Noticias de Los Tiempos de Cochabamba
Denuncias cercan a los operadores de justicia
Al escándalo judicial que originó la denuncia contra el juez
Marcelo Barrientos, quien fue filmado cuando pedía 15.000 dólares para
favorecer a una litigante, ahora se suman las críticas contra el Tribunal
Constitucional (TCP) por dejar sin cuórum a la entidad y con casos sin resolver
por un viaje a China, y la denuncia contra el presidente del Consejo de la
Magistratura, Freddy Sanabria, por presunta extorsión a una juez.
Todo ello ahonda la crisis por la que atraviesa el Órgano
Judicial que es blanco de críticas desde todos los frentes: Gobierno,
Legislativo y sociedad civil.
Para el constitucionalista José Antonio Rivera, esta crisis
de la justicia en el país “se convierte en una especie de bomba de tiempo que
en cualquier momento hará estallar la paz y tranquilidad de los ciudadanos
conduciéndonos a conductas como la de aplicar justicia por mano propia”,
concluyó el jurista.
El constitucionalista José Antonio Rivera agregó que las
denuncias de corrupción dentro el Órgano Judicial nunca son investigadas ni
esclarecidas ni sancionadas y que al final termina con la “impunidad para
operadores del sistema judicial y del Ministerio Público que cada vez debilita
al sistema judicial del Estado”.
Las últimas denuncias que han horadado la justicia boliviana
involucran a funcionarios judiciales que van desde jueces anticorrupción y
personal administrativo (secretaria) hasta magistrados de la más alta jerarquía
como el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, y los
cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
En el primer caso el juez anticorrupción, José Marcelo
Barrientos, está siendo procesado por la vía penal y disciplinaria. La
autoridad cayó cuando una litigante, a quien le pidió 15.000 dólares para
cambiar la tipificación de un delito, filmó la extorsión y difundió las
imágenes y las presentó como prueba en el proceso.
En la denuncia también están involucrados los jueces Jorge
Viscarra y René Escobar; el fiscal Félix Marín y la secretaria de ese
juzgado.
Para el viceministro de Justicia Indígena, René Martínez,
los hechos ilegales que implican a los operadores de justicia de todo nivel
“permiten reconocer que hay una suerte de transversalización de la corrupción,
es decir, donde te apoyes en el tema de justicia salta la pus, hay
corrupción y esto está repercutiendo de manera gravitante en la seguridad
ciudadana”, concluyó.
La segunda irregularidad tiene que ver con la revelación del
magistrado del Tribunal Constiticional (TCP), Oswaldo Valencia, de que cuatro
de sus colegas viajaron a China dejando a esta entidad sin quórum y con varias
centenas de casos sin resolver.
Los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efren Choque y
Mirtha Camacho, ante la ola de críticas, tuvieron que retornar de China antes
de cumplir los 30 días por los que viajaron.
Sin embargo, a su llegada destituyeron a Valencia de la
presidencia de la Comisión de Admisión del TCP y de la Academia Plurinacional
Constitucional.
El magistrado afectado pidió a sus colegas que recapaciten
sobre su decisión.
Para hacer frente a esta crisis, el constitucionalista
Rivera plantea adoptar medidas urgentes en función a las causas que la
genera. Mencionó entre ellas las económicas, institucionales, de
formación profesional y capacitación.
Rivera citó además las causas de orden legislativo y
político por “la excesiva intromisión de los órganos de poder político en el
sistema judicial”.
Por su parte, Martínez aseguró que esta realidad obliga a
reconocer que el eslabón de la justicia es la más débil en este proceso. “No
fue tocado, pero fue oportunamente percibido por la interpelación que hace la
ciudadanía”, concluyó.
El Ejecutivo, el Legislativo y el propio Órgano
Judicial advierten sobre la crisis por la que atraviesa esta entidad, pero
no toman medidas para detenerla.
Evo llama a científicos bolivianos del exterior
El presidente Evo Morales convocó ayer a los científicos
bolivianos que viven en el exterior a participar en el Primer Encuentro
de Liberación Científico-Tecnológico que se realizará el próximo 7 y 8 enero en
Cochabamba con el objetivo de consolidar de manera plena y soberana el
conocimiento.
“El Estado Plurinacional de Bolivia convoca a científicos y
expertos bolivianos al primer encuentro de científicos bolivianos radicados en
el exterior para la liberación científica y tecnológica”, dijo Morales durante
el acto de entrega del Bono a la Excelencia al bachillerato.
El registro de participantes se realizará vía online en
www.encuentrocientifico.gob.bo, disponible desde el 16 de diciembre.
El Estado cubrirá todos los costos de transporte, ida y vuelta,
y la estadía en Bolivia, el único requisito mínimo para participar de ese
evento es ser de nacionalidad boliviana, experiencia en trabajos industriales e
investigaciones en el exterior y una maestría en su campo.
“Para consolidar las profundas transformaciones económicas,
sociales, políticas y culturales que vive nuestro país es imprescindible
impulsar una revolución científica que busque una liberación de la dependencia
científico tecnológica orientada a la consolidación plena y soberana del conocimiento
que permita a Bolivia desarrollar ciencia y tecnología propia para encarar
desafíos del siglo XXI”, señaló Morales.
El presidente destacó que existen muy buenos científicos
profesionales y docentes bolivianos que se encuentran en los diferentes continentes
y por esto el Gobierno busca impulsar la masa crítica de nuevas generaciones en
áreas estratégicas que eleven el desarrollo científico en el país.
