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NOTICIAS DE BOLIVIA DEL 5 DE DICIEMBRE

 

Noticias de Los Tiempos de Cochabamba

 

Denuncias cercan a los operadores de justicia

Al escándalo judicial que originó la denuncia contra el juez Marcelo Barrientos, quien fue filmado cuando pedía 15.000 dólares para favorecer a una litigante, ahora se suman las críticas contra el Tribunal Constitucional (TCP) por dejar sin cuórum a la entidad y con casos sin resolver por un viaje a China, y la denuncia contra el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, por presunta extorsión a una juez.
Todo ello ahonda la crisis por la que atraviesa el Órgano Judicial que es blanco de críticas desde todos los frentes: Gobierno, Legislativo y sociedad civil.
Para el constitucionalista José Antonio Rivera, esta crisis de la justicia en el país “se convierte en una especie de bomba de tiempo que en cualquier momento hará estallar la paz y tranquilidad de los ciudadanos conduciéndonos a conductas como la de aplicar justicia por mano propia”, concluyó el jurista.
El constitucionalista José Antonio Rivera agregó que las denuncias de corrupción dentro el Órgano Judicial nunca son investigadas ni esclarecidas ni sancionadas y que al final termina con la “impunidad para operadores del sistema judicial y del Ministerio Público que cada vez debilita al sistema judicial del Estado”.
Las últimas denuncias que han horadado la justicia boliviana involucran a funcionarios judiciales que van desde jueces anticorrupción y personal administrativo (secretaria) hasta magistrados de la más alta jerarquía como el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, y los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
En el primer caso el juez anticorrupción, José Marcelo Barrientos, está siendo procesado por la vía penal y disciplinaria. La autoridad cayó cuando una litigante, a quien le pidió 15.000 dólares para cambiar la tipificación de un delito, filmó la  extorsión y difundió las imágenes y las presentó como prueba en el proceso.
En la denuncia también están involucrados los jueces Jorge Viscarra y René Escobar; el fiscal  Félix Marín y la secretaria de ese juzgado.
Para el viceministro de Justicia Indígena, René Martínez, los hechos ilegales que implican a los operadores de justicia de todo nivel “permiten reconocer que hay una suerte de transversalización de la corrupción, es decir, donde te apoyes en el tema de justicia salta la pus,  hay corrupción y esto está repercutiendo de manera gravitante en la seguridad ciudadana”, concluyó.
La segunda irregularidad tiene que ver con la revelación del magistrado del Tribunal Constiticional (TCP), Oswaldo Valencia, de que cuatro de sus colegas viajaron a China dejando a esta entidad sin quórum y con varias centenas de casos sin resolver.
Los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efren Choque y Mirtha Camacho, ante la ola de críticas, tuvieron que retornar de China antes de cumplir los 30  días por los que viajaron.
Sin embargo, a su llegada destituyeron a Valencia de la presidencia de la Comisión de Admisión del TCP y de la Academia Plurinacional Constitucional.
El magistrado afectado pidió a sus colegas que recapaciten sobre su decisión.
Para hacer frente a esta crisis, el constitucionalista Rivera plantea adoptar medidas urgentes en función a las causas que la genera.  Mencionó entre ellas las económicas, institucionales, de formación profesional y capacitación.
Rivera citó además las causas de orden legislativo y político por “la excesiva intromisión de los órganos de poder político en el sistema judicial”.
Por su parte, Martínez aseguró que esta realidad obliga a reconocer que el eslabón de la justicia es la más débil en este proceso. “No fue tocado, pero fue oportunamente percibido por la interpelación que hace la ciudadanía”, concluyó.
El Ejecutivo, el Legislativo y el  propio Órgano Judicial advierten sobre la crisis por la que atraviesa esta entidad, pero no  toman medidas para detenerla.

Evo llama a científicos bolivianos del exterior

El presidente Evo Morales convocó ayer a los científicos bolivianos  que viven en el exterior a participar en el Primer Encuentro de Liberación Científico-Tecnológico que se realizará el próximo 7 y 8 enero en Cochabamba con el objetivo de consolidar de manera plena y soberana el conocimiento.
“El Estado Plurinacional de Bolivia convoca a científicos y expertos bolivianos al primer encuentro de científicos bolivianos radicados en el exterior para la liberación científica y tecnológica”, dijo Morales durante el acto de entrega del Bono a la Excelencia al bachillerato.
El registro de participantes se realizará vía online en www.encuentrocientifico.gob.bo, disponible desde el 16 de diciembre.
El Estado cubrirá todos los costos de transporte, ida y vuelta, y la estadía en Bolivia, el único requisito mínimo para participar de ese evento es ser de nacionalidad boliviana, experiencia en trabajos industriales e investigaciones en el exterior y una maestría en su campo.
“Para consolidar las profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que vive nuestro país es imprescindible impulsar una revolución científica que busque una liberación de la dependencia científico tecnológica orientada a la consolidación plena y soberana del conocimiento que permita a Bolivia desarrollar ciencia y tecnología propia para encarar desafíos del siglo XXI”, señaló Morales.
El presidente destacó que existen muy buenos científicos profesionales y docentes bolivianos que se encuentran en los diferentes continentes y por esto el Gobierno busca impulsar la masa crítica de nuevas generaciones en áreas estratégicas que eleven el desarrollo científico en el país.
El encuentro busca que los científicos bolivianos prestigiosos que radican en el exterior aporten con su experiencia, conocimiento y propuestas al desarrollo científico tecnológico de su pueblo, “apelando al compromiso patriótico de apoyar la tierra que les vio nacer, buscando su retorno a la patria”, señaló el Primer Mandatario.
Es así que el objetivo fundamental de este encuentro será promover espacios, generar propuestas e ideas de proyectos, identificar acciones y mecanismos a corto y mediano plazo, que fortalezca el sector científico y tecnológico, priorizando sectores socioproductivos y se formen redes de investigación.

