Ley mordaza (II)

El anuncio del gobierno de que normaría a la prensa provocó la lógica reacción de los medios de comunicación aunque las organizaciones de periodistas fueron más bien cautas.
Lo siguiente fue afirmar que la norma no estaría destinada a amordazar a los periodistas sino a castigar la mentira, la difamación y la calumnia.
Al parecer, los abogados del gobierno —esos que tienen que arreglar las cosas luego de que el presidente “le meta nomás”— nunca le informaron al ex ministro Juan ramón Quintana que la difamación y la calumnia sí están normados. Podemos encontrar a ambas como delitos tipificados en los artículos 262 y 263 del Código Penal. La difamación es revelar o divulgar un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva pero de manera pública, tendenciosa y repetida y está sancionada con prestación de trabajo de un mes a un año o multa de 20 a 240 días. La calumnia es imputar falsamente a otro la comisión de un delito y tiene una pena de seis meses a dos años de cárcel y multa de 100 a 300 días.
La mentira no está legislada como tal pero se la puede encontrar en diversas formas en la mayoría de los códigos y leyes. En el caso del Código Penal —que es el que se utiliza para mandar a la gente a la cárcel—, está como falso testimonio (artículo 169) y en las diversas formas de falsedad que en su significación idiomática es “falta de verdad o autenticidad”.
Como se puede ver, todas esas infracciones están legisladas y, si de mentiras, hablamos, estas se presentan a raudales cuando el gobierno quiere hacernos creer que pretende normar el periodismo con el propósito de hacerle un bien a la sociedad.
Ya dejamos perfectamente establecido que el periodismo es enemigo natural de la política y, por tanto, los políticos intentarán controlar a aquel si se les da la oportunidad.
En virtud a ello, y habiendo establecido también que es necesario normar al periodismo, debemos admitir que es la hora de hablar de una ley de medios o, mejor aún, de una Ley General del Periodismo que actualice la antigua pero útil Ley de Imprenta y, de paso, proteja tanto a la sociedad de los periodistas como a los periodistas de la sociedad.
Sin embargo, dejar que esa ley sea elaborada por los políticos es tanto como darles el arma para que disparen a mansalva contra la prensa. En el seminario taller “Fortalecimiento del ejercicio del periodismo en la promoción de la estabilidad y la paz en Bolivia” realizado la semana pasada en Santa Cruz, la laureada editora de la Unidad de Investigación de El Tiempo de Bogotá, Martha Soto Franco, lanzó esta recomendación que no tiene que ver con el tema pero sí con el ejercicio del periodismo en general: “No le demos piedra a la honda de nuestros enemigos”.
Si de verdad el gobierno quiere construir una sociedad mejor legislando al periodismo, entonces que permita que sean los propios periodistas los que trabajen en el proyecto de ley del sector ya que la historia de autorregulación en Bolivia demuestra que estos pueden ser muy estrictos consigo mismos. Si el gobierno procede de otra forma e impone su ley de medios, entonces quedará claro que estaba mintiendo y, como cualquier otro político, sea de izquierda o de derecha, sólo buscaba ponerle una mordaza a la prensa.