El encuentro busca que los científicos bolivianos
prestigiosos que radican en el exterior aporten con su experiencia,
conocimiento y propuestas al desarrollo científico tecnológico de su pueblo,
“apelando al compromiso patriótico de apoyar la tierra que les vio nacer,
buscando su retorno a la patria”, señaló el Primer Mandatario.
Es así que el objetivo fundamental de este encuentro será
promover espacios, generar propuestas e ideas de proyectos, identificar
acciones y mecanismos a corto y mediano plazo, que fortalezca el sector
científico y tecnológico, priorizando sectores socioproductivos y se formen redes
de investigación.
Costas: Se analizará solicitud del Gobierno
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de su
vicepresidente, Antonio Costas, dejó en claro que el Reglamento de Campaña y
Propaganda Electoral para Referendos está vigente, y que por tanto se cumple.
Calificó como una solicitud más la impugnación presentada
por el Gobierno al artículo 24 de dicha norma, que restringe el tiempo de
transmisiones de actos de entrega de obras a 15 minutos durante 30 días antes
del referendo del 21 de febrero de 2016.
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental,
Rodolfo Illanes, presentó este recurso de impugnación en contra del artículo
24, inciso II del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral, que limita las
transmisiones de entregas de obras a 15 minutos, 30 días antes del Referéndum
para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la
reelección del Presidente y Vicepresidente para el periodo 2020-2025.
El vicepresidente del TSE dijo que la impugnación aún no fue
tratada por sala plena, y que la misma debe pasar por un análisis técnico y
legal.
“Eso ni lo tenga en duda, somos el Órgano del Estado que
administra los procesos electorales, los demás opinan, los demás hacen sus
representaciones y lo hacen en función a intereses, y lo que debemos hacer es
administrar los procesos electorales en función de las normas vigentes”.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la
aplicación de una multa contra el medio equivalente al doble de la tarifa más
alta inscrita por el mismo, por el tiempo excedido”.
El Ejecutivo hizo conocer su molestia con dicho artículo que
de acuerdo a su análisis, transgrede la Constitución y tratados internacionales
sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Costas señaló que mientras no se tome una resolución en sala
plena, el reglamento está aprobado por tanto las prohibiciones que se tienen en
el mismo, como la limitación para la época de campaña de difusión de
transmisiones de actos de entregas de obras, deben cumplirse.
Evo olvidó compromiso de reforma judicial
En enero de este año, antes del inicio de su tercera
gestión, el presidente Evo Morales anunció la realización de un referendo para
reformar la justicia boliviana. “El pueblo que defina, mediante un referendo,
si hay que hacer una reforma a la Constitución para mejorar la justicia”, dijo.
El tema marcó agenda en los medios la primera semana de 2015.
Una vez posesionado, el 22 de enero, ni Morales ni sus
ministros volvieron a hablar del referendo para cambiar la justicia. En cambio,
a través de sus organizaciones sociales, desde mediados de año el Gobierno fue
posicionando el proyecto de ley para modificar la Constitución Política del
Estado y permitir la reelección, por cuarta vez, del Presidente y Vicepresidente.
Finalmente, en noviembre de este año, luego de seguir el
procedimiento legal y con la mayoría del MAS, en la Asamblea Legislativa, se
promulgó la Ley de Referendo Constitucional Aprobatorio y el 21 de febrero de
2016 habrá consulta.
Una de las observaciones que los políticos de la oposición y
analistas hacen al Gobierno es que antepuso la consolidación del proyecto de
ley para aprobar el Referendo Constitucional Aprobatorio antes que otros temas
más urgentes.
El pasado 5 de enero, Morales dijo: “Pienso que a estas
alturas seguir reclamando que la justicia acompañe es muy tarde. Por eso,
estamos pensando en cómo cambiar a la justicia, si ya no podemos con normas,
tenemos que preguntar al pueblo boliviano, preguntas concretas sobre un
referendo que diga eso sobre penalidades y sobre sanciones”, explicó.
El pasado miércoles, el economista y director del Ceres,
Roberto Laserna, dijo que la reforma constitucional que impulsa el Gobierno
para una nueva reelección de Morales y García Linera tiene el único objetivo de
resolver el problema de candidaturas del Movimiento Al Socialismo. “Se está
adecuando la CPE a las necesidades de dos personas”, dijo.
El constitucionalista José Antonio Rivera recordó
también que “lastimosamente el Gobierno ha puesto en segundo plano el
tema judicial, cuando en enero el presidente Evo Morales en Sucre había
prometido la realización de una cumbre judicial para encarar las soluciones
estructurales que pasaba incluso por reformar la Constitución”.
Conceden libertad irrestricta al fiscal Quispe, acusado de varios delitos
El juez de sentencia Eduardo Gonzales determinó ayer en
Sucre la libertad irrestricta para el exfiscal Humberto Quispe en respuesta a
una acción de libertad presentada por la defensa del acusado de extorsión,
falsedad material y uso indebido de influencias.
“La detención de este señor es ilegal y se ha dispuesto la
inmediata libertad”, informó Milton Guzmán, abogado de Quispe, que fue
aprehendido en la comunidad de Huarina (La Paz) y remitido a la ciudad de Sucre
para una audiencia de medidas cautelares.