Costas: Se analizará solicitud del Gobierno

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de su vicepresidente, Antonio Costas, dejó en claro que el Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral para Referendos está vigente, y que por tanto se cumple.
Calificó como una solicitud más la impugnación presentada por el Gobierno al artículo 24 de dicha norma, que restringe el tiempo de transmisiones de actos de entrega de obras a 15 minutos durante 30 días antes del referendo del 21 de febrero de 2016.       
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Rodolfo Illanes, presentó este recurso de impugnación en contra del artículo 24, inciso II del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral, que limita las transmisiones de entregas de obras a 15 minutos, 30 días antes del Referéndum para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del Presidente y Vicepresidente para el periodo 2020-2025.
El vicepresidente del TSE dijo que la impugnación aún no fue tratada por sala plena, y que la misma debe pasar por un análisis técnico y legal.  
“Eso ni lo tenga en duda, somos el Órgano del Estado que administra los procesos electorales, los demás opinan, los demás hacen sus representaciones y lo hacen en función a intereses, y lo que debemos hacer es administrar los procesos electorales en función de las normas vigentes”.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de una multa contra el medio equivalente al doble de la tarifa más alta inscrita por el mismo, por el tiempo excedido”.
El Ejecutivo hizo conocer su molestia con dicho artículo que de acuerdo a su análisis, transgrede la Constitución y tratados internacionales sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Costas señaló que mientras no se tome una resolución en sala plena, el reglamento está aprobado por tanto las prohibiciones que se tienen en el mismo, como la limitación para la época de campaña de difusión de transmisiones de actos de entregas de obras, deben cumplirse.

Evo olvidó compromiso de reforma judicial

En enero de este año, antes del inicio de su tercera gestión, el presidente Evo Morales anunció la realización de un referendo para reformar la justicia boliviana. “El pueblo que defina, mediante un referendo, si hay que hacer una reforma a la Constitución para mejorar la justicia”, dijo. El tema marcó agenda en los medios la primera semana de 2015.
Una vez posesionado, el 22 de enero, ni Morales ni sus ministros volvieron a hablar del referendo para cambiar la justicia. En cambio, a través de sus organizaciones sociales, desde mediados de año el Gobierno fue posicionando el proyecto de ley para modificar la Constitución Política del Estado y permitir la reelección, por cuarta vez, del Presidente y Vicepresidente.
Finalmente, en noviembre de este año, luego de seguir el procedimiento legal y con la mayoría del MAS, en la Asamblea Legislativa, se promulgó la Ley de Referendo Constitucional Aprobatorio y el 21 de febrero de 2016 habrá consulta.
Una de las observaciones que los políticos de la oposición y analistas hacen al Gobierno es que antepuso la consolidación del proyecto de ley para aprobar el Referendo Constitucional Aprobatorio antes que otros temas más urgentes.
El pasado 5 de enero, Morales dijo: “Pienso que a estas alturas seguir reclamando que la justicia acompañe es muy tarde. Por eso, estamos pensando en cómo cambiar a la justicia, si ya no podemos con normas, tenemos que preguntar al pueblo boliviano,  preguntas concretas sobre un referendo que diga eso sobre penalidades y sobre sanciones”, explicó.
El pasado miércoles, el economista y director del Ceres, Roberto Laserna, dijo que la reforma constitucional que impulsa el Gobierno para una nueva reelección de Morales y García Linera tiene el único objetivo de resolver el problema de candidaturas del Movimiento Al Socialismo. “Se está adecuando la CPE a las necesidades de dos personas”, dijo.
El constitucionalista José Antonio Rivera recordó también  que “lastimosamente el Gobierno ha puesto en segundo plano el tema judicial, cuando en enero el presidente Evo Morales en Sucre había prometido la realización de una cumbre judicial para encarar las soluciones estructurales que pasaba incluso por reformar la Constitución”.

