.
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