La defensa de Quispe argumentó que el Juzgado Quinto
Cautelar concedió la tutela a su defendido y dejó sin efecto el mandamiento de
aprehensión, al que calificó de “ilegal” por las fundamentaciones contradictoras
en la detención.
El juez Eduardo González justificó la decisión por existir
algunas deficiencias en el trámite procesal, a consecuencia de una retardación
en la providencia y consideración de los memoriales presentados en los tiempos
establecidos por el abogado de Quispe.
“No se puede y bajo ninguna circunstancia declarar rebelde
que sus motivos no son válidos y, a la vez, le concedo 48 horas para justificar
(su inasistencia).
No obstante a que no transcurrió ese plazo y se emite las
ordenes de aprehensión; esto genera confusión en cualquier ciudadano”, enfatizó
el juez.
Fiscal general
Por su parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero,
dijo que se programó una nueva audiencia prevista para el 16 de diciembre, a
las 9:00, en el Juzgado Quinto Cautelar de Sucre, donde se notificará a Quispe
para declarar ante la autoridad competente.
“No quisiéramos pensar que exista cierto encubrimiento o
protección de parte de ese juez (Eduardo González), lo que se quiere es actuar
con absoluta transparencia”, enfatizó.
La Razón / La Paz
La denuncia de remoción del hito 55 moviliza a legisladores
Una comisión de legisladores viajará la próxima semana al
sudoeste de Potosí para verificar la denuncia de autoridades y pobladores sobre
una presunta remoción del hito 55, ubicado en la frontera con Chile. Se prevé
coordinar esta labor con el Ejército y el Ministerio de Defensa.
El senador potosino René Joaquino, del gobernante
Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó que ya se convocó para que todos los
asambleístas, de oficialismo y oposición, que representan a esa región puedan
estar en la misión.
“Vamos a hacer una inspección con el acompañamiento del
Ministerio de Defensa y el Ejército. Será una comisión integrada por senadores
y diputados, porque se debe reaccionar de manera oportuna ante estos hechos;
ojalá que la remoción del hito sea una especulación, porque de lo contrario se
van a generar dificultades”, manifestó el legislador.
El martes, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el
comandante del Ejército, José Luis Begazo, visitaron cuatro puestos de avanzada
en la provincia Daniel Campos (Potosí), donde pobladores del área fronteriza
denunciaron que personal de una empresa minera, afincada en Chile, movió cinco
kilómetros del hito 55 para obtener agua dulce de la laguna El Desierto,
ubicada en territorio nacional.
Medida De inmediato, ambas autoridades sobrevolaron la
región limítrofe para hacer una verificación preliminar y luego instruyeron
al Instituto Geográfico Militar (IGM) hacer una verificación técnica para
evidenciar la denuncia. En unas dos semanas se prevé tener el informe al
respecto.
Entonces, Ferreira también anunció la construcción de un
cuartel en el municipio de Llica, capital de la provincia Daniel Campos, para
mejorar la vigilancia de la soberanía nacional y frenar actos ilícitos en esa
frontera. El alcalde de esa comuna, Édgar Apala (MAS), informó a La Razón que
se trata de un “cuartel mecanizado”, cuya construcción iniciará en los primeros
meses de 2016 y albergará a alrededor de 300 soldados.
Si bien la denuncia de la remoción de hitos está en proceso
de verificación, también desde Chile se informó sobre hechos ilícitos en esa
región. En noviembre, empresarios chilenos denunciaron que cerca de Colchane,
en Chile (ubicada a 65 kilómetros al oriente de Llica) se registró el robo de
un camión cisterna de la empresa Copec —que traslada combustible— y de dos
vehículos de una compañía dedicada a la topografía.
Los motorizados ingresaron a Bolivia, según informó en ese
entonces El Mercurio. El 8 de noviembre, La Tercera —sobre la base de informes
policiales— contó que más al norte, cerca del salar de Coipasa, se detuvo a 28
personas portando droga en los últimos 10 meses. Además, Chile llamó a la
cónsul de Bolivia en Santiago, Magdalena Cajías, para quejarse por la “falta de
acción boliviana” ante la inseguridad fronteriza, en un momento en que no
existe diálogo político entre ambos países.
Visita. Ante este panorama, Joaquino explicó que el viaje de
la comisión, previsto para el jueves o viernes, servirá para verificar la labor
del personal militar en puestos fronterizos, ubicados en alejadas regiones
desérticas, polvorientas y casi deshabitadas. “No se descarta que puedan haber
hechos ilícitos, se pueden dar, pero se debe demostrar con pruebas las
denuncias en ambos países”, afirmó.
Fiscal: Instituto forense valorará posibilidad de necropsia a restos del padre Luis Espinal
El fiscal de la División Homicidios, Genaro Quenta, que
investiga el asesinato del padre Luis Espinal (1980), anunció este viernes que
el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evaluará la solicitud de una
necropsia a los restos del sacerdote después de 35 años de su muerte.
"El coronel Roberto Melean, acompañado del abogado
Frank Campero aportó con algunos datos sobre el asesinato del padres Luis
Espinal, es más, presentó un memorial donde solicita se desarrolle la necropsia
para obtener un certificado forense que avale el certificado de defunción,
documentos que no existen", informó tras la declaración de Melean.
Por esa razón, dijo que acudirá a peritos y antropólogos del
IDIF para ver si es posible realizar la exhumación de los restos de Espinal,
para un examen técnico científico que establezca las causas de su muerte.