Conceden libertad irrestricta al fiscal Quispe, acusado de varios delitos

El juez de sentencia Eduardo Gonzales determinó ayer en Sucre la libertad irrestricta para el exfiscal Humberto Quispe en respuesta a una acción de libertad presentada por la defensa del acusado de extorsión, falsedad material y uso indebido de influencias.
“La detención de este señor es ilegal y se ha dispuesto la inmediata libertad”, informó Milton Guzmán, abogado de Quispe, que fue aprehendido en la comunidad de Huarina (La Paz) y remitido a la ciudad de Sucre para una audiencia de medidas cautelares.
La defensa de Quispe argumentó que el Juzgado Quinto Cautelar concedió la tutela a su defendido y dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión, al que calificó de “ilegal” por las fundamentaciones contradictoras en la detención.
El juez Eduardo González justificó la decisión por existir algunas deficiencias en el trámite procesal, a consecuencia de una retardación en la providencia y consideración de los memoriales presentados en los tiempos establecidos por el abogado de Quispe.
“No se puede y bajo ninguna circunstancia declarar rebelde que sus motivos no son válidos y, a la vez, le concedo 48 horas para justificar (su inasistencia).
No obstante a que no transcurrió ese plazo y se emite las ordenes de aprehensión; esto genera confusión en cualquier ciudadano”, enfatizó el juez.

Fiscal general

Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que se programó una nueva audiencia prevista para el 16 de diciembre, a las 9:00, en el Juzgado Quinto Cautelar de Sucre, donde se notificará a Quispe para declarar ante la autoridad competente.
“No quisiéramos pensar que exista cierto encubrimiento o protección de parte de ese juez (Eduardo González), lo que se quiere es actuar con absoluta transparencia”, enfatizó.

La Razón  / La Paz

La denuncia de remoción del hito 55 moviliza a legisladores

Una comisión de legisladores viajará la próxima semana al sudoeste de Potosí para verificar la denuncia de autoridades y pobladores sobre una presunta remoción del hito 55, ubicado en la frontera con Chile. Se prevé coordinar esta labor con el Ejército y el Ministerio de Defensa.
El senador potosino René Joaquino, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó que ya se convocó para que todos los asambleístas, de oficialismo y oposición, que representan a esa región puedan estar en la misión.
“Vamos a hacer una inspección con el acompañamiento del Ministerio de Defensa y el Ejército. Será una comisión integrada por senadores y diputados, porque se debe reaccionar de manera oportuna ante estos hechos; ojalá que la remoción del hito sea una especulación, porque de lo contrario se van a generar dificultades”, manifestó el legislador.
El martes, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el comandante del Ejército, José Luis Begazo, visitaron cuatro puestos de avanzada en la provincia Daniel Campos (Potosí), donde pobladores del área fronteriza denunciaron que personal de una empresa minera, afincada en Chile, movió cinco kilómetros del hito 55 para obtener agua dulce de la laguna El Desierto, ubicada en territorio nacional.  
Medida De inmediato, ambas autoridades sobrevolaron la región limítrofe para hacer una verificación preliminar y luego instruyeron al Instituto Geográfico Militar (IGM) hacer una verificación técnica para evidenciar la denuncia. En unas dos semanas se prevé tener el informe al respecto.
Entonces, Ferreira también anunció la construcción de un cuartel en el municipio de Llica, capital de la provincia Daniel Campos, para mejorar la vigilancia de la soberanía nacional y frenar actos ilícitos en esa frontera. El alcalde de esa comuna, Édgar Apala (MAS), informó a La Razón que se trata de un “cuartel mecanizado”, cuya construcción iniciará en los primeros meses de 2016 y albergará a alrededor de 300 soldados.
Si bien la denuncia de la remoción de hitos está en proceso de verificación, también desde Chile se informó sobre hechos ilícitos en esa región. En noviembre, empresarios chilenos denunciaron que cerca de Colchane, en Chile (ubicada a 65 kilómetros al oriente de Llica) se registró el robo de un camión cisterna de la empresa Copec —que traslada combustible— y de dos vehículos de una compañía dedicada a la topografía.
Los motorizados ingresaron a Bolivia, según informó en ese entonces El Mercurio. El 8 de noviembre, La Tercera —sobre la base de informes policiales— contó que más al norte, cerca del salar de Coipasa, se detuvo a 28 personas portando droga en los últimos 10 meses. Además, Chile llamó a la cónsul de Bolivia en Santiago, Magdalena Cajías, para quejarse por la “falta de acción boliviana” ante la inseguridad fronteriza, en un momento en que no existe diálogo político entre ambos países.
Visita. Ante este panorama, Joaquino explicó que el viaje de la comisión, previsto para el jueves o viernes, servirá para verificar la labor del personal militar en puestos fronterizos, ubicados en alejadas regiones desérticas, polvorientas y casi deshabitadas. “No se descarta que puedan haber hechos ilícitos, se pueden dar, pero se debe demostrar con pruebas las denuncias en ambos países”, afirmó.