Informó que Melean "se ratificó en su denuncia"
contra los autores materiales e intelectuales del asesinato, en el que dijo
participaron 150 militares y paramilitares
Dijo que en su declaración, precisó que el ex comandante de
la Fuerza Aérea, Jaime Niño de Guzmán, es "autor intelectual" y el
coronel de Ejército Freddy Quiroga Reque, el "autor material" del
violento asesinato del 21 de marzo de 1980.
Quenta informó que Melean, que cumple una condena de 30 años
en la cárcel de Chonchocoro por delitos de crímenes de lesa humanidad durante
la dictadura militar de 1980, aseguró que su "denuncia es por una cuestión
patriótica".
Por su parte, Melean explicó que en su declaración ratificó
la denuncia sobre la muerte del padre Espinal y denunció a Carlos Unzueta
Barrientos, Javier Hinojosa Valdez, Payo Elguero Larrea y su hermano, todos
destinados en el Ministerio del Interior de esa época.
La Prensa / La Paz
Prevén sancionar dos leyes antes del receso de fin de año
La Asamblea Legislativa prevé aprobar la ley del Presupuesto
General de la Nación (PGN) y la ley de Promoción para la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera, antes del receso de fin de año. Las
normas serán sancionadas en los próximos diez días.
Prioridades.
El presidente de la Comisión de Planificación y senador del
Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, aseguró que el presupuesto
general y la Ley de inversión petrolera, serán aprobadas de manera prioritaria,
hasta la próxima semana, es decir antes del receso de fin de año.
“Es importante la ley financial, primero porque a partir de
enero tanto las gobernaciones y municipios, van abrir una gestión financiera y
tenemos que tener la normativa aprobada”, explicó el legislador.
Asimismo manifestó que es de prioridad, también, sancionar
la Ley de Promoción e Inversión de Exploración y Explotación Hidrocarburífera,
porque es necesario invertir más dinero para tener mayores recursos económicos
los próximos años.
“No podemos cruzarnos de brazos y esperar que se acaben
nuestras reservas y después pensar, porque sería un alto grado de
irresponsabilidad del órgano Ejecutivo”, enfatizó.
Tratamiento y análisis.
El legislador dijo que ahora su comisión analiza y trata
ambas normas para remitir a la Cámara de Senadores para su tratamiento ante el
pleno, en sesión que se prevé para la próxima semana.
Respecto a los reclamos a la Ley de Incentivos, que
manifestarán autoridades de la Gobernación, Joaquino aclaró que ya es tarde
para reclamos, porque debían haber formulado sus preocupaciones durante la
socialización del proyecto de ley. Según el Senador este trabajo se realizó con
universidades, municipios y otras gobernaciones. "Esta ley llegó a mi comisión y tengo la
obligación de informar en el plazo de 72 horas al pleno del senado".
El Deber / Santa Cruz
Acusan a la oposición de sabotear a Mi Teleférico
El gerente de la empresa estatal boliviana Mi Teleférico,
César Dockweiler, acusó este a la oposición de haber financiado el ataque
vandálico ocurrido esta semana en las obras de ampliación de ese sistema de
transporte.
"Estos movimientos están siendo financiados por la
oposición, porque son recursos que están poniendo para boicotear, estamos
hablando de Unidad Nacional (UN) y de SOL.bo. Los que dicen no al progreso, los
que dicen no al desarrollo", denunció Dockweiler, citado por la agencia
estatal ABI.
El funcionario, sin embargo, no aportó ninguna prueba
concreta que vincule a la oposición con el acto vandálico.
Un grupo de personas encapuchadas incendió la noche del
miércoles y provocó destrozos en las obras de construcción de una de las nuevas
estaciones del teleférico de La Paz, el sistema de transporte urbano más alto
del mundo.
Las obras atacadas corresponden a la línea azul del
teleférico, que discurrirá en su totalidad por la ciudad de El Alto, vecina a
La Paz, y tendrá cinco estaciones a lo largo de cinco kilómetros de recorrido.
Según Dockweiler, la alcaldesa de El Alto, la opositora
Soledad Chapetón (UN), nunca ha asistido a las reuniones informativas sobre el
proyecto a las que se ha invitado a los vecinos, y aunque no lo ha criticado
públicamente "nunca ha tenido actitud proactiva que allane la construcción
de la obra".
El teleférico de La Paz, que une esa ciudad con la de El
Alto, opera desde 2014 con tres líneas, a las que se sumarán otras seis líneas
en los próximos años, y en un año y medio ha transportado a más de 34 millones
de pasajeros, según datos de la empresa.
Se trata del sistema urbano de teleférico más alto del
mundo, a una media de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y desde su puesta en
marcha se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la
ciudad por las espectaculares vistas de la urbe y de los Andes que se disfrutan
desde sus cabinas.
La empresa austríaca Doppelmayr construyó la primera fase
del teleférico y se encarga también de las seis nuevas líneas, que requerirán
una inversión de 450 millones de dólares.
Página Siete / La Paz
Denuncian que el Vice donó ganado prestado del Fondioc
El exdirigente campesino Joel Guarachi denunció ayer que la
exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, en 2014, "se prestó”
ganado vacuno del Fondo Indígena para que el vicepresidente Álvaro García Linera
lo entregue en un acto a damnificados
por las lluvias en Beni.