Fiscal: Instituto forense valorará posibilidad de necropsia a restos del padre Luis Espinal

El fiscal de la División Homicidios, Genaro Quenta, que investiga el asesinato del padre Luis Espinal (1980), anunció este viernes que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evaluará la solicitud de una necropsia a los restos del sacerdote después de 35 años de su muerte.
"El coronel Roberto Melean, acompañado del abogado Frank Campero aportó con algunos datos sobre el asesinato del padres Luis Espinal, es más, presentó un memorial donde solicita se desarrolle la necropsia para obtener un certificado forense que avale el certificado de defunción, documentos que no existen", informó tras la declaración de Melean.
Por esa razón, dijo que acudirá a peritos y antropólogos del IDIF para ver si es posible realizar la exhumación de los restos de Espinal, para un examen técnico científico que establezca las causas de su muerte.
Informó que Melean "se ratificó en su denuncia" contra los autores materiales e intelectuales del asesinato, en el que dijo participaron 150 militares y paramilitares
Dijo que en su declaración, precisó que el ex comandante de la Fuerza Aérea, Jaime Niño de Guzmán, es "autor intelectual" y el coronel de Ejército Freddy Quiroga Reque, el "autor material" del violento asesinato del 21 de marzo de 1980.
Quenta informó que Melean, que cumple una condena de 30 años en la cárcel de Chonchocoro por delitos de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1980, aseguró que su "denuncia es por una cuestión patriótica".
Por su parte, Melean explicó que en su declaración ratificó la denuncia sobre la muerte del padre Espinal y denunció a Carlos Unzueta Barrientos, Javier Hinojosa Valdez, Payo Elguero Larrea y su hermano, todos destinados en el Ministerio del Interior de esa época.

La Prensa / La Paz

Prevén sancionar dos leyes antes del receso de fin de año

La Asamblea Legislativa prevé aprobar la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) y la ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, antes del receso de fin de año. Las normas serán sancionadas en los próximos diez días.

Prioridades.

El presidente de la Comisión de Planificación y senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, aseguró que el presupuesto general y la Ley de inversión petrolera, serán aprobadas de manera prioritaria, hasta la próxima semana, es decir antes del receso de fin de año.
“Es importante la ley financial, primero porque a partir de enero tanto las gobernaciones y municipios, van abrir una gestión financiera y tenemos que tener la normativa aprobada”, explicó el legislador.
Asimismo manifestó que es de prioridad, también, sancionar la Ley de Promoción e Inversión de Exploración y Explotación Hidrocarburífera, porque es necesario invertir más dinero para tener mayores recursos económicos los próximos años.
“No podemos cruzarnos de brazos y esperar que se acaben nuestras reservas y después pensar, porque sería un alto grado de irresponsabilidad del órgano Ejecutivo”, enfatizó.

Tratamiento y análisis.

El legislador dijo que ahora su comisión analiza y trata ambas normas para remitir a la Cámara de Senadores para su tratamiento ante el pleno, en sesión que se prevé para la próxima semana.
Respecto a los reclamos a la Ley de Incentivos, que manifestarán autoridades de la Gobernación, Joaquino aclaró que ya es tarde para reclamos, porque debían haber formulado sus preocupaciones durante la socialización del proyecto de ley. Según el Senador este trabajo se realizó con universidades, municipios y otras gobernaciones.  "Esta ley llegó a mi comisión y tengo la obligación de informar en el plazo de 72 horas al pleno del senado".

El Deber / Santa Cruz

Acusan a la oposición de sabotear a Mi Teleférico

El gerente de la empresa estatal boliviana Mi Teleférico, César Dockweiler, acusó este a la oposición de haber financiado el ataque vandálico ocurrido esta semana en las obras de ampliación de ese sistema de transporte.
"Estos movimientos están siendo financiados por la oposición, porque son recursos que están poniendo para boicotear, estamos hablando de Unidad Nacional (UN) y de SOL.bo. Los que dicen no al progreso, los que dicen no al desarrollo", denunció Dockweiler, citado por la agencia estatal ABI.
El funcionario, sin embargo, no aportó ninguna prueba concreta que vincule a la oposición con el acto vandálico.
Un grupo de personas encapuchadas incendió la noche del miércoles y provocó destrozos en las obras de construcción de una de las nuevas estaciones del teleférico de La Paz, el sistema de transporte urbano más alto del mundo.
Las obras atacadas corresponden a la línea azul del teleférico, que discurrirá en su totalidad por la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y tendrá cinco estaciones a lo largo de cinco kilómetros de recorrido.
Según Dockweiler, la alcaldesa de El Alto, la opositora Soledad Chapetón (UN), nunca ha asistido a las reuniones informativas sobre el proyecto a las que se ha invitado a los vecinos, y aunque no lo ha criticado públicamente "nunca ha tenido actitud proactiva que allane la construcción de la obra".
El teleférico de La Paz, que une esa ciudad con la de El Alto, opera desde 2014 con tres líneas, a las que se sumarán otras seis líneas en los próximos años, y en un año y medio ha transportado a más de 34 millones de pasajeros, según datos de la empresa.
Se trata del sistema urbano de teleférico más alto del mundo, a una media de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y desde su puesta en marcha se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad por las espectaculares vistas de la urbe y de los Andes que se disfrutan desde sus cabinas.
La empresa austríaca Doppelmayr construyó la primera fase del teleférico y se encarga también de las seis nuevas líneas, que requerirán una inversión de 450 millones de dólares.

Página Siete / La Paz

Denuncian que el Vice donó ganado prestado del Fondioc

El exdirigente campesino Joel Guarachi denunció ayer que la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, en 2014, "se prestó” ganado vacuno del Fondo Indígena para que el vicepresidente Álvaro García Linera lo entregue en un acto  a damnificados por las lluvias en Beni.
"La comunidad de Moré, Beni, se benefició con 120 vacas y dos caballos con proyecto financiado por el Fondo Indígena, pero la ministra Achacollo pidió prestadas esas vacas para que el Vicepresidente las entregue a la misma comunidad como si fueran vacas del Plan Patujú”, denunció el exdirigente campesino de Santa Cruz.
En 2014, en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación Agropecuaria, dentro del Plan Patujú, el Gobierno entregó ganado vacuno a damnificados de Beni, quienes perdieron sus vaquillas, sembradíos  por las inundaciones en la zona amazónica entre octubre de 2013 y marzo de 2014.
De acuerdo con el exdirigente, el hecho salió a luz en diciembre de 2014 en la última reunión de directorio del Fondo Indígena en la que también participaron el exdirector ejecutivo Marco Aramayo,  los dirigentes Rodolfo Machaca, Wilfredo Troche, Hilarión Mamani, Juanita Ancieta, Bertha Bejarano, Domingo Julián, entre otros.
En esa oportunidad -según Guarachi- la exministra Achacollo recriminó y acusó a los representantes campesinos e indígenas por no hacer seguimiento a los proyectos financiados por la entidad indígena.
"Molesta, Hurtado  le respondió a Achacollo: ‘no me hables de corrupción, ¿qué es de esas vacas que te prestamos y entregó el Vicepresidente en Moré? Hasta ahora no lo han devuelto’. Le dijo en su cara”, relató Guarachi, quien dijo que él participó en  la reunión de directorio.
El senador René Joaquino,  del MAS,   dijo que serán las autoridades judiciales las que determinen el grado de responsabilidad y delito que cometieron los dirigentes y representantes legales de los proyectos.
"Ellos definirán qué tipo de responsabilidad existe y cuál será la sanción. Ahora cada dirigente tiene la obligación de presentar su descargo, pero por sobre todo responder al país”, indicó Joaquino y agregó que el Gobierno no protegerá a nadie.
En una anterior oportunidad, el presidente Evo Morales exigió a la oposición presentar pruebas documentadas contra exautoridades y exdirigentes sindicales, involucrados en irregularidades en el Fondo Indígena para que sean juzgados, pues "todos son iguales ante la ley”.

Presión y  renuncia

Exministra  Nemesia Achacollo renunció en agosto a su cargo de Ministra de Desarrollo Rural y Tierras después de cinco días de que la Interventora del Fondo Indígena  revelara un daño económico al Estado de 102,2 millones de bolivianos  por 743 proyectos inconclusos y 30 obras "fantasma”.
Norma  Según el Decreto Supremo 28571, recientemente abrogado, el directorio del Fondo Indígena  fue presidido por la ministra de Desarrollo Rural e integrado por  representantes  de los ministerios de Economía, de Planificación y de Desarrollo Productivo.
Miembros  También participaban  representantes de organizaciones  sociales.

Magistrados se vengaron de su “delator” tras arribar de China

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Oswaldo Valencia pidió a sus colegas  que recapaciten en su actitud que los llevó a removerlo de dos cargos que cumplía en esta entidad, lo que considera una represalia en su contra tras haber delatado la falta de quórum a raíz del viaje de cuatro magistrados a China. 
"Me gustaría que los magistrados recapaciten, creo que tomaron decisiones muy apresuradas, yo diría que no es un tema ni jurídico ni político, creo que es un tema emocional. Ellos llegaron y a los minutos tomaron decisiones que ahora nos tienen en entredicho”, dijo.
Valencia dijo también que  se reunirá con sus pares para pedirles reconsiderar su decisión ya que, al margen de retirarlo de sus cargos como presidente de la Comisión de Admisión y de la dirección de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, anunciaron la destitución de su personal de confianza.
"Me preocupa en sobremanera porque son seres humanos, es como una muerte civil, dónde van a contratar a esas personas. Simplemente yo espero que haya un acto de conciencia, de reflexión, el tribunal en los últimos tiempo no ha tenido problemas al interior”, indicó.
El magistrado lamentó que mientras sus colegas estaban de viaje, él se quedó en el TCP para cumplir con sus funciones en la Comisión  de Admisión.
"Y ellos retornan y en lugar de preguntarme cómo me fue con la labor, sucedió lo que la opinión pública ya sabe”, expresó.  
A principios de noviembre, cuatro de los magistrados titulares del TCP viajaron a China para asistir  a un taller de aproximadamente un mes, dejando sin quórum al pleno de esta institución.

Proceso

La anterior semana, la Ministra de Justicia dijo que solicitará un informe detallado sobre los motivos del viaje. "Vamos a exigir, con un informe, (y digan) qué productos van a traer desde China y por qué es que los magistrados están abandonando su trabajo”, declaró la autoridad Virginia Velasco.
Además, la Comisión de Justicia Plural del Senado pidió  un informe  y la Comisión de Justicia Plural, el Ministerio Público y Defensa de Diputados anunció una investigación del viaje. 