"La comunidad de Moré, Beni, se benefició con 120 vacas
y dos caballos con proyecto financiado por el Fondo Indígena, pero la ministra
Achacollo pidió prestadas esas vacas para que el Vicepresidente las entregue a
la misma comunidad como si fueran vacas del Plan Patujú”, denunció el
exdirigente campesino de Santa Cruz.
En 2014, en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación
Agropecuaria, dentro del Plan Patujú, el Gobierno entregó ganado vacuno a
damnificados de Beni, quienes perdieron sus vaquillas, sembradíos por las inundaciones en la zona amazónica
entre octubre de 2013 y marzo de 2014.
De acuerdo con el exdirigente, el hecho salió a luz en
diciembre de 2014 en la última reunión de directorio del Fondo Indígena en la
que también participaron el exdirector ejecutivo Marco Aramayo, los dirigentes Rodolfo Machaca, Wilfredo
Troche, Hilarión Mamani, Juanita Ancieta, Bertha Bejarano, Domingo Julián, entre
otros.
En esa oportunidad -según Guarachi- la exministra Achacollo
recriminó y acusó a los representantes campesinos e indígenas por no hacer
seguimiento a los proyectos financiados por la entidad indígena.
"Molesta, Hurtado
le respondió a Achacollo: ‘no me hables de corrupción, ¿qué es de esas
vacas que te prestamos y entregó el Vicepresidente en Moré? Hasta ahora no lo
han devuelto’. Le dijo en su cara”, relató Guarachi, quien dijo que él
participó en la reunión de directorio.
El senador René Joaquino,
del MAS, dijo que serán las
autoridades judiciales las que determinen el grado de responsabilidad y delito
que cometieron los dirigentes y representantes legales de los proyectos.
"Ellos definirán qué tipo de responsabilidad existe y
cuál será la sanción. Ahora cada dirigente tiene la obligación de presentar su
descargo, pero por sobre todo responder al país”, indicó Joaquino y agregó que
el Gobierno no protegerá a nadie.
En una anterior oportunidad, el presidente Evo Morales
exigió a la oposición presentar pruebas documentadas contra exautoridades y
exdirigentes sindicales, involucrados en irregularidades en el Fondo Indígena
para que sean juzgados, pues "todos son iguales ante la ley”.
Presión y renuncia
Exministra Nemesia
Achacollo renunció en agosto a su cargo de Ministra de Desarrollo Rural y
Tierras después de cinco días de que la Interventora del Fondo Indígena revelara un daño económico al Estado de 102,2
millones de bolivianos por 743 proyectos
inconclusos y 30 obras "fantasma”.
Norma Según el
Decreto Supremo 28571, recientemente abrogado, el directorio del Fondo
Indígena fue presidido por la ministra
de Desarrollo Rural e integrado por
representantes de los ministerios
de Economía, de Planificación y de Desarrollo Productivo.
Miembros También
participaban representantes de organizaciones sociales.
Magistrados se vengaron de su “delator” tras arribar de China
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP) Oswaldo Valencia pidió a sus colegas
que recapaciten en su actitud que los llevó a removerlo de dos cargos
que cumplía en esta entidad, lo que considera una represalia en su contra tras
haber delatado la falta de quórum a raíz del viaje de cuatro magistrados a
China.
"Me gustaría que los magistrados recapaciten, creo que
tomaron decisiones muy apresuradas, yo diría que no es un tema ni jurídico ni
político, creo que es un tema emocional. Ellos llegaron y a los minutos tomaron
decisiones que ahora nos tienen en entredicho”, dijo.
Valencia dijo también que
se reunirá con sus pares para pedirles reconsiderar su decisión ya que,
al margen de retirarlo de sus cargos como presidente de la Comisión de Admisión
y de la dirección de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales,
anunciaron la destitución de su personal de confianza.
"Me preocupa en sobremanera porque son seres humanos,
es como una muerte civil, dónde van a contratar a esas personas. Simplemente yo
espero que haya un acto de conciencia, de reflexión, el tribunal en los últimos
tiempo no ha tenido problemas al interior”, indicó.
El magistrado lamentó que mientras sus colegas estaban de
viaje, él se quedó en el TCP para cumplir con sus funciones en la Comisión de Admisión.
"Y ellos retornan y en lugar de preguntarme cómo me fue
con la labor, sucedió lo que la opinión pública ya sabe”, expresó.
A principios de noviembre, cuatro de los magistrados
titulares del TCP viajaron a China para asistir
a un taller de aproximadamente un mes, dejando sin quórum al pleno de
esta institución.
Proceso
La anterior semana, la Ministra de Justicia dijo que solicitará
un informe detallado sobre los motivos del viaje. "Vamos a exigir, con un
informe, (y digan) qué productos van a traer desde China y por qué es que los
magistrados están abandonando su trabajo”, declaró la autoridad Virginia
Velasco.
Además, la Comisión de Justicia Plural del Senado pidió un informe
y la Comisión de Justicia Plural, el Ministerio Público y Defensa de
Diputados anunció una investigación del viaje.
Económicos
Los Tiempos / Cochabamba
Otros dos dirigentes oficialistas van a la cárcel
Los jueces a cargo del caso de corrupción destapado en el ex
Fondo de Desarrollo Indígena, Originario y Campesino (Fondioc) dictaron ayer
detención preventiva para la máxima dirigente de la Cidob aliada al Gobierno,
Melva Hurtado, al igual que para el dirigente campesino Remy Vera. Para el
líder indígena Adolfo Chávez, quien no asistió a su audiencia por estar fuera
del país, se estableció orden de aprehensión.
Mientras que para la senadora del MAS, Felipa Merino, se
dispuso fianza y arraigo.
La jueza Primera de Instrucción Anticorrupción, Albania
Caballero, libró mandamiento de apremio, declaró rebelde y arraigó a Chávez,
por considerar que sus abogados no pudieron justificar la ausencia del imputado
en su audiencia cautelar que debió llevarse a cabo ayer en el Palacio de
Justicia, en Santa Cruz.
Ante la medida, el abogado defensor de Chávez, Otto Ritter,
anunció que interpondrá las acciones correspondientes aunque manifestó no tener
esperanza en que la situación sea revertida. “Esto es una absoluta
barbaridad e ilegalidad porque todos sabemos que Adolfo (Chávez) está en
Francia atendiendo una invitación y además presentamos todos los justificativos
que demuestran esa realidad”, indicó. Chávez se encuentra participando de la
COP21, cita sobre cambio climático.
Señaló que a todas luces se nota que hay un interés político
de ver a su defendido en el penal de Palmasola, por lo que duda mucho que
Chávez pueda volver al país a defenderse e inclusive no descartó que pueda
pedir asilo en algún país europeo.
Por su parte, el fiscal Pablo Guzmán dijo que la defensa de
Chávez sólo presentó un memorial que dice que está en Francia.
“Lo más importante es que él no tendría que estar afuera, ya
que tiene un proceso que está en curso y por lo tanto debe mostrar voluntad de
sometimiento al proceso”, señaló.
En La Paz, el juez Anticorrupción, Ricardo Pinto, fue quien
dispuso las medidas para Hurtado, Vera y Merino, quienes fueron detenidos el
jueves.
En el caso de Hurtado, ANF reportó que el juez determinó su
detención en la cárcel de Miraflores y no en el Centro de Orientación Femenina
de Obrajes, para evitar el contacto con la exministra Julia Ramos, otra de las
imputadas. Además, encontró “peligro de fuga, no tener domicilio y trabajo y el
riesgo de destrucción de las pruebas”, informó el abogado de Rafael Quispe,
Eduardo León.
Vera debe permanecer en el penal de San Pedro, donde también
está detenido el exdirigente campesino y disidente del MAS, Damián Condori,
quien se encuentra a la espera de que se resuelva una acción de libertad.
Merino debe presentarse regularmente ante el Ministerio
Público en cumplimiento a su arraigo y no debe tener contacto con testigos o
involucrados en el caso.
En una nota de prensa, el fiscal general, Ramiro Guerrero,
explicó que Hurtado, Vera y Merino fueron imputados por incumplimiento de
contratos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado,
Dentro de la investigación, Hurtado tiene 13 proyectos
observados, Vera tiene un proyecto “fantasma” y Merino es investigada por dos
proyectos, uno observado y otro “fantasma”.
Chávez está sindicado por incumplimiento de contrato por un
proyecto al que se destinó 451 mil bolivianos en dos partidas.
Argumentan que no realizó la justificación del segundo
desembolso.
“Queremos dejar claramente establecido que aquí no hay
persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción,
(...) es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos
proyectos, (...) en algunos casos no se ha presentado los descargos
correspondientes”, finalizó Guerrero.
La detención de Condori fue calificada como persecución
política, al igual que el proceso a Chávez.
Guerrero informó que en los siguientes días serán
notificadas otras 10 personas sospechosas de estar involucradas en los 30
proyectos “fantasma” identificados por la interventora del extinto Fondo
Indígena.
Las 12 regionales de la Cidob, este sábado, en asamblea
determinarán medidas de presión por la detención de Hurtado, informó el
dirigente Rubén Cayaduro.
Cabolqui: exportación de quinua cae en casi 50%
El presidente de la Cámara Boliviana de Exportadores de
Quinua (Cabolqui), Juan Pablo Seleme, informó que la venta de ese grano al
exterior cayó en casi 50 por ciento, en valor y en volumen, respecto a la
gestión 2014. El empresario calificó la presente gestión como un “año de
crisis” para el sector.
“De 35 mil toneladas (en 2014) apenas vamos a vender 20 mil
toneladas en este año y de casi 200 millones de dólares estamos alrededor de
100 millones, las ventas han bajado casi a la mitad, estamos realmente en una
crisis del sector quinuero”, señaló.
Seleme indicó que por esta razón hay un “gran desincentivo”
en los productores. Remarcó que el principal motivo para la crisis es la
drástica caída del precio del quintal de 2.000 bolivianos, en diciembre de
2014, a 400, en la actualidad.
“Ha habido productores oportunistas que han ingresado (a
producir) y cuando bajó el precio ya no están (en el sector); debe ser de un 10
a 20 por ciento (los que dejaron de producir quinua), el resto sigue porque de
eso viven”, dijo.
Subrayó que el precio y la poca competitividad, respecto a
la fuerte competencia del Perú, ocasionó que la producción nacional de quinua sea
desplazada en el mercado internacional.
“Hoy Perú tiene mejor oferta en calidad comercial, puede
ofrecer créditos más largos que nosotros, y nosotros dependemos mucho de los
precios de los productores, nosotros no podemos ofrecer créditos tan largos”, apuntó.