Económicos

Los Tiempos / Cochabamba

Otros dos dirigentes oficialistas van a la cárcel

Los jueces a cargo del caso de corrupción destapado en el ex Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc) dictaron ayer detención preventiva para la máxima dirigente de la Cidob aliada al Gobierno, Melva Hurtado, al igual que para el dirigente campesino Remy Vera. Para el líder indígena Adolfo Chávez, quien no asistió a su audiencia por estar fuera del país, se estableció orden de aprehensión.
Mientras que para la senadora del MAS, Felipa Merino, se dispuso fianza y arraigo.
La jueza Primera de Instrucción Anticorrupción, Albania Caballero, libró mandamiento de apremio, declaró rebelde y arraigó a Chávez, por considerar que sus abogados no pudieron justificar la ausencia del imputado en su audiencia cautelar que debió llevarse a cabo ayer en el Palacio de Justicia, en Santa Cruz.
Ante la medida, el abogado defensor de Chávez, Otto Ritter, anunció que interpondrá las acciones correspondientes aunque manifestó no tener esperanza en que la situación sea revertida. “Esto es una absoluta barbaridad  e ilegalidad porque todos sabemos que Adolfo (Chávez) está en Francia atendiendo una invitación y además presentamos todos los justificativos que demuestran esa realidad”, indicó. Chávez se encuentra participando de la COP21, cita sobre cambio climático.
Señaló que a todas luces se nota que hay un interés político de ver a su defendido en el penal de Palmasola, por lo que duda mucho que Chávez pueda volver al país a defenderse e inclusive no descartó que pueda pedir asilo en algún país europeo.
Por su parte, el fiscal Pablo Guzmán dijo que la defensa de Chávez sólo presentó un memorial que dice que está en Francia.
“Lo más importante es que él no tendría que estar afuera, ya que tiene un proceso que está en curso y por lo tanto debe mostrar voluntad de sometimiento al proceso”, señaló.
En La Paz, el juez Anticorrupción, Ricardo Pinto, fue quien dispuso las medidas para Hurtado, Vera y Merino, quienes fueron detenidos el jueves.
En el caso de Hurtado, ANF reportó que el juez determinó su detención en la cárcel de Miraflores y no en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, para evitar el contacto con la exministra Julia Ramos, otra de las imputadas. Además, encontró “peligro de fuga, no tener domicilio y trabajo y el riesgo de destrucción de las pruebas”, informó el abogado de Rafael Quispe, Eduardo León.    
Vera debe permanecer en el penal de San Pedro, donde también está detenido el exdirigente campesino y disidente del MAS, Damián Condori, quien se encuentra a la espera de que se resuelva una acción de libertad.
Merino debe presentarse regularmente ante el Ministerio Público en cumplimiento a su arraigo y no debe tener contacto con testigos o involucrados en el caso.
En una nota de prensa, el fiscal general, Ramiro Guerrero, explicó que Hurtado, Vera y Merino fueron imputados por incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado,
Dentro de la investigación, Hurtado tiene 13 proyectos observados, Vera tiene un proyecto “fantasma” y Merino es investigada por dos proyectos, uno observado y otro “fantasma”.
Chávez está sindicado por incumplimiento de contrato por un proyecto al que se destinó 451 mil bolivianos en dos partidas.
Argumentan que no realizó la justificación del segundo desembolso.
“Queremos dejar claramente establecido que aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción, (...) es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, (...) en algunos casos no se ha presentado los descargos correspondientes”, finalizó Guerrero.
La detención de Condori fue calificada como persecución política, al igual que el proceso a Chávez.
Guerrero informó que en los siguientes días serán notificadas otras 10 personas sospechosas de estar involucradas en los 30 proyectos “fantasma” identificados por la interventora del extinto Fondo Indígena.
Las 12 regionales de la Cidob, este sábado, en asamblea determinarán medidas de presión por la detención de Hurtado, informó el dirigente Rubén Cayaduro.

Cabolqui: exportación de quinua cae en casi 50%

El presidente de la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinua (Cabolqui), Juan Pablo Seleme, informó que la venta de ese grano al exterior cayó en casi 50 por ciento, en valor y en volumen, respecto a la gestión 2014. El empresario calificó la presente gestión como un “año de crisis” para el sector.
“De 35 mil toneladas (en 2014) apenas vamos a vender 20 mil toneladas en este año y de casi 200 millones de dólares estamos alrededor de 100 millones, las ventas han bajado casi a la mitad, estamos realmente en una crisis del sector quinuero”, señaló.
Seleme indicó que por esta razón hay un “gran desincentivo” en los productores. Remarcó que el principal motivo para la crisis es la drástica caída del precio del quintal de 2.000 bolivianos, en diciembre de 2014, a 400, en la actualidad.
“Ha habido productores oportunistas que han ingresado (a producir) y cuando bajó el precio ya no están (en el sector); debe ser de un 10 a 20 por ciento (los que dejaron de producir quinua), el resto sigue porque de eso viven”, dijo.
Subrayó que el precio y la poca competitividad, respecto a la fuerte competencia del Perú, ocasionó que la producción nacional de quinua sea desplazada en el mercado internacional.
“Hoy Perú tiene mejor oferta en calidad comercial, puede ofrecer créditos más largos que nosotros, y nosotros dependemos mucho de los precios de los productores, nosotros no podemos ofrecer créditos tan largos”, apuntó.
En términos de rendimiento, Seleme señaló que mientras que en Bolivia la producción por hectárea es de 500 kilogramos, en Perú con la misma superficie se logra producir 3.000 kilogramos.  