En términos de rendimiento, Seleme señaló que mientras que
en Bolivia la producción por hectárea es de 500 kilogramos, en Perú con la
misma superficie se logra producir 3.000 kilogramos.
La Paz se suma al pedido de frenar la aprobación de la ley de incentivos
La Gobernación de La Paz pidió ayer al presidente Evo
Morales, a través de una carta presentada en Palacio de Gobierno, evitar la
promulgación de la ley de incentivos a las inversiones petroleras, argumentando
que afectará a los proyectos de inversión en las 20 provincias de ese
departamento, reportó ANF.
Con el pedido de La Paz, ya son tres departamentos que se
oponen formalmente a la futura norma, ya que Tarija no la acepta en tanto no se
garantice la devolución de la inversión y el gobernador de Santa Cruz, Rubén
Costas, envió el jueves una carta al presidente Evo Morales pidiéndole convocar
al Consejo Nacional de Autonomías para un debate nacional sobre la ley.
La carta de ayer, firmada por el gobernador Félix Patzi, da
cuenta de que la transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
para la Gobernación de La Paz, en 2016, alcanzará a 112,7 millones de
bolivianos, de los cuales se recortarán 13,5 millones por concepto del 12 por
ciento de aporte para el Fondo de Promoción a las Inversiones Petroleras.
“Evite la eventual promulgación del proyecto de Ley del
Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera
(Fpieeh) porque debe reconsiderarse la afectación negativa al Gobierno Autónomo
del Departamento de La Paz por un monto de 13,5 millones de bolivianos a partir
de la gestión 2016”, señala la carta enviada a Morales.
La Gobernación adujo que la merma de sus recursos se
incrementó en los últimos meses por diferentes conceptos de los que hace una relación
detallada.
Para el secretario general de la Gobernación paceña, Amador
Toledo, “se estaría vulnerando la autonomía (…), debido a que la autonomía
consiste en la administración de sus recursos”.
Precisó, además, que éste es el último recurso que presenta
esa Gobernación para evitar la aprobación de esta norma, luego de una serie de
cartas enviadas a diferentes instancias de los niveles Ejecutivo y Legislativo.
El Gobierno asegura ocho dólares de ganancia por cada dólar
invertido por las gobernaciones y cuatro dólares por cada dólar invertido por
municipios y universidades.
La Prensa / La Paz
Gobierno abroga decreto que daba pie a "impuestazo"
El Gobierno promulgó el 2 de diciembre el Decreto 2620 que
"abroga" el Decreto 2491, norma que los trabajadores consideraban que
se trataba de la aplicación de un nuevo "impuestazo". Durante el
último ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) se informó que la norma sería anulada debido a la presión que
ejercieron principalmente los obreros.
Sin embargo, los trabajadores aguardan que se modifique la
Ley de Empresas, el uso de la dinamita y el pago del doble aguinaldo hasta el
31 de diciembre.
El Decreto 2491, promulgado en agosto de 2015, se basaba en
la Ley 843, que "crea un impuesto sobre el ingreso de las personas
naturales y sucesiones indivisas denominado Régimen Complementario al Impuesto
al Valor Agregado –RC-IVA". La norma rebajaba de cuatro a tres los
salarios mínimos nacionales que se deberían tomar en cuenta para aplicar el
impuesto, sin embargo, los trabajadores rechazaron la norma, en principio con
movilizaciones en algunas regiones como Cochabamba y posteriormente durante las
negociaciones que sostuvieron los dirigentes de la Central Obrera Boliviana
(COB) y el Gobierno.
Hasta antes de que se promulgue el Decreto 2491, todos los
trabajadores dependientes que tenían ingresos por encima de los 7.600
bolivianos debían presentar facturas para evitar que se les descuente sus
ingresos, pero con la norma que fue abrogada recientemente, los trabajadores
que tenían ingresos mensuales por encima de los 5.700 bolivianos debían presentar
facturas para evitar el descuento, por lo que generó satisfacción,
principalmente entre los mineros y los petroleros, quienes se verían afectados
por la disposición.
Una medida administrativa.
La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, negó
que se tratara de un "impuestazo", tal como declararon los dirigentes
de diversas organizaciones y que su promulgación tenía fines meramente
administrativos en busca de que los trabajadores dependientes que presentaba
facturas desde 1986, continúen haciéndolo para realizar el descargo
correspondiente.
Dijo que no se trataba de ningún "impuestazo" ni
mucho menos "un nuevo impuesto al salario".
Señaló que se trataba de una medida
"administrativa", debido a que en el marco de la política salarial
que emprendió el Gobierno desde 2006, el salario mínimo nacional se incrementó
sucesivamente por encima de los niveles de inflación y alcanzó en la presente
gestión a 1.656 bolivianos, es decir, cuatro veces más que lo observado en 2005
cuando llegaba a 440 bolivianos, "evidentemente este impuesto mejora la
recaudación pero no por el lado del trabajador, sino por el lado de la empresa
formal", decía.
El Deber / Santa Cruz
Presupuesto se debatirá la próxima semana
La próxima semana se prevé que el pleno de la Cámara de
Diputados inicie el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) 2016,
según informó hoy el presidente de la Comisión de Planificación, Política
Económica y Finanzas, Javier Zavaleta.