La Paz se suma al pedido de frenar la aprobación de la ley de incentivos

La Gobernación de La Paz pidió ayer al presidente Evo Morales, a través de una carta presentada en Palacio de Gobierno, evitar la promulgación de la ley de incentivos a las inversiones petroleras, argumentando que afectará a los proyectos de inversión en las 20 provincias de ese departamento, reportó ANF.   
Con el pedido de La Paz, ya son tres departamentos que se oponen formalmente a la futura norma, ya que Tarija no la acepta en tanto no se garantice la devolución de la inversión y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, envió el jueves una carta al presidente Evo Morales pidiéndole convocar al Consejo Nacional de Autonomías para un debate nacional sobre la ley.
La carta de ayer, firmada por el gobernador Félix Patzi, da cuenta de que la transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la Gobernación de La Paz, en 2016, alcanzará a 112,7 millones de bolivianos, de los cuales se recortarán 13,5 millones por concepto del 12 por ciento de aporte para el Fondo de Promoción a las Inversiones Petroleras.
“Evite la eventual promulgación del proyecto de Ley del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh) porque debe reconsiderarse la afectación negativa al Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz por un monto de 13,5 millones de bolivianos a partir de la gestión 2016”, señala la carta enviada a Morales.  
La Gobernación adujo que la merma de sus recursos se incrementó en los últimos meses por diferentes conceptos de los que hace una relación detallada.
Para el secretario general de la Gobernación paceña, Amador Toledo, “se estaría vulnerando la autonomía (…), debido a que la autonomía consiste en la administración de sus recursos”.
Precisó, además, que éste es el último recurso que presenta esa Gobernación para evitar la aprobación de esta norma, luego de una serie de cartas enviadas a diferentes instancias de los niveles Ejecutivo y Legislativo.
El Gobierno asegura ocho dólares de ganancia por cada dólar invertido por las gobernaciones y cuatro dólares por cada dólar invertido por municipios y universidades.

La Prensa / La Paz

Gobierno abroga decreto que daba pie a "impuestazo"

El Gobierno promulgó el 2 de diciembre el Decreto 2620 que "abroga" el Decreto 2491, norma que los trabajadores consideraban que se trataba de la aplicación de un nuevo "impuestazo". Durante el último ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se informó que la norma sería anulada debido a la presión que ejercieron principalmente los obreros.
Sin embargo, los trabajadores aguardan que se modifique la Ley de Empresas, el uso de la dinamita y el pago del doble aguinaldo hasta el 31 de diciembre.
El Decreto 2491, promulgado en agosto de 2015, se basaba en la Ley 843, que "crea un impuesto sobre el ingreso de las personas naturales y sucesiones indivisas denominado Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado –RC-IVA". La norma rebajaba de cuatro a tres los salarios mínimos nacionales que se deberían tomar en cuenta para aplicar el impuesto, sin embargo, los trabajadores rechazaron la norma, en principio con movilizaciones en algunas regiones como Cochabamba y posteriormente durante las negociaciones que sostuvieron los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno.
Hasta antes de que se promulgue el Decreto 2491, todos los trabajadores dependientes que tenían ingresos por encima de los 7.600 bolivianos debían presentar facturas para evitar que se les descuente sus ingresos, pero con la norma que fue abrogada recientemente, los trabajadores que tenían ingresos mensuales por encima de los 5.700 bolivianos debían presentar facturas para evitar el descuento, por lo que generó satisfacción, principalmente entre los mineros y los petroleros, quienes se verían afectados por la disposición.

Una medida administrativa.

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, negó que se tratara de un "impuestazo", tal como declararon los dirigentes de diversas organizaciones y que su promulgación tenía fines meramente administrativos en busca de que los trabajadores dependientes que presentaba facturas desde 1986, continúen haciéndolo para realizar el descargo correspondiente.
Dijo que no se trataba de ningún "impuestazo" ni mucho menos "un nuevo impuesto al salario".
Señaló que se trataba de una medida "administrativa", debido a que en el marco de la política salarial que emprendió el Gobierno desde 2006, el salario mínimo nacional se incrementó sucesivamente por encima de los niveles de inflación y alcanzó en la presente gestión a 1.656 bolivianos, es decir, cuatro veces más que lo observado en 2005 cuando llegaba a 440 bolivianos, "evidentemente este impuesto mejora la recaudación pero no por el lado del trabajador, sino por el lado de la empresa formal", decía.

El Deber / Santa Cruz

Presupuesto se debatirá la próxima semana

La próxima semana se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados inicie el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) 2016, según informó hoy el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Javier Zavaleta.
"Hemos remitido el informe positivo para la aprobación del Presupuesto y estimo que hasta el martes o miércoles de la próxima semana estaríamos aprobando en el pleno para remitirlo al Senado", detalló el asambleísta oficialista a 'Abya Yala'
Esta semana el propio diputado informó que para la próxima gestión el PGE llega a 217.139 millones de bolivianos, un poco menos de los 221.180 millones de bolivianos presupuestados en el año que concluye, cita ABI.
Además, existe un decremento de 1,6 por ciento con relación al PGE 2015; sin embargo, destacó que la inversión pública aumentará de 7.000 millones de dólares a más de 8.000 millones en 2016, "lo cual significa buenas noticias", resaltó.
Zavaleta concluyó señalando que el Presupuesto tiene tres prioridades de inversión: primero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); segundo la infraestructura caminera; y tercero, la construcción de termoeléctricas, hidroeléctricas y energía solar.

Página Siete / La Paz

Standard & Poor’s sube la calificación del Mercantil

Standard & Poor’s subió la calificación internacional del Banco Mercantil Santa Cruz SA (BMSC) de BB- a BB, que es la calificación máxima que puede alcanzar una entidad local en el mercado internacional. De esta manera, el banco mantiene las máximas calificaciones, localmente AAA e internacionalmente BB.
El informe de S&P destaca el sólido posicionamiento de la entidad en el mercado, que se refleja en un liderazgo sostenido de participación de mercado, ingresos estables y diversificados, además de una administración profesional y experimentada. También destaca la adecuada exposición al riesgo con una importante calidad de los activos, un portafolio de créditos diversificado e índices de mora bajos y estables, según un boletín institucional.
Otro punto importante  es la buena evaluación del fondeo con un componente  importante de depósitos del público que a su vez  aporta a alcanzar los niveles de liquidez adecuados, que el informe menciona, con poca dependencia de depósitos a corto plazo de grande clientes.
S&P destaca el ratio de fondeo estable del BMSC, ya que este es mayor al de muchos bancos de Latinoamérica y el mundo, demostrando las políticas de prudencia y solvencia que practica la entidad.
"Esta calificación que nos brinda S&P es una ratificación al tipo de gestión que tenemos en el BMSC. Estamos orientados a brindar a nuestros clientes una experiencia diferente en banca, manteniendo como pilares  la solidez, solvencia e inversión”, dijo el vicepresidente del BMSC, Alberto Valdés.

IDEPRO y  PROMASOR Suscriben una Alianza de Innovación

A través de la alianza suscrita entre Idepro y Promasor, los pequeños productores de granos y cereales en Bolivia recibirán un fuerte impulso para mejorar su capacidad de almacenamiento de granos y  comercialización. Esta oportunidad les permitirá hacer crecer su infraestructura y preservar el principal activo  de su trabajo: la cosecha.
La  alianza  Promasor (productores de  maíz, sorgo y fríjol) e Idepro  pone  a disposición de los productores Silos de pequeña y media capacidad  construido en Bolivia con tecnología agropecuaria Alemana-Argentina,  que les permitirá conservar  el grano o cereal de su cosecha  protegiéndolo  de efectos variables del clima, la lluvia, roedores y  conservándolos de forma adecuada, señala un boletín informativo de Idepro.
Promasor, socio co-fundador y Constitutivo de la CAO/Cámara Agropecuaria del Oriente, desarrolló su construcción siguiendo normas probadas,  procurando transformar el eslabón más débil de la producción agropecuaria boliviana: el ensilaje y protección del grano una vez cosechado, continúa la información de la institución de desarrollo empresarial.
Idepro  puso a disposición un  crédito  que permite sujetar el financiamiento al ciclo productivo del pequeño agricultor, con un año de gracia para el pago de capital en la adquisición de los Silos.
Los Silos,  con  una capacidad de  almacenamiento de  20 a 180 toneladas, cuestan cinco veces menos que el promedio del equipo importado y pueden ser pagados en las mejores condiciones disponibles hoy para  los productores.
Los Silos de Promasor se convierten, por efecto de esa alianza, en  una importante opción   que no sólo mejorará el valor de la venta del grano, sino el de cada propiedad, al facilitar un control directo de la comercialización de la producción  después de  cada cosecha.

ENTEL anuncia rebaja en 30% de tarifas de internet

Desde el primer trimestre de 2016, las tarifas del servicio de internet de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)  rebajarán en un 30%, informó ayer su  gerente general  Óscar Coca.
"El 2016 esto será realidad (...). Nosotros estamos cobrando en este momento alrededor de 160 bolivianos por el servicio de internet y esto lo vamos a bajar por lo menos en un 30% y esto significaría que vamos a cobrar unos 120 bolivianos”, manifestó.
Según Coca, ENTEL hará esa modificación tarifaria una vez que pueda elevar  la capacidad de intercomunicación que tiene con el sistema de conexión de fibra óptica submarina internacional. "La nueva conectividad hará que bajen los precios (de tarifas por internet), porque permitirá que haya una reducción de más del 30% en el valor de la interconectividad internacional que ahora está en unos 60 dólares por un mega y la vamos a pasar al cliente”, precisó.
Coca agregó que la empresa tiene previsto complementar ese proyecto con la creación de un sistema denominado PIT, que hará posible mejorar y acelerar las conexiones internas de transmisión de datos.



FUENTE: INSTITUTO PRISMA

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