"Hemos remitido el informe positivo para la aprobación
del Presupuesto y estimo que hasta el martes o miércoles de la próxima semana
estaríamos aprobando en el pleno para remitirlo al Senado", detalló el
asambleísta oficialista a 'Abya Yala'
Esta semana el propio diputado informó que para la próxima
gestión el PGE llega a 217.139 millones de bolivianos, un poco menos de los
221.180 millones de bolivianos presupuestados en el año que concluye, cita ABI.
Además, existe un decremento de 1,6 por ciento con relación
al PGE 2015; sin embargo, destacó que la inversión pública aumentará de 7.000
millones de dólares a más de 8.000 millones en 2016, "lo cual significa
buenas noticias", resaltó.
Zavaleta concluyó señalando que el Presupuesto tiene tres
prioridades de inversión: primero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB); segundo la infraestructura caminera; y tercero, la construcción de
termoeléctricas, hidroeléctricas y energía solar.
Página Siete / La Paz
Standard & Poor’s sube la calificación del Mercantil
Standard & Poor’s subió la calificación internacional
del Banco Mercantil Santa Cruz SA (BMSC) de BB- a BB, que es la calificación
máxima que puede alcanzar una entidad local en el mercado internacional. De
esta manera, el banco mantiene las máximas calificaciones, localmente AAA e
internacionalmente BB.
El informe de S&P destaca el sólido posicionamiento de
la entidad en el mercado, que se refleja en un liderazgo sostenido de
participación de mercado, ingresos estables y diversificados, además de una
administración profesional y experimentada. También destaca la adecuada
exposición al riesgo con una importante calidad de los activos, un portafolio
de créditos diversificado e índices de mora bajos y estables, según un boletín
institucional.
Otro punto importante
es la buena evaluación del fondeo con un componente importante de depósitos del público que a su
vez aporta a alcanzar los niveles de
liquidez adecuados, que el informe menciona, con poca dependencia de depósitos
a corto plazo de grande clientes.
S&P destaca el ratio de fondeo estable del BMSC, ya que
este es mayor al de muchos bancos de Latinoamérica y el mundo, demostrando las
políticas de prudencia y solvencia que practica la entidad.
"Esta calificación que nos brinda S&P es una
ratificación al tipo de gestión que tenemos en el BMSC. Estamos orientados a brindar
a nuestros clientes una experiencia diferente en banca, manteniendo como
pilares la solidez, solvencia e
inversión”, dijo el vicepresidente del BMSC, Alberto Valdés.
IDEPRO y PROMASOR Suscriben una Alianza de Innovación
A través de la alianza suscrita entre Idepro y Promasor, los
pequeños productores de granos y cereales en Bolivia recibirán un fuerte
impulso para mejorar su capacidad de almacenamiento de granos y comercialización. Esta oportunidad les permitirá
hacer crecer su infraestructura y preservar el principal activo de su trabajo: la cosecha.
La alianza Promasor (productores de maíz, sorgo y fríjol) e Idepro pone a
disposición de los productores Silos de pequeña y media capacidad construido en Bolivia con tecnología
agropecuaria Alemana-Argentina, que les
permitirá conservar el grano o cereal de
su cosecha protegiéndolo de efectos variables del clima, la lluvia,
roedores y conservándolos de forma
adecuada, señala un boletín informativo de Idepro.
Promasor, socio co-fundador y Constitutivo de la CAO/Cámara
Agropecuaria del Oriente, desarrolló su construcción siguiendo normas
probadas, procurando transformar el
eslabón más débil de la producción agropecuaria boliviana: el ensilaje y
protección del grano una vez cosechado, continúa la información de la
institución de desarrollo empresarial.
Idepro puso a
disposición un crédito que permite sujetar el financiamiento al
ciclo productivo del pequeño agricultor, con un año de gracia para el pago de
capital en la adquisición de los Silos.
Los Silos, con una capacidad de almacenamiento de 20 a 180 toneladas, cuestan cinco veces menos
que el promedio del equipo importado y pueden ser pagados en las mejores
condiciones disponibles hoy para los
productores.
Los Silos de Promasor se convierten, por efecto de esa
alianza, en una importante opción que no sólo mejorará el valor de la venta
del grano, sino el de cada propiedad, al facilitar un control directo de la
comercialización de la producción
después de cada cosecha.
ENTEL anuncia rebaja en 30% de tarifas de internet
Desde el primer trimestre de 2016, las tarifas del servicio
de internet de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) rebajarán en un 30%, informó ayer su gerente general Óscar Coca.
"El 2016 esto será realidad (...). Nosotros estamos
cobrando en este momento alrededor de 160 bolivianos por el servicio de
internet y esto lo vamos a bajar por lo menos en un 30% y esto significaría que
vamos a cobrar unos 120 bolivianos”, manifestó.
Según Coca, ENTEL hará esa modificación tarifaria una vez
que pueda elevar la capacidad de
intercomunicación que tiene con el sistema de conexión de fibra óptica
submarina internacional. "La nueva conectividad hará que bajen los precios
(de tarifas por internet), porque permitirá que haya una reducción de más del
30% en el valor de la interconectividad internacional que ahora está en unos 60
dólares por un mega y la vamos a pasar al cliente”, precisó.
Coca agregó que la empresa tiene previsto complementar ese
proyecto con la creación de un sistema denominado PIT, que hará posible mejorar
y acelerar las conexiones internas de transmisión de datos